La iglesia católica, y otras tantas organizaciones que se precian de cívicas, nos deben a los ciudadanos de bien una declaración sobre el trato inhumano contra los indigentes. Entre todos y todas debemos exigir no solo la derogatoria de la norma, la no repetición de estas prácticas abominables, al tiempo que el presupuesto requerido para la habilitación de los albergues, desmontados al unísono de la medida.

Por Carlos Victoria

He preguntado en mi muro de Facebook –cada vez se parece más al muro de las lamentaciones- por el pronunciamiento del obispo de la Diócesis de Pereira, Monseñor Rigoberto Corredor Bermúdez, tras las graves denuncias de un grupo de ciudadanos que resultaron víctimas de un presunto secuestro, una vez fueron drogados, trasladados y arrojados en un paraje cercano a la cabecera municipal de La Pintada en días pasadas, por supuestos funcionarios encargados de supervisar el espacio público de la ciudad.

El interrogante viene al caso porque en otras oportunidades jerarcas y  miembros rasos de la iglesia católica con asiento en esta ciudad, no toleraban estos abusos contra seres humanos en condición de calle, como dicen ahora, o menesterosos e indigentes. Lo único que cambia son los vocablos para decir lo mismo. En fin, recuerdo al obispo Castrillón enfurecido cuando los grupos de limpieza acribillaban a diestra y siniestra a jóvenes, pelafustanes y raponeros. Muchos de ellos se salvaron bajo la sotana del clérigo.

En esta misma tribuna acompañé la alerta temprana lanzada por el Comité Permanente de los Derechos Humanos de Risaralda, tras condenar e impugnar el Decreto 716 que prohíbe la mendicidad en las calles de Pereira. Sí, porque ya sabemos qué ha pasado cuando desde el gobierno imperan las reglas prohibitivas, y más aún contra una práctica cotidiana sobre la cual el Estado y el mercado tienen buena parte de la culpa. Y por supuesto, el modelo de desarrollo: la indigencia es correlato  de la injusticia social. Sigue creciendo en el mundo. Colombia y Pereira no son la excepción.

Obviamente que este tipo de medidas no sorprenden y menos aún de donde provienen. Pero tampoco parecen conmover los hechos denunciados y de los cuales, menos mal, ha hecho eco los personeros de La Pintada y Pereira, y el Defensor del Pueblo de Risaralda. Les toca. Ese es su oficio: no pasar de agache ante semejante violación de los derechos humanos. Retener y botar indigentes en los extramuros de la ciudad es una práctica antigua, perversa y odiosa. Incentiva al odio social. Delemeau (2002) recuerda que aislar y expulsar han sido prácticas institucionales para producir miedo.

Estos hechos y otros tantos en el ámbito del espacio público y lo que eso significa para una democracia, simplemente daría cuenta que ante el marchitamiento de las llamadas fuerzas vivas de la ciudad, las que ahora tienen la sartén por el mango son las fuerzas del mercado y las fuerzas oscuras. Una alianza que tiene su propia concepción del orden, el desarrollo y lo que se le parezca. A la postre, como lo indica el mismo Comité, Pereira “celebra” por estos días 40 años de estas prácticas excluyentes y oprobiosas.

La iglesia católica y otras tantas organizaciones que se precian de cívicas nos deben a los ciudadanos de bien una declaración sobre el trato inhumano contra los indigentes. Entre todos y todas debemos exigir no solo la derogatoria de la norma, la no repetición de estas practicas abominables, al tiempo que el presupuesto requerido para la habilitación de los albergues, desmontados al unísono de la medida. Todo ser humano por más vulnerable y desgraciado que  sea merece un trato digno, como lo consagra nuestra Constitución.

Por mi parte diré en el atrio de la catedral de Nuestra Señora de la Pobreza: Bienaventurados los que tienen techo, pan y trabajo porque no serán objeto del fatídico Decreto 716.