La ciudadanía de Pereira lleva más de un año confrontando la Administración Municipal a través de un ejercicio democrático frente a una decisión muy puntual que tomó la misma: “cobrar cuotas individuales de valorización para financiar unas obras viales”.

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Por Adriana González

Enunciado de tal manera, no cobraría mayor interés el análisis político de dicha situación, porque podría decirse que en una democracia el ejercicio de los derechos ciudadanos es una constante. Sin embargo, visto en el contexto local y nacional –donde opera una ciudadanía poco comprometida con las decisiones políticas– sin duda ha sido un ejercicio que deja grandes lecciones, dignas de analizar y sistematizar.

Ante la medida, que fue considerada por la mayoría de los afectados no sólo injusta, sino desmedida, las protestas ciudadanas no se hicieron esperar. Largas filas de ciudadanos inconformes daban cuenta de la presentación de un recurso de reposición ante el propio alcalde con el fin de lograr revocar la decisión. Precedieron marchas quincenales que lograron llenar la plaza de Bolívar de Pereira –se estima que llegaron a marchar cerca de unas 5000 personas. Se consolidó el grupo de “Ciudadanos indignados contra la valorización”. Pero uno de los hechos más importantes, fue la toma de conciencia que el voto podría cambiar el destino de la ciudad.

En el inconformismo presentado, se montó la campaña del candidato Juan Pablo Gallo, esta como alternativa a la dirigencia que venía manejando mal y con ganas los destinos de la ciudad.

Las constantes marchas lograron que el Alcalde del momento –cuyo nombre no quiero recordar, aplazara en tres oportunidades la facturación de la valorización, además de aumentar los descuentos por pronto pago del 18 al 25%.

El momento electoral fue sin duda la mayor sorpresa para el grupo del senador –cuyo nombre tampoco deseo recordar–, su candidato perdió las elecciones por amplia mayoría de votos. Gallo, el candidato que se erigió contra la valorización, obtuvo un triunfo estruendoso frente a quienes encarnaban ese estilo de gobierno anterior. Y Crosthwaite, el candidato al concejo de la ciudad, quien había iniciado y uno de los que lograba sostener el proceso contra la valorización, obtuvo la mayoría de votos para dicha corporación.

La estrategia del Comité de Indignados era sencilla, activar la ciudadanía para el reclamo de sus derechos y acudir a la jurisdicción contenciosa para demandar ante un juez el abusivo cobro de la valorización.

La primera ha logrado sus fines, ha cohesionado la ciudadanía y ha conseguido que los pereiranos comprendan el valor de la movilización democrática como un elemento esencial en la consecución de sus derechos y de sus reclamos. La segunda ha comenzado a dar sus frutos; la pasada semana, un juez contencioso emitió la primera decisión de “suspender provisionalmente” el cobro de la valorización por encontrar vicios de fondo en el Acuerdo emitido por el Concejo Municipal, el cual estaba votando los proyectos ilegal e inconstitucionalmente, puesto que una reforma a la Constitución obligó a los cuerpos corporados del país a votar de manera nominal y pública, esto es que se llama a cada concejal y públicamente éste debe informar si vota a favor o en contra del proyecto.

Las marchas continúan, ahora aumentan sus reclamos, como por ejemplo impedir la entrega del aeropuerto “Matecaña” a un operador privado y además piden rebajas en la facturación del servicio de energía –otrora derecho–.

Sin embargo, la actuación del nuevo Alcalde -el candidato contra la valorización–, ha dejado con la boca abierta a los ciudadanos que acudieron a las urnas para respaldar el aspirante que supuestamente defendía sus intereses. APELÓ la decisión del juez, argumentando a la ciudadanía con dos falacias su ingrata actuación: que en la reunión del equipo jurídico fue vencido en la votación, como si una ciudad fuera manejada por la oficina jurídica y no por el alcalde –se vota por un alcalde para que gobierne él, no para que lo gobiernen a él– y la segunda gran mentira es que la Alcaldía tenía la obligación de apelar la decisión. No es cierto, pues legalmente no existe ninguna obligación para la Administración de apelar decisiones provisionales o de trámite en los juicios administrativos que se llevan contra la misma, como es el caso de la “suspensión provisional”.

Los ciudadanos continúan inconformes. Han ido comprendiendo el valor de la movilización y el control ciudadano como una de las grandes fortalezas de la democracia, pues un poder absoluto y sin control, no es más que una dictadura.

PD: La semana pasada el Alcalde Gallo convocó a un “Consejo de Seguridad” para analizar el tema del parrillero hombre en la ciudad, pero nunca ha convocado a consejo de seguridad para buscar soluciones de fondo frente al tema de la violencia en Pereira. ¿Cuáles son las prioridades de este gobierno?