Esperar que de los diálogos y negociaciones se produzca el milagro de la paz es un mesianismo, absurdo como todos los mesianismos, pero mediáticamente construye el imaginario del fin de un conflicto armado en el cual no hay, ni habrá vencedores ni vencidos; al menos es lo único claro del acuerdo inicial entre Santos y las Farc.

Por: Carlos Victoria

La euforia expresada por adeptos y contrarios al gobierno Santos tras los anuncios de diálogos y negociaciones de paz contrasta, finalmente, con la voz de millones de colombianos que no se ven representados por uno u  otro bando en esa mesa ¿Cuál paz? es la pregunta. ¿La del silencio de los fusiles oficiales y  contra estatales, o aquella paz que anida en el lánguido sonido de un plato vacío, o en un bolsillo sin cinco centavos? La gran mayoría de los colombianos no somos adictos a la guerra.

En la balanza de esa Colombia sufriente están todas las víctimas de la arbitrariedad y el abuso de poder; del descaro de maquinarias y burocracias; los vilipendiados por el sistema financiero y los saqueados por las extranjerización y privatización de los servicios públicos; los jóvenes que deben emigrar a otro país a buscar lo que en el suyo no encuentran; los que escasamente son felices con la gloria de los deportistas, y también de quienes no les importa un comino qué hagan con sus vidas.

Coincido con quienes admiten que la violencia contra insurgente y guerrillera es parte del problema, pero no todo el problema. De hecho, cerca del 90% de las muertes violentas que se suceden en Colombia no se generan propiamente en la guerra que libra el Estado con las guerrillas, sino en el atraco cotidiano, en el sicariato, la vendetta, la riña, el rapto, la desaparición y en accidentes de tránsito. La mano armada es la justicia, desde la privada hasta la pública.

Esperar que de los diálogos y negociaciones se produzca el milagro de la paz es un mesianismo, absurdo como todos los mesianismos, pero mediáticamente construye el imaginario del fin de un conflicto armado en el cual no hay ni habrá vencedores ni vencidos; al menos es lo único claro del acuerdo inicial entre Santos y las Farc. La idea vende y es apenas justo que las contradicciones se tramiten sin sangre ni víctimas de por medio. El otro problema es que hay demasiados cabos sueltos. El narcotráfico y sus efectos irreparables en la sociedad es el peor callo de todos.

En los últimos años Colombia ha experimentado un ascenso y proliferación de diversidad de movimientos sociales y ciudadanos por reivindicaciones asociadas a problemáticas que violan derechos y lastiman principalmente el derecho a la vida en todas sus expresiones. Estos movimientos, muchos de ellos bajo sospecha de las autoridades, han buscado espacio propio. Pacíficamente, a pesar de su estigmatización, y el miedo, el mismo que  ahoga la voz de la inconformidad.

Estas voces, por lo que se percibe a esta hora, serán las grandes ausentes de las negociaciones; serán de utilería. Voces que representan a esa Colombia civilista y plural que tampoco se ve representada en los partidos tradicionales, ni en otras organizaciones políticas. Voces de una sociedad civil que ha resistido el embate de las políticas neoliberales en contextos como el de la salud, la educación, el medio ambiente y los derechos fundamentales en su conjunto. El ejemplo más reciente lo patentizan las comunidades indígenas del Cauca.

Es el coro de voces que desde la Colombia urbana y rural no ha luchado con un fusil en el hombro para hacerse sentir, pero que tiene una agenda de reivindicaciones resultado de los desequilibrios producidos por un modelo de desarrollo inequitativo. En esta agenda la paz no es sinónimo del fin del conflicto, a través de unos acuerdos allende las fronteras. Por eso tal vez las redes sociales no se han recalentado como en otras oportunidades. Su frialdad, frente al proceso de paz,  es un síntoma inequívoco que el cálculo de Santos y el costo de oportunidad para la guerrilla son asimétricos a diversos sectores de la sociedad.

¿El fin del conflicto armado representará mayor presupuesto para la paz social, es decir para la justicia social? ¿Lloverá maná del cielo para las universidades públicas, las escuelas y hospitales; los campesinos tendrán tierra, crédito subsidiado y oportunidades de inclusión; los millones de desempleados tendrán una ocupación digna y estable, incluyendo su seguridad social? Las preguntas siguen, y las respuestas se quedan en el tintero. ¿Qué será del clientelismo y la corrupción, el matrimonio perverso que alimenta las violencias y el ascensor social excluyente?

Reducir la paz al cese de hostilidades sin remover las lacras de la deuda social dejadas por un modelo injusto de desarrollo es un error histórico. Latifundio y clientela –por ejemplo-, dos instituciones heredadas de la colonia, a la postre los pivotes que han desencadenado las violencias en Colombia son asuntos intocables, como bien lo argumenta el profesor Palacios en su último libro Violencia pública en Colombia, 1958-2010y es esta la barrera de contención política e institucional que debería ser derribada para abrir las compuertas de una auténtica modernización, hasta ahora reserva a las élites, y no al ciudadano del común. Esta es una de las claves del conflicto, propias de una cultura política que no ha sido sinónimo de prosperidad social, sino de pauperización ídem.

En resumen: el populismo de la paz puede ser tan peligroso como lo fue el populismo de la seguridad democrática. A propósito Palacios recuerda en el texto citado que “…en Colombia nunca han sido derrotadas políticamente las clases dominantes y dirigentes de la “república oligárquica” “, más aún cuando las locomotoras del desarrollo son capitaneadas por empresarios ávidos de renta, y no de justicia social. Por ello hasta la paz negociada es un negocio redondo por donde se le mire. En algunos círculos sociales de Bogotá se rumora que las multinacionales minero-energéticas ya la compraron.

(La desaparición y asesinato de Daniela Melissa Triviño Rodríguez y su bebé en gestación, hecho que conmovió a la comunidad de Pereira y Risaralda solo da cuenta que el Estado es una ficción en su obligación de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Cualquier declaración oficial al respecto es un saludo a la bandera, mientras la descomposición social es inatajable).