De todas maneras, muy debatibles también los beneficios de este programa (SPP), en la medida que sigue siendo baja la cobertura y, además, se están dirigiendo los recursos principalmente a las universidades privadas de Colombia, promoviendo la centralización y privatización de la educación en el país.
Por: Diana Carolina Gómez Aguilar
Es evidente que quienes necesitan mayor atención por parte del Estado para acceder a la educación son los estratos más bajos: aquellos que no cuentan con ingresos para si quiera pensar en ingresar a la educación superior en el país. Es claro también que los estratos altos, las clases acomodadas del país, cuentan con recursos propios para pasar a la educación superior en el país y la universidad que deseen.
Las preguntas son: ¿y cuáles son las opciones de una clase media que no cuenta ni con recursos propios ni opciones de competir por los estatales? ¿Por qué solo los pilos y pobres tienen derecho a acceder a lo que por derecho corresponde a todos? Es que ni siquiera para la clase baja son suficientes las opciones que ofrecen el Estado o gobierno de turno.
La respuesta entonces no puede ser un crédito como el Icetex. Ofrecer endeudamiento para educarse a quien no puede pagar, es mezquino; el Estado está en el deber de financiar la oferta educativa y no la demanda crediticia. La respuesta tampoco puede ser un crédito condonable como lo es el programa Ser Pilo Paga (SPP), que si bien ha sido una iniciativa importante por parte del gobierno de Juan Manuel Santos, que actualmente tiene un 45 por ciento de “cobertura con calidad” en educación superior, sigue siendo un eufemismo para posible endeudamiento estudiantil. No se puede disfrazar de beca un crédito condonable que lo que hace es condenar a los estudiantes de bajos recursos a cumplir unos requisitos para estudiar, corriendo el riesgo de hacerse acreedor a una deuda.
De todas maneras, muy debatibles también los beneficios de este programa (SPP), en la medida que sigue siendo baja la cobertura y, además, se están dirigiendo los recursos principalmente a las universidades privadas de Colombia, promoviendo la centralización y privatización de la educación en el país. Ellas cuentan con 85 por ciento de los jóvenes beneficiarios matriculados en universidades privadas durante el año pasado, es evidente que si el programa fuera dirigido principalmente a las universidades públicas acreditadas en alta calidad, se estaría apoyando el fortalecimiento de las mismas y los recursos cobijarían a unos 30.000 estudiantes más. Y es que la situación del Sistema Universitario Estatal (SUE) es crítico, pues si se compara el presupuesto con el que contaba un estudiante en el año 1993: 82% eran recursos del Estado y solo 18% recursos propios. Cosa que para el 2015 iba en un 50 – 50 y con tendencia a seguir disminuyendo.
Es entonces deber nuestro como jóvenes, como estudiantes y como ciudadanos, organizarnos y exigir que la inversión en educación – que es un derecho fundamental- sea mayor. Que en lugar de seguir promoviendo las carreras cortas para incrementar el número de operarios, se vele por graduar libre pensadores y constructores de país; fortaleciendo la calidad y cobertura para toda la población, sin distinciones de ningún tipo. Porque hay que tener en cuenta que la prioridad del gasto en un país es una decisión política y no puede ser siempre la educación quien termine pagando las crisis en el país.