En nuestro país la droga genera violencia y deja adictos y familias destrozadas. ¿La solución a este problema es legalizarlo justificando una posible bondad científica? El gobierno se va por las ramas y no intenta erradicar sino continuar con la raíz que propicia la infinidad de nuestros males sociales: los narcóticos.
Por: Diego Firmiano
En Colombia no se sabe que hacer con la droga, ni con los drogadictos y mucho menos cómo hablar del asunto. El gobierno nacional, encabezado por Juan Manuel Santos, presentará su propuesta sobre el tema este 19 de Abril en la sesión especial de las Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS 2016) en Nueva York. Allí se enfatizará no la despenalización, sino la necesidad de analizar el problema a la luz de la evidencia científica, demostrando un evidente cambio de estrategia en el manejo de la materia.
El reporte del Observatorio de Drogas Colombia (ODC) dice resignadamente sobre este evento que se realizará a partir de hoy: “de esa cita, que es la más importante realizada en varias décadas en la materia, no saldrán cambios revolucionarios en la política mundial, contra las drogas. Así, temas como la despenalización e incluso la aceptación de un mundo libre de drogas es una utopía, probablemente ni siquiera estará en las discusiones oficiales[1]”.
El liderazgo del gobierno se hará sentir en garantizar para el país la legitimidad del uso medicinal de sustancias derivadas de psicotrópicos y alucinógenos. Además de iniciativas (que en Bogotá ya son proyectos pilotos) de oficializar centros de consumo controlados. Todo, con el fin de flexibilizar esta problemática en Colombia, y salvaguardar los Derechos Humanos de los adictos y enfermos.
Pero esta proposición gubernamental no es efectiva porque no combate la dependencia, sino que su perspectiva es de control y regulación, de quién consume y quién expende y a quién beneficia, medicinalmente hablando. Lo que se busca es amortiguar la drogadicción como un problema de salud pública fomentando, irremediablemente, el desintoxicado perpetuo. ¿Se reformará la popular ley 30 y los presos bajo estos cargos saldrán libres? La solución no parece tan sencilla y más en nuestro país donde el crimen se financia con el tráfico de estupefacientes y la un porcentaje de las violencias ocurren bajo los efectos de los narcóticos.
Colombia, en la guerra contra las drogas, se encuentra entre el miedo, la incertidumbre y la ignorancia. Las estadísticas arrojan que hay más de 614, 000 adictos en Colombia[2], de desconectados, que insertos en un sistema, a la espera de una solución viable, no ven que el tema avance. El gobierno es progresista, pero no progresa, sino que se ajusta a modas legales y no se tiene en cuenta las expectativas de las familias para ayudar a una salida del problema.
Los discursos sobre la temática de parte de especialistas ha caído en una gran confusión. Desconocen las causas de cómo una experiencia subjetiva quiere transformarse en una empresa mortífera de dependencia sirviéndose del sistema de reformas sanitarias y legales. Ignora quién o quiénes están detrás de esta nueva industria. Además de no divisar una pro-forma de consecuencias, ni medir el impacto social que degenerará, porque la mirada está puesta en la tolerancia, la ciencia y la “reducción de la criminalidad” que propugna el Estado.
No soy escéptico, trato de ser progresista y creer que habrá unas buenas resoluciones que ayuden a eliminar culturalmente el flagelo que afecta a millones de colombianos. Lo que se desea es que no se pierda el tratamiento del tema en “novedades” y se perpetúe la drogo-dependencia creando así una des-conexión organizada.
[1] http://www.odc.gov.co/INICIO/Noticias/artmid/2976/articleid/2367
[2] Cifra estimada y publicada en el portal http://colombiareports.com/ por el internacionalista de la universidad de Princeton Gustavo Silva Cano.