Alumbrado público: desprivatizar sin privatizar

Entonces, atentos porque la apuesta no es tanto mantener el alumbrado en manos del particular. Lo nuevo es la incorporación de las LED.

 

Por / Duberney Galvis  Cardona

El alumbrado público de Pereira hizo parte de la “redefinición empresarial” de la ciudad, requerida por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, para hacer un crédito a Pereira en el año 1995. De esta manera, ENELAR S.A E.S.P, se quedó con la concesión del alumbrado, bocado que abarcaría a La Virginia,  Belén de Umbría y Santa Rosa de Cabal, aprobado por los respectivos concejos municipales.

Tanto en el concejo de Pereira como en la Asamblea departamental, salvo la voz del Ingeniero Carlos Crosthwaite, los demás respaldaron a ojo las concesiones. De los que callaron frente a la entrega del patrimonio público de estos municipios y sobreviven en cargos de elección popular, le corresponde el turno 2020 al exdiputado y actual concejal de Santa Rosa, César Franco, a quien la ética le pone cita veinte años después.

En el caso de Pereira, el contrato de concesión fue demandado por el Ministerio Público ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que decretó la nulidad “por cuanto en su aprobación se omitieron los términos de ley”. Sentencia que confirmó el Consejo de Estado en el año 2006. Pero el concesionario, que cobraba por el doble de luminarias existentes, continuó operando con ajustes durante ese periodo, un acto considerado de “inmoralidad administrativa”.

Como era obvio los que encontraron fácil privatizar, ahora si les resultaría difícil retornarla al origen público. Tras la sentencia contra ENELAR, el exalcalde Enrique Vásquez, recibió el alumbrado sin atender los términos de ley que bien precisó la asesora jurídica, contratada para las reclamaciones a la concesión del alumbrado público, quien advirtió de las improcedentes retribuciones que pedía ENELAR, y al ser desoída, renunció. Vásquez accedió a retribuir, y acto seguido, aprobó operar por la vía de cuestionados e ineficientes convenios interadministrativos con otra empresa del mismo Alberto Ríos Velilla. Y similar continuó siendo el tema con el alcalde del “cambio” Juan Pablo Gallo.

Y brotó la mugre dejada bajo el tapete. Las quejas por la carente iluminación en los barrios, abundan. Para no llorar con otros ejemplos, hay sectores de Pinares cuyas calles nocturnas ya parecen sacadas de los cuentos de Edgar Allan Poe, o calles del Poblado en las que solo brillan los ojos de los gatos, e incluso la calle dieciocho frente a la casa gris de la gobernación, aterra.

En lo concerniente a Belén de Umbría y La Virginia, sin dolientes. Las mayorías políticas de turno en el concejo aprobaron la concesión, y los suyos en la Asamblea sufrieron de vista gorda. Así ha venido operando, entre las insuficiencias en la iluminación y los altos costos de las tarifas. La concesión deberá terminar en el 2022 y 2023, en orden respectivo.

Entre tanto, el caso de Santa Rosa de Cabal, de importancia actual porque la concesión vence este 2020 y mira en el espejo retrovisor a Pereira. El retorno del alumbrado está en manos del alcalde Rodrigo Toro, declarado hincha santarrosano del exalcalde Juan Pablo Gallo. Ya han surgido debates. De hecho, la variopinta unanimidad que regía al concejo vio desordenar la fila en este caso, ocho de los quince concejales votaron porque el proyecto regresara a secretaría hasta saber en qué modalidad pública iba a operar el alumbrado en vista de que el alcalde, a la fecha del debate, no lo precisó. Al tema se sumó una eventual Alianza Público Privada (APP), que inquietaba a parte del concejo y al sindicato de empresas públicas. La alentadora sesión que movió la mesa del pastel y hasta desempolvó expedientes, hizo que el alcalde aclarara que el alumbrado sería “100% público”. Y el efecto, quienes fueran aplaudidos concejales del bloque de gobierno, que minutos antes le aprobaron el Plan de Desarrollo Municipal inspirado en el BID, pasaron al muro de la lapidación de los refuerzos digitales del alcalde luego que este moviera los pulgares castigadores en el perfil oficial de Facebook.

No obstante, el asunto es serio, los concejales, todos, deberán revisar las cláusulas del contrato de concesión, para controlar ¿qué se entregó y en qué estado retornan al municipio?, incluidas las obras de expansión y repotenciación, si se hicieron. Con lupa sobre las inversiones del concesionario. Todo esto, para no dejar margen a algún detrimento al patrimonio público.

Aún así, pese al cojo arranque, Santa Rosa, de soltar el ala de Pereira, tiene una excelente oportunidad para darse al progreso de un alumbrado realmente público. El alcalde y el concejo pueden impulsar un comité técnico que evalúe la creación de una figura municipal más allá de Empocabal, para el suministro, prestación y operación del alumbrado. Promoviendo la participación de los usuarios y los trabajadores.

¿Cómo beneficiar a los usuarios, al tesoro municipal y consolidar fuentes de trabajo públicas? Pueden ser algunas de las variables a resolver para dar vida a una obra con genuino sello santarrosano. El momento es propicio para que el alcalde Rodrigo despliegue originalidad y los concejales driblen de la aprobación al aporte.

Resuelto este tema, podrán afrontar con solidez el debate grueso de las luminarias LED. Partamos de que ENELAR ya chupó el néctar de la flor por 20 años y si los alcaldes omiten la ley, el concesionario redondea el negocio al término de la concesión. La receta actual de la economía neoliberal impone negocios más financieros y mejor vendidos. Y ahí están los casos puntuales de los municipios y ciudades de Colombia que han instalado luminarias LED, sin que el tipo de operador del alumbrado sea un obstáculo, de hecho, hay comodidad en que el cliente sea el sector público dado el desbalance que crea la inversión inicial en las nuevas bombillas.

Entonces, atentos porque la apuesta no es tanto mantener el alumbrado en manos del particular. Lo nuevo es la incorporación de las LED. No en vano los avivatos Char en Barranquilla volaron en esto, con Cisco a bordo. En la prensa se pudo leer: “Barranquilla con alumbrado 100% público, con tecnología LED, ciudad inteligente” etc. Sombrilla propicia para el clima político contemporáneo: 100% público, contra la contaminación, más verde, etc. Diría el ‘vivo’ que la comisión ya no vendría en pesos sino en dólares y euros, “I talk businnes”.

Ahora bien, Ríos Velilla sigue ahí, pero por arriba está la crisis de superproducción mundial, las multinacionales del sector vienen por el resto; del centro a la periferia. En ese orden no es casual que compañías como EMGUESA, del Valle, que es la generadora de energía de la multinacional ENEL en Colombia, con un diversificado portafolio de “tecnología inteligente”, ajustado a los informes de sostenibilidad ambiental del BID, entrara al sur occidente del país y desde finales del 2019 proyectara atender a clientes de esta región cafetera.

En ese sentido, no son de mentalidad tan estrecha quienes se inquietan por preguntar antes de votar: ¿en qué condiciones se va a recibir el alumbrado? y ¿a la larga quién va a pagar las nuevas bombillas? Pues en la política neoliberal las empresas de servicios públicos no buscan rentabilidad mediante proyectos de eficiencia en infraestructura y red, sino por la vía de las tarifas a los usuarios.

Por ende, se requiere control político, un asunto confuso en la actualidad dada la mansedumbre de los concejales y diputados de la oposición con los burgomaestres. Debido control político y social sobre lo dañino que fue concesionar el alumbrado y lo mal que lo devuelven. Con debate ideológico riguroso y no injurioso, incentivando la discusión de terminachos como “lo público” que, intentando cambiar el objeto de gestión y desarmar el de preservación, degrada el concepto y la esencia del patrimonio público, es decir, pretende revestir de reglas particulares lo que es del derecho común.