Mientras un sector de la institucionalidad insiste en negar que la violencia política sea sistemática y planificada, afirmando que las muertes son por “líos de faldas” o riñas comunes, el propio Procurador General Fernando Carrillo reconoció que en muchos de los casos reportados hay complicidad o acción directa de la Fuerza Pública.

Por Camilo Alzate / Fotografías de Hugo Grajales

El cadáver de Ibes Trujillo apareció en el río Suárez una semana después de que se reportara su desaparición. Trujillo, afiliado al movimiento político Marcha Patriótica, era un líder de las comunidades negras del Cauca y otros procesos sociales en el departamento. ¿Por qué dos hombres y una mujer encapuchados secuestraron a Ibes Trujillo el 11 de julio? ¿Cuándo se ordenó su muerte? ¿Quién vio en Ibes un estorbo que debía ser eliminado?

Estas preguntas se repiten para los más de 311 casos de líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en los últimos dos años a partir de la firma de los acuerdos de paz de La Habana, según reportó la ONG Somos defensores a comienzos de julio; aunque esta cifra ya está desactualizada debido a que los homicidios aumentan a un ritmo macabro: sólo en el último mes ocurrió un asesinato cada dos días.

Mientras un sector de la institucionalidad insiste en negar que la violencia política sea sistemática y planificada, afirmando que las muertes son por “líos de faldas” o riñas comunes, el propio Procurador General Fernando Carrillo reconoció que en muchos de los casos reportados hay complicidad o acción directa de la Fuerza Pública, además de un patrón sistemático. 

La oleada de crímenes políticos impunes parece haberse desatado después de las elecciones presidenciales donde ganó el uribismo. Álvaro Uribe y su proyecto político representan un modelo de nación por completo opuesto al que reclaman muchos de los líderes asesinados.

¿Quiénes son las víctimas?, líderes indígenas o de las comunidades negras, desplazados, pequeños mineros, reclamantes de tierras, dirigentes campesinos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios vinculados a los programas de sustitución de cultivos ilícitos. En Colombia, ser pobre es riesgoso –o dicho de otro modo– ser un pobre que se organiza para reclamar sus derechos.

Los crímenes documentados durante el genocidio de la Unión Patriótica son 1.598. En el informe “Unión Patriótica, expedientes contra el olvido” se detalla uno por uno los casos de las víctimas del exterminio que sufrió dicho partido político entre los años ochenta y noventa del siglo pasado. El Estado colombiano ha sido condenado ante instancias internacionales por su participación deliberada en estos hechos, donde colaboraron grupos paramilitares, mafiosos y miembros de la Fuerza Pública que consiguieron erradicar un movimiento izquierdista legal.

Hoy Colombia encara de nuevo los vientos del homicidio político y la persecución de la disidencia. Si los asesinatos de líderes sociales continúan al ritmo que han tomado en los últimos meses, cuando Iván Duque abandone la Casa de Nariño en el país se habrá consumado un exterminio que superaría, en número de víctimas, al de la Unión Patriótica.