Gobernar no es fácil y menos si se trata de darle solución definitiva a una problemática que las últimas administraciones tampoco fueron capaces de conciliar: la invasión del espacio público.

 

LEONARDO PARRAPor: @LeoParraCubides

Recientemente se abrió de nuevo el debate acerca del papel que juega el gobierno local en la defensa del espacio público sin atentar contra el trabajo digno. Uno de esos temas malucos que se suele evadir, señalar, exigir y hasta justificar; sin embargo, este no hace parte de una discusión donde tiene que medirse la jerarquía de derechos y deberes, tampoco un test donde se resuelva qué prevalece más, por el contrario, debe analizarse desde la garantía de cada uno de ellos, porque es posible hacerlo.

Desde las teorías del desarrollo territorial, de manera descriptiva, podría situarse a Pereira dentro del tipo de ciudades con función comercial, con un mercado local que suple de bienes y servicios una región que paradójicamente es más rural que urbana. Es precisamente el comercio el que une el espacio público y el trabajo con una plataforma sobre la cual siempre han de soportarse los Estados y sus territorios: la economía.

La economía que no se desprende de la parte humana y realista de lo que se vive a diario, es el hilo conductor que no debe olvidarse en estos temas. Por una parte, si el cambio que esperamos con la nueva administración dependen en gran medida del crecimiento económico de la ciudad, por otra, esto será posible si hay gobernanza que no atente contra derechos fundamentales de los ciudadanos, pero haciéndoles sentir la necesidad de que ese cambio es posible en la medida que ellos también se sometan al orden jurídico que siempre ha de respetarse.

Gobernar no es fácil y menos si se trata de darle solución definitiva a una problemática que las últimas administraciones tampoco fueron capaces de conciliar –la invasión del espacio público– sino que por el contrario se ha politizado, se sigue en una incertidumbre que parece no acabar. En la historia encontramos un Pacto Cívico sin mayor avance, estudios, promesas y diseños sin concretar, puesto que no es un tema de imponer sino de negociar. Es equilibrar lo que para el Estado es un deber (artículo 82 de la C.P.) y para los ciudadanos un derecho (artículo 25 de la C.P.), he aquí la complejidad.

El Banco de la República ha definido la informalidad económica como el “conjunto de actividades que integran la economía de forma en que las fuerzas sociales afectan la organización de las transacciones económicas”, explicada de forma más concreta por varios analistas como un fenómeno afectante en sus manifestaciones cotidianas, inclusive, capaz de cambiar el orden económico y político de naciones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) entiende que la promoción de los derechos laborales en la economía informal es una tarea limitada, lo que quiere decir que los actores de la economía informal son bastante esquivos a este tipo de políticas. La paradoja reside en que los trabajadores no serán capaces de alcanzar la plena protección de sus derechos si se quedan en la informalidad, por lo tanto, los esfuerzos hacia la formalización son la clave.

James Robinson en su libro “Por qué fracasan los países” hace una admirable ilustración de cómo la aplicación de la teoría del Círculo Virtuoso es una solución posible a fenómenos similares que son transversales en una economía. El Estado de Derecho que reflejó la fortaleza de instituciones políticas en la revolución gloriosa en Inglaterra, debe servir de ejemplo para que las administraciones encuentren en su acción pública el marco de retroalimentación positiva de la misma globalización; aquella ha enseñado a la humanidad que acciones estatales como los desarrollados en contra de los trust en Estados Unidos por sus intentos monopolistas, permitieron la equitativa distribución de la riqueza y, aún más, la consolidación de instituciones económicas inclusivas que se evidenciaba en la ganancia per cápita de cualquier ciudadano estadounidense.

En este orden de ideas, si se pretende dar solución definitiva al control sobre el espacio público, de igual manera la administración del Cambio debe ser consciente que también dependerá del desarrollo económico de la ciudad, por la línea que se está enfocando. Aunque parezca ser una problemática social a resolver, en el fondo es una problemática económica que varios concejales y académicos han expresado que su solución dependerá en gran medida del desarrollo de procesos de producción, administración, innovación y tecnología.

El control efectivo lo debe seguir manteniendo el gobierno local, no permitiendo que grupos delincuenciales se aprovechen de los bienes de uso público, sin que intermedien mafias que subutilizan a víctimas que atadas a estas, no permiten el progreso individual y menos el colectivo desde la política estatal. Es un tema que en la actualidad no tiene fórmula exacta para definir su solución, solo es posible resolverse mediante el camino virtuoso que ha quedado en la historia política, el de la democracia y la concertación, pero no puede olvidarse que la Alcaldía de Pereira hace parte jurídicamente de la Administración Pública, al ser administración: controla, organiza, orienta… Gobierna.

Por último, esta alcaldía fue elegida por la necesidad de un cambio económico y social, 126.075 pereiranos eligieron un programa de gobierno más que prometedor, esperanzador. Sin dejar a un lado el buen trato que debe existir siempre a través del alcalde, sus funcionarios y contratistas hacia los ciudadanos, sean estos vendedores ambulantes o no, impidiendo todo acto de violencia, el cambio será posible si se entiende que sus propuestas que concluyeron creer en un mejor panorama serán alcanzadas bajo el sometimiento de un orden político-jurídico, donde no solo está inmerso el gobierno o el trabajador informal; reglas básicas como el plan candado y el respeto de un derecho colectivo como el espacio público al igual que el de uno social y económico como el derecho al trabajo que debe dignificarse, ¿cómo? Precisamente a través de ese cambio.