De forma muy sutil camuflan en palabrejas un enorme boquete de acción en un campo de interés, en este caso, desconocer y condenar a los distintos grupos y personas con pensamiento crítico ante la administración central liderada por Luis Fernando Gaviria.

 

FABIAN MORALES X 300Por Fabián Morales

La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) ha sufrido el proceso de privatización paulatino de la educación pública. Padecido por miles de estudiantes desde 1993 con la entrada en vigencia de la ley 30 de 1992 que, al igual que la ley 100 y otros engendros del neoliberalismo, fue aprobada en época decembrina de natilla y fiestas.

De este modo han lacerado poco a poco la autonomía, la calidad y los espacios democráticos. En tiempos recientes, por ejemplo, cuando la comunidad universitaria intenta generar espacios de discusión o entregar un volante informativo, los vigilantes, con licencia de las directivas, procedan a interrogar y solicitar permisos, casi siempre buscando impedir la actividad. Actúan como especie de escuadrón policial sin antecedentes en la institución.

Varias personas han comentado sobre el tema, expresando que podría ser el comienzo de lo que se avecina con el nuevo reglamento estudiantil. Un manual que se ha venido trabajando en silencio, casi a espaldas de la comunidad universitaria. Y que al ser revisado requiere un buen pasante para intentar digerir las pretensiones antidemocráticas, la invisibilización de la realidad universitaria y el alejamiento de los principios académicos de la universidad.

Este texto tiene más de 100 hojas. Su contenido corrobora que es ‘más fácil matar un marrano a palmadas que ganarse la beca Jorge Roa Martínez’, destinada desde hace un tiempo a un solo estudiante por programa. Una clara muestra de lo que descompone la falta de recursos, excluyendo a otros estudiantes con buen rendimiento académico aplicando el cuento de premiar solo a uno con capacidades excepcionales. También generan dudas las medidas “académicas” para los reingresos, las condiciones para quedar fuera o la pertinencia de las formas que tiene el estudiante para el proceso del proyecto de grado.

Además  de lo anterior,  llama la atención el trato arrogante que tienen pensado dar a los partícipes de ventas informales.  Al mejor estilo de los tecnócratas neoliberales, catalogan como falta disciplinaria este oficio si no acatan el arrinconamiento que ellos exigen. Intentan ocultar la realidad de las ventas informales que no son más que la ausencia de apoyos socioeconómicos de bienestar universitario.

Pero lo más grave y retardatario se encuentra al final en una serie de artículos donde supuestamente se defiende la libre expresión, la libertad de asociación, el derecho a la movilización etc. Al mismo tiempo que genera choques, incompatibilidad y vacios  con otros apartados donde se describen las faltas que atentan contra la institución, la ley y la constitución. Por ejemplo, impedir el normal ejercicio de las actividades de la universidad…, buena conducta individual y social dentro y fuera de la institución… , impedir el libre tránsito… o actos que atenten contra la moral social institucional y constitucional.

De esta manera, la comunidad universitaria seguramente está al frente de un ‘gorila’ normativo, así como los creados en el congreso y en cuanto decreto inventa el gobierno de Santos. De forma muy sutil camuflan en palabrejas un enorme boquete de acción en un campo de interés, en este caso, desconocer y condenar a los distintos grupos y personas con pensamiento crítico ante la administración central liderada por Luis Fernando Gaviria. Administración que ha exhibido su carácter con la simulación de “debates” para la elección de decanos, donde se notaba a leguas el amaestramiento del personal encargado del espacio para no dar la palabra al público o en los supuestos diálogos académicos con enviados del ministerio de educación para maquillar sus imposiciones.

No obstante las medidas en trámite no sorprenden, pues estamos en la era de Juan Manuel Santos, quien a diferencia de su antecesor, ataca con sutileza y pausa, haciéndolo más peligroso debido a que confunde más fácil a la opinión. La familia Gaviria, que hace parte de la unidad nacional santista, con César Gaviria a la cabeza y su delfín Simón en Planeación Nacional, saben de este tipo de argucias. Ya los habitantes de Pereira vemos como en la en la Alcaldía de Juan Pablo Gallo –donde tienen toda influencia– también desconocen e invisibilizan la crítica a agudos problemas tales como los vendedores informales o las movilizaciones de los habitantes de Puerto Caldas y San Isidro.

Tendrá pues la comunidad universitaria el deber de llevar a cabo acciones de divulgación amplia dentro y fuera de la institución. Deberá tener más  participación ASPU, Sintraunicol y otras organizaciones dentro de la UTP, así como la población risaraldense, porque una política bastante dañina amenaza a la Universidad más importante del departamento.