CARLOS A. CROSTHWAITELa actual situación de este contrato es consecuencia de la falta de una interventoría idónea, transparente, responsable y experta en estos trabajos. Segunda parte del artículo sobre irregularidades en contratación de obras en La Virginia, Risaralda.

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite

En el citado Contrato No. 1585-2011, cuyo objeto es “rehabilitar el sistema de Acueducto del Municipio de La Virginia en sus componentes Bocatoma- Aducción- Tanque de Sedimentación”, se vienen cometiendo una serie de irregularidades a la vista de todos y asevero que si se hace una auditoria externa para verificar el respeto de los términos de los contratos de construcción e interventoría, además de una cuantificación de las obras ejecutadas, nos llevaremos una desagradable sorpresa.

En la suscripción del contrato accesorio de noviembre de 2012 donde se adicionó su valor en $2.500 millones de pesos, para extender el objeto del contrato a la “construcción de la nueva línea de conducción del acueducto ubicado entre las abscisas K 0+945 y K 3+850”, hay una manifiesta y clara violación al régimen de contratación estatal. Hecho este que debe ser investigado por los organismos de control. Pues existiendo una inconsistencia en el contrato original, al incluir la construcción de la conducción Tanque de Sedimentación- Planta de Tratamiento, se persiste al ampliar este en valor y objeto. 

La actual situación de este contrato es consecuencia de la falta de una interventoría idónea, transparente, responsable y experta en estos trabajos. Hay dudas sobre algunos de los ítems y cantidades canceladas y sobre todo en las denominadas “obras varias”, donde, por ejemplo, se cancelaron en el Acta No. 3 de mayo de 2013 los nuevos ítems de uniones de tubería en procesos de termofusión y electrofusión por un valor de 120 millones de pesos, no obstante que el ítem 4 establecía “suministro y colocación de tuberías y accesorios”; cuando se dice colocación de tubería se supone que su precio incluye trasiego, instalación en brecha, alineamiento, pega, limpieza y prueba, o sea que al contratista le cancelaron irregularmente estos valores.

Asimismo, y de acuerdo a consultas hechas a los residentes de la zona de la obra, que conocieron de cerca el desarrollo de este contrato, expresan de manera clara que al menos la mitad de la excavación se hizo con retroexcavadora, apareciendo en el acta cancelación total de esta actividad, como ejecutada de manera manual. El precio unitario de la excavación a mano es de 23.950 pesos por metro cúbico y la excavación con máquina puede estar en 12.000 pesos por metro cúbico, o sea el 50 por ciento menos. Por excavación se pagó 127.4 millones de pesos, correspondientes a 5.318 metros cúbicos excavados para 3.872 ml. de tubería instalada.

Pero la “tapa del cóngolo” es que, una vez puesta en servicio la conducción de agua del desarenador a la planta de tratamiento el pasado año, únicamente se transportaron 145 l.p.s. (litros por segundo) de agua cruda, rebajando a 75 l.p.s. y situándose en 125 l.p.s.

Como la planta requiere al menos de 180 l.p.s de agua para tratar y proveer a La Virginia, se tomó la decisión de suspender la nueva conducción y volver a poner a funcionar la antigua conducción que suministra alrededor de 210 l.p.s. Otro nuevo fracaso de una importante obra de ingeniería. Nadie se manifiesta, todos callados.

En relación con el Contrato de Interventoría No. 1586 de 2011 celebrado con la ingeniera Clara Luz Forero es necesario que se investiguen una serie de irregularidades. Entre otras, la liquidación y pago de la seguridad social, pues la Ley 1122 de 2007 que modifica la Ley 100 establece en su artículo 18: “Aseguramiento de los independientes contratistas de prestación de servicios. Los independientes contratistas de prestación de servicios cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40 por ciento del valor mensualizado del contrato, o sea que la base de cotización de este contrato, por un valor de 408.9 millones de pesos y un plazo de 6 meses debería sufragar estas obligaciones sobre una base mensual de 27.3 millones de pesos, y se le admite que cancele sobre una base mensual de 994.000 pesos. ¿No es todo esto una grosera corrupción?