“Y es que el asilo político no puede seguir convirtiéndose en el escampadero de los que han cometido delitos que incluso violan los derechos humanos en el país”
Por: Diego Noreña.
Junio de 2014
Una de las figuras más importantes del derecho internacional que se dio a partir de la declaración universal de los derechos humanos fue la del asilo político. Muchas naciones, entre ellas Suecia, lo han adoptado incluso como política de Estado, dando albergue y ofreciendo protección a los exiliados que han tenido que salir de sus países por razones tales como persecución o discriminación. Sin embargo, el sonado caso de la ex-directora del extinto organismo de inteligencia DAS durante el 2007 y el 2009, María del Pilar Hurtado, quien ha sido requerida por la fiscalía colombiana para brindar indagatoria por el caso de las interceptaciones ilegales a líderes políticos y periodistas de oposición, abre el debate sobre las condiciones en las cuales dicho recurso del derecho internacional debe o no debe ser otorgado.
En noviembre de 2010, una vez se supo las declaraciones del también ex-jefe de inteligencia de dicho organismo: Fernando Tabares, en las cuales se implicaba a altos funcionarios del gobierno Uribe, Hurtado pidió asilo político al gobierno panameño en cabeza del presidente Ricardo Martinelli, el cual es otorgado bajo el argumento de que Hurtado estaba siendo víctima de persecución política y que, por tanto, su proceso con la justicia colombiana carecía de condiciones. El pasado 29 de mayo la corte suprema de justicia panameña declaró inconstitucional dicha determinación, dejándola sin suelo jurídico, ya que los delitos por los cuales está siendo sindicada por la fiscalía entran en conflicto con el tratado de extradición que firmó Colombia con Panamá el 24 de diciembre de 1927. Hasta este punto, parecía evidente que Hurtado, quien no ha salido a la luz pública ni ha dado declaraciones, no tendría otra opción sino la de presentarse ante los organismos o ser detenida como “migrante regular”, en cuya condición quedaría a partir del 24 de junio de este año. Pero no todo estaba dicho, ya que la procuraduría de dicho país instauró casi de inmediato un recurso de aclaración que dilata la diligencia en contra de la ex-directora.
Al parecer, detrás del otorgamiento del asilo y de la decisión de declararlo inconstitucional, hay fichas políticas que se están moviendo con afán para que Hurtado declare sobre si tuvo o no participación, y la importancia de esto radica en que ella representa el eslabón que puede determinar de dónde provenían las órdenes para los seguimientos ilegales.
Resulta particularmente interesante que Ricardo Martinelli haya otorgado el asilo sin consultar previamente el tratado de extradición, lo que no es raro, dada la afinidad que tiene su partido con el Uribe Centro Democrático. De hecho, es probable que Martinelli sea la ficha de Uribe en Panamá; muestra de ello nos parece indicar las declaraciones dadas el 6 de marzo de este año por el ahora senador Uribe, en las cuales felicita a Martinelli por el apoyo que ha dado a los grupos de oposición en Venezuela. Todo parece indicar que el presidente también se encuentra detrás de este recurso de aclaración hecho por la procuraduría.
El ahora electo presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, ha dado el paso para que Colombia formalice ante el gobierno la solicitud de extradición de Hurtado, y resulta también obvio que dicha solicitud tenga respaldo político, ya que Varela proviene del Partido Popular, de una tendencia más socialista.
El recurso del asilo político se ha convertido en Colombia en una buena opción para dilatar procesos judiciales en contra. Muchos funcionarios, al igual que Hurtado, sindicados por procesos de corrupción han salido del país y del escenario político, con el fin de dispersar la opinión pública. De la misma manera, el primo del senador Uribe, Mario Uribe; el funcionario, ex-ministro del interior y justicia y ex-embajador de Colombia en Italia Sabas Pretelt de la Vega pidieron asilo a Costa Rica; el ex-alto comisionado para la paz Luis Carlos Restrepo salió de Colombia en un acto de burla e indiferencia al ser llamado a declarar por la presunta falsa desmovilización del frente guerrillero “Cacica la Gaitana”. ¿Qué tienen de común estos funcionarios y por qué buscan la figura del exilio?
Si bien el anterior gobierno Uribe, con el afán de sacar adelante políticas de seguridad y de fortalecimiento democrático, que sin duda necesitaba el país, impulsó importantes cambios económicos, fue también un gobierno en el cual se cometieron abusos fruto de la toma de malas decisiones. Muchos de sus funcionarios hoy están presos o están requeridos por la justicia por distintos motivos. Sin embargo, el senador Uribe y su partido político siguen siendo la segunda mayor fuerza política del país y representa una generación de líderes políticos al margen de las castas tradicionales que han gobernado a Colombia. Este éxito electoral también ha sido posible gracias a distintas jugadas que han sacado en limpio el nombre de Uribe y sus políticas de todos estos embrollos. El caso de María del Pilar Hurtado hace parte de esta judicialización de la seguridad democrática que se ha venido ejecutando desde que se supo que el secretario del entonces presidente Uribe, Bernardo Moreno, había sido destituido por la procuraduría por el caso de las interceptaciones. Por lo que no es de extrañar que sectores afines a Uribe estén presionando no solo a Hurtado, sino también al gobierno saliente de Martinelli para dilatar más su proceso de extradición.
La avanzada que ha hecho la justicia contra altos funcionarios del gobierno Uribe puede ser interpretada por otros gobiernos, como el de Panamá, por ejemplo, como persecución política, ya que también es evidente la politización que ha venido sufriendo la rama judicial.
¿Qué hacer entonces? ¿Cómo evitar que siga siendo abusado el recurso del asilo político? Es necesario que los gobiernos tengan un diálogo más integral, en donde todas sus ramas del poder público puedan cooperar de manera más activa, y esto tiene que ser liderado desde la cancillería y los organismos diplomáticos, que son los que han sido creados para tal fin. Las decisiones acerca de otorgar o no otorgar el asilo político, deben ser tomadas por los gobiernos una vez haya sido evaluado a profundidad el caso y en constante diálogo con el gobierno del solicitante, respetando obviamente la soberanía y el derecho que tiene un Estado ante tal determinación. Y es que el asilo político no puede seguir convirtiéndose en el escampadero de los que han cometido delitos que incluso violan los derechos humanos en el país, sino que debe seguir siendo lo que es: la expresión de la protección al derecho que tenemos todo los seres humanos de no ser perseguidos ni apresados por nuestras creencias ideológicas.