El municipio de Pereira no es ajeno a la situación expuesta. Conforme con las cifras presentadas por la Secretaría Jurídica a junio de 2017 las pretensiones ascendían a $182.000 millones, aunque se debe resaltar que no son condenas…

 

Por: Juan Camilo Arango Tabares

Conforme a datos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, hasta el primer semestre del año 2018 las deudas pendientes de la Nación por concepto de condenas judiciales ascendían a la suma de $7.4 billones, cursaban demandas con pretensiones por valor aproximado a $368.9 billones, y 387.005 procesos judiciales, lo cual termina acreditando la existencia de una alta litigiosidad del Estado, riesgos para el patrimonio público y fallas en la prestación del servicio por parte de los agentes del Estado.

El municipio de Pereira no es ajeno a la situación expuesta. Conforme con las cifras presentadas por la Secretaría Jurídica a junio de 2017 las pretensiones ascendían a $182.000 millones, aunque se debe resaltar que no son condenas, sino que aluden a pretensiones que el querellante solicita a través de una demanda al juez con el objetivo de que acceda a condenar a la entidad territorial como consecuencia de un acto u omisión de la administración.

Para ejemplificar lo descrito, el presupuesto de la Nación y del municipio de Pereira para la vigencia 2018 fue de $235,6 billones y $716.000 millones, respectivamente, lo que termina por indicar que en el caso hipotético de que prosperen las pretensiones en curso podría sobrepasar en $133.3 billones el presupuesto de la Nación para la vigencia 2018, y el municipio comprometería el 25.5% del presupuesto asignado para dicha vigencia.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha propuesto a las entidades públicas adoptar políticas públicas de prevención del daño antijurídico con el objetivo de posibilitar (i) reducir los niveles en las fallas presentadas en la prestación del servicio por parte de los agentes estatales, (ii) disminuir los índices de litigiosidad en las diferentes entidades, y (iii) proteger el patrimonio público frente a posibles condenas judiciales contra las entidades estatales.

En el municipio de Pereira se han presentado avances aun incipientes sobre el tema. En especial, es posible resaltar la adopción de los lineamientos de política pública de prevención del daño antijurídico a través del Acuerdo Municipal N° 005 de 2017, por medio del cual se invita al municipio y a sus entidades descentralizadas a estructurar políticas públicas que incentiven buenas prácticas administrativas, tendientes a prevenir condenas patrimoniales en contra del municipio.

En ese orden, si bien el Acuerdo Municipal que contempla los lineamientos de política pública de prevención del daño antijurídico es un instrumento jurídico en sumo valioso, se requiere de mayor compromiso y voluntad política para que a partir de las fallas concretas del servicio, presentadas en cada dependencia o entidad, se procedan a estructurar, adoptar y ejecutar las políticas públicas de prevención del daño antijurídico, con el propósito de disminuir el alto grado de litigiosidad que se viene presentando, y proteger con integridad el patrimonio del municipio que en cierta medida responde al patrimonio de sus asociados.