Un sistema pensional debería ser una herramienta para reducir la desigualdad y para brindar un acceso equitativo a la protección económica para la vejez. Lastimosamente, el sistema pensional colombiano hace todo lo contrario: aumenta la desigualdad, dejando a millones de personas mayores sin aseguramiento, mientras que paga millonarias pensiones a una minoría.
Escriben / David Forero / Yanira Oviedo / Mayra Moreno / Diana Medina / Diana Parra – Ilustra / Stella Maris
Un sistema pensional debería ser una herramienta para reducir la desigualdad y para brindar un acceso equitativo a la protección económica para la vejez. Lastimosamente, el sistema pensional colombiano hace todo lo contrario: aumenta la desigualdad, dejando a millones de personas mayores sin aseguramiento, mientras que paga millonarias pensiones a una minoría. Como consecuencia, somos el país de América Latina con la mayor tasa de pobreza en adultos mayores, y tenemos a casi el 95% de los trabajadores del campo sin pensión[1]. Rediseñar el desigual sistema pensional colombiano es urgente.
Entender el sistema
Lo primero que debemos entender es que el sistema pensional es solo un componente de un sistema más grande, conocido como el “Sistema de Protección para la Vejez”, el cual tiene tres componentes. El primero se llama Colombia Mayor, un programa de subsidios para las personas de la tercera edad más pobres. Este brinda un subsidio mensual de $80.000, y beneficia a casi 1.7 millones de personas. El segundo componente se llama Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que se dirige a personas que ganan menos de un salario mínimo, y que no logran cotizar a pensión todos los meses, por lo cual se les brinda una alternativa para hacer ahorros flexibles, que al llegar a la tercera edad, reciben junto con una “bonificación” que brinda el Estado[2]. Finalmente, el tercer componente es el sistema de pensiones contributivas[3].
Este último se conforma por dos regímenes, uno público, llamado Régimen de Prima Media (RPM), y uno privado, llamado Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS). Los dos regímenes compiten entre sí por vincular a los trabajadores formales que cotizan mensualmente para obtener su pensión al llegar a la edad de jubilación (57 años para mujeres y 62 para hombres). Vale la pena notar que, en todo el mundo, solo hay dos países que tienen dos regímenes compitiendo entre sí (Colombia y Perú).
Existen varias diferencias entre ambos regímenes. El régimen público es administrado por Colpensiones y está basado en una bolsa común a la que cotizan todos los trabajadores activos y que entrega las prestaciones a los pensionados a partir de una fórmula establecida. En cambio, el régimen privado es administrado por fondos de pensiones, y funciona como cuentas de ahorro individual, a las que cada trabajador contribuye a lo largo de su vida.
El requisito de semanas mínimas para lograr la pensión varía entre ambos regímenes. En el público son 1.300 semanas (25 años), mientras que en el privado, se requiere alcanzar un ahorro mínimo que depende de las características y contribuciones de cada persona[4]. Una segunda diferencia tiene que ver con los montos de pensión para quienes logran pensionarse, los cuáles son más altos en el régimen público (a excepción de los trabajadores de bajos ingresos, donde la pensión es igual en ambos casos[5]). Finalmente, existen diferencias para las personas que no logran pensionarse, y a quienes, por tanto, se les devuelve su ahorro. En el privado, dicho ahorro se devuelve con un rendimiento financiero; en el público, no[6]. En otras palabras, el régimen público otorga mejores pensiones (entre otras, a costa de un gran déficit fiscal), pero para los que no alcanzan a pensionarse, el RAIS genera un mayor monto a la hora de la devolución del ahorro.
Las inequidades del sistema
El sistema es inequitativo, en primer lugar, porque deja sin protección económica para la vejez a una parte importante de la población. Solo 1 de cada 4 personas en edad de retiro, cuenta con una pensión[7]. Esto ocurre, entre otros, porque el sistema está segmentado y termina atendiendo a dos extremos. A los más pobres, les ofrece un pequeño subsidio (Colombia Mayor); y a los trabajadores formales que logran cumplir los requisitos para pensión, les ofrece una pensión. Las personas que quedan entre ambos extremos, no reciben una protección para la vejez; bien sea por ser trabajadores que ganan poco, pero no clasifican como pobres, y, por tanto, no reciben Colombia Mayor; o bien porque, aunque intentaron, no alcanzan a completar los requisitos para pensión, y, solo obtienen la devolución del monto ahorrado. En este caso, al no representar un ingreso mensual permanente, esta devolución no puede considerarse como protección económica a la vejez.
Ahora, el sistema de pensiones contributivas (el tercer componente del sistema) es inequitativo esencialmente por dos razones. En primer lugar, por el tipo de personas que logra acceder a él (es decir, recibir una pensión). Las personas del 20% más rico de la población constituyen el 44% del total de los pensionados; mientras que las personas del 50% más pobre de la población, sólo constituyen el 23% de los pensionados[8]. Es decir, las personas pensionadas son mayoritariamente personas de altos ingresos, quienes tenían trabajos formales e ingresos suficientes para realizar aportes, y así, cumplir los requisitos para pensión. Así, la baja y desigual cobertura del sistema pensional, se deriva directamente de la alta informalidad laboral en el país (más del 65%): las inequidades del sistema laboral, se traducen al sistema pensional.
Otra razón que explica los altos niveles de desigualdad en el sistema de pensiones contributivas es aún más grave, y tiene que ver con la disparidad en los subsidios. El Estado termina otorgando más subsidios a las pensiones más altas: el 80% de los subsidios del Estado al sistema de pensiones los recibe el 20% de la población con mayores ingresos. En cambio, de los trabajadores más pobres, que suelen oscilar entre la formalidad y la informalidad y que no alcanzan a cumplir los requisitos para pensionarse, el Estado, recibe su ahorro pensional, y luego, se los devuelve sin intereses. Es decir, estas personas están prestando plata al Estado, a tasa de interés cero.
Otra forma en la cual se materializan las desigualdades pensionales, es en el acceso desigual de las mujeres y de las personas del sector rural. Las mujeres colombianas terminan, en la práctica, teniendo una menor probabilidad de pensionarse. Esto se debe, por un lado, a las desigualdades del mercado laboral, que llevan a las mujeres a puestos más inestables, más informales y con menores salarios, haciendo que sea más difícil cotizar a pensión. Además, dado que las mujeres se pensionan a los 57 años, y no a los 62, tienen menos tiempo para cumplir las semanas y montos requeridos para pensionarse[9]. Ahora, con respecto a los trabajadores rurales, el sistema pensional no está diseñado para responder a la forma como funciona el mercado laboral rural, caracterizado por ingresos volátiles que dependen de las temporadas de cosecha y de las condiciones climáticas, y del trabajo por jornales. Esto hace muy difícil que los trabajadores rurales tengan ingresos suficientes para aportar a pensión todos los meses. Así, la gran mayoría, queda excluida del sistema pensional. Igualmente, es de mencionar otros grupos que están por fuera del sistema, por ejemplo, los trabajadores de la economía digital, como Rappi.
¿Qué hacer?
Lo primero, es reconocer que el país necesita urgentemente una reforma pensional. Desde la academia, ya se han propuesto buenas alternativas. Por ejemplo, Fedesarrollo tiene una propuesta Multipilar que hace que los dos regímenes de pensiones se complementen en lugar de competir entre ellos. Así, se convierte el régimen público en un pilar básico, al que todos los trabajadores (ricos y pobres) cotizan por un salario mínimo. Quienes logren cotizar por más, lo hacen a su cuenta individual en el régimen privado. Cuando la persona se pensione, el Estado le aportaría hasta un salario mínimo a los pensionados más pobres, y aportaría menos a los pensionados más ricos, haciendo del sistema progresivo. El resto de la pensión, la obtendría cada pensionado de su cuenta de ahorro pensional individual. Además, se haría exactamente lo mismo para volver complementarios Colombia Mayor y los BEPS. El primero, sería la pensión básica, y el segundo, la pensión adicional.
El sistema de protección a la vejez se fundamenta en el ahorro de los hogares, por lo que cualquier medida para mejorar el sistema pensional, debe ir encaminada a fomentar el ahorro individual. Para lograr esto, es necesario adaptar los mecanismos de ahorro y pensión a las realidades del mercado laboral. Nuestro sistema pensional no puede seguir diseñado para los empleados formales que tienen ingresos estables y suficientemente altos para cotizar, pues la mayoría de trabajadores colombianos no tienen estas condiciones laborales. Por eso, programas flexibles de ahorro, como los BEPS, tienen un gran potencial para fomentar el ahorro pensional. Además, es clave mejorar la información que existe sobre el sistema pensional, pues si no se logra que todas las personas lo entiendan, no se logrará que ahorren y lo hagan de la manera que mejor se adapta a sus necesidades.
En últimas, sin una reforma pensional, nuestro sistema seguirá ampliando las desigualdades de ingresos en el país. Invitamos a políticos, expertos y a las personas del común, a demandar una reforma que nos permita re-imaginar una Colombia menos desigual. Buscando contribuir a esta reflexión, Mayra elaboró un Stop Motion a partir de tres libros ilustrados pop-up, que hacen una metáfora entre la construcción de una casa y la construcción de una pensión. Conócelo acá.
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Editora: @Allison_Benson
[1] Misión Colombia Envejece (2015). Bosch (2018).
[2] El Estado se compromete a hacer una contribución de 2 pesos por cada 10 ahorrados
[3] Se podría añadir también el Ahorro Previsional Voluntario, fomentado a través de beneficios tributarios. Sin embargo, este es relativamente pequeño y se concentra en la población de altos ingresos.
[4] En el RAIS existe un mecanismo de solidaridad que permite a un grupo de personas que cumplen con requisitos adicionales, pensionarse con 1.150 semanas.
[5] Para trabajadores con un ingreso promedio menor a 1,6 salarios mínimos, la pensión en ambos regímenes es igual a 1 salario mínimo.
[6] Solo se ajusta por la inflación, pero no retorna un interés
[7] Bosch et al. (2015). Diagnóstico del Sistema Previsional Colombiano y opciones de Reforma.
[8] Bosch et al. (2015). Diagnóstico del Sistema Previsional Colombiano y opciones de Reforma.
[9] Es importante tener en cuenta que 57 años es la edad mínima, y es posible seguir cotizando más años para completar los requisitos. No obstante, esto representa una “barrera” en el imaginario para las mujeres, que las hace menos propensas a cotizar a pensión.