Cabe entonces el debate, el control político, el esfuerzo común de encontrar espacios para la asimilación del devenir cultural: revistas, manifiestos, medios virtuales, etcétera; para encontrar soluciones a la crisis económica y humana que en secreto guardan estos procesos.

 

Por: Alan González Salazar

Pereira, hoy, es el gran escenario donde, en simultánea, se realizan festivales y eventos de amplia trayectoria. La ciudad cuenta con dos salas alternativas de teatro, con una cartelera al límite en las áreas de danza, artes visuales; dejadas todas ellas al simple entretenimiento, centralizadas y por ende excluyentes, dependientes del poder político.

La Escuela de Formación Cultural de la actual Secretaría de Cultura de Pereira sería un ejemplo fácil para ilustrar la dependencia cultural del erario a intereses particulares y no estéticos, y como aún no surge un consenso para generar dispositivos efectivos de comunicación donde sea posible valorar con justicia el quehacer cultural y apartarlo, así, del interés sectorial y político, se seguirán reproduciendo las diferencias y las relaciones antagónicas entre los artistas, las instituciones y los industriales del sector.

No es posible convencer a los gobernantes que cantidad no es calidad. En la Escuela de Formación Cultural los profesores se ven obligado a firmar contratos laborales sin mayores garantías, con salarios de hambre, en horarios extendidos y agotadores. La cifra es de seis mil niños y jóvenes, sin pólizas de seguro médico o de riesgos, que estudian en edificaciones que se caen a pedazos –es el caso del Lucy Tejada, que ya hace agua-. Así, padres e hijos, sirven de botín político… se abusa de la confianza que los ciudadanos depositan en la institución o ¿quién responde en la Secretaría de Cultura por una fractura o alguna lesión considerable, si se tiene en cuenta que los ejercicios que realizan los niños son de alto riesgo? Para estos tecnócratas las personas son cifras que se deben inflar.

Con el mismo rasero tratan a las agremiaciones de intérpretes musicales, el Rey del “Chupe, Chupe” se lleva el contrato en las fiestas de agosto, negándole la posibilidad de prosperar al talento regional – ¡sí hay presupuesto para la música, pero concentrado en unos pocos!-. En agosto no cumple años la ciudad, sino las licoreras. ¡Vean la publicidad desmedida!

Cabe entonces el debate, el control político, el esfuerzo común de encontrar espacios para la asimilación del devenir cultural: revistas, manifiestos, medios virtuales, etcétera; para encontrar soluciones a la crisis económica y humana que en secreto guardan estos procesos.

Por ejemplo, el Festival Internacional de Poesía Luna de Locos, pasó sin pena ni gloria, sin consolidar una memoria del evento, sin pagar honorarios a sus invitados, sin contratar un equipo logístico con los debidos compromisos de ley, es decir, sin pagar salud ni pensión a quienes trabajan en el festival, en una improvisación costosa para la credibilidad del evento; invitan autores que no han publicado ni siquiera un libro, en cuya tradición solo brilla la presencia de Luz Dary Gil Montealegre, la señora madre del director, igualada con William Ospina, el albacea. Da pena ajena ver a su director deshacerse en ruegos para que algunas instituciones apoyen su proyecto.

Lo mismo le ocurre a La Cuadra, Talleres Abiertos, que ya persigue a los artesanos y vendedores ambulantes para que paguen el uso de su espacio –que es espacio público-, con tarifas diferenciadas según las dimensiones del “negocio” ¡No alcanza la plata de la Alcaldía! Proyectos que están pensados como independientes, en realidad son dependientes, sin que ello genere remuneración alguna a los artistas que invitan. ¿Quién habla de honorarios?

En igual estado de abandono se encuentran las bibliotecas públicas, sin mecanismos tecnológicos para la consulta de archivos y un largo etcétera… Los gobernantes de turno invierten grandes sumas en publicidad engañosa, cómo van a decir, por citar un caso particular, que la Secretaría de Cultura representa un gran cambio, si la señora Rosa Ángel es incapaz de devolverle a los grupos de teatro el impuesto de la ley de los espectáculos públicos o de mostrar entereza de carácter para enfrentarse a los socios de Odebrecht del aeropuerto Matecaña, CSS Constructores, que le adeudan al sector una cifra que ronda los 4.309 millones de pesos, con los cuales habría, en verdad, un cambio en la dinámica cultural, que le falta, ante todo, discusión y apropiación pública.