No sobra recordar cómo las comunidades campesinas en Colombia suelen ser idealizadas de manera grotesca. En el reverso de la idealización, aquellas comunidades que sobreviven a partir de economías ilegales y conviven con grupos armados, son percibidas como una amenaza más.
Texto y fotografías / Christian Camilo Galeano Benjumea – Ilustra / Stella Maris
Un grupo de hombres y mujeres suplican por sus vidas, ya hay algunos cadáveres en el suelo. El ejército alineado, sigue apuntando y se prepara para continuar con la masacre, la barbarie se hace pintura. Esta escena queda retratada en el cuadro: El 3 de mayo de 1808 del pintor español Francisco Goya. Allí las víctimas contemplan con horror la inminente llegada de la muerte a manos del ejército francés que no preguntó, que no dudó, que debía acabar con la insurrección. La pintura es del siglo XIX, pero por estos días en Colombia un operativo militar emula los trazos de la barbarie, donde once cuerpos sin vida yacen saturados de cuestionamientos.
El 28 de marzo del 2021, un operativo militar en la vereda El Remanso del departamento del Putumayo dejó, según la versión oficial, once subversivos dados de baja; la versión de la comunidad es otra: el ejército masacró a campesinos durante un bazar. Los interrogantes brotaron cuando un grupo de periodistas llegó al lugar a documentar lo que había sucedido (ver).
No sobra recordar cómo las comunidades campesinas en Colombia suelen ser idealizadas de manera grotesca. Por un lado, se construye esa imagen del “buen salvaje” que habita la ruralidad y que tiene una relación perfecta con el campo, que produce para alimentar a los habitantes de la urbe y que la pobreza en el territorio rural, no es pobreza, sino una condición necesaria para que el campesino sea lo que es. En el reverso de la idealización, aquellas comunidades que se salen del molde del “buen salvaje”, que sobreviven a partir de economías ilegales y conviven con grupos armados, son percibidas como una amenaza más, son parte de la estructura delictiva que altera el orden y la institucionalidad. Los grupos ilegales reclaman lealtad en el territorio; mientras que el Estado, juzga y condena a las comunidades por no permanecer en la legalidad, a pesar del abandono. Los campesinos están a merced de la violencia de uno y otro lado de la sociedad.
En el papel se protege a los campesinos y en el territorio se les persigue. Las comunidades campesinas son sujetos especiales de protección, el Estado está –en el papel– en la obligación de proteger no solo su integridad física, sino todo el legado cultural que tienen. Ya que en el campo no solo se produce comida y coca, también se construyen tejidos sociales y cultura. Tampoco sobra recordar cómo las comunidades campesinas cocaleras son el eslabón más débil de la línea de producción del narcotráfico, sujetas al grupo dominante de la región no solo establecen una relación económica, también se crea una relación a partir de favores y compromisos, ya que al ser los dueños del poder y del dominio territorial, estos grupos crean una “red social” en todo el territorio. ¿Esto convierte a los campesinos en combatientes? Bajo la lógica militar parece que sí; bajo el análisis social, no.
La guerra contra el narcotráfico se convierte en una guerra contra las comunidades campesinas que buscan sobrevivir. Porque los grupos armados se valen de las necesidades económicas de las comunidades para producir drogas ilegales, mientras que el Estado, en su afán de acabar con el narcotráfico a través de la prohibición y la violencia, además de los combates y la captura periódica –porque el narcotráfico se renueva constantemente– de algún capo, termina por perseguir a los campesinos. Históricamente en el país, comunidades como las del Sumapaz o en San José del Guaviare, se han organizado para exigir y proteger sus derechos; sin embargo, la guerra termina por devorar a los que sobreviven de la tierra.
¿El dinero recogido durante el bazar en El Alto Remanso tenía que ver con el cultivo de hoja de coca? Es probable, estamos en una comunidad que vive de este cultivo para sobrevivir; ¿eso los convertía en un objetivo militar que debía ser dado de baja? No, sobrevivir del cultivo de hoja de coca no puede significar una pena de muerte. ¿Había milicianos o integrantes de algún grupo ilegal en el lugar? Es lo más seguro, allí la institucionalidad la imponen estos grupos ilegales y el Estado llega ocasionalmente. Este operativo que pretendía capturar o dar de baja a un líder de las disidencias, parece más un ajusticiamiento por parte del ejército hacia esta comunidad.
Al escuchar las declaraciones del General Zapateiro (ver) y del General Correa(ver) legitimando la acción militar no se les ve una sola duda, su discurso afianza la idea de que todos los muertos en el operativo son parte de la estructura de un grupo armado. El general Correa invoca que todos hacían parte de la “estructura” del grupo delincuencial, que esta tiene dos partes, una militar y otra de apoyo. Sin embargo, la idea de estructura que utiliza el general para legitimar el operativo no solo devora las diferencias de las personas que estaban en el bazar, los uniforma y convierte, automáticamente, en combatientes. La estructura más que una idea que sirve para entender el entramado de un grupo armado ilegal, es un acto del habla que antecede al disparo, al aniquilamiento de los cuerpos.
¿Y si los militares hubieran buscado preservar la vida de los campesinos, a pesar de la confusión de la operación militar? Solo bastaba una duda razonable, para evitar que este operativo se convirtiera en un cuadro más de la barbarie. Una duda que generalmente no tiene cabida al interior de la inteligencia militar.
En la pintura de Goya, uno de los hombres que suplica por sus vidas, mira hacia el suelo, no encuentra respuesta ni en Dios ni en el ejército –ninguno suele dar muchas respuestas–, la vida se le escapa y solo queda el consuelo de ver por última vez la tierra. Esa misma tierra que se manchó de sangre no solo en Madrid, sino en el Alto Remanso, una vereda donde la selva se confunde con la muerte.
@Christian.1090