La situación de espacio público en las ciudades empeora con el paso de los años, los ciudadanos se toman como propios espacios que son para el disfrute de todos, y esto a alguien le conviene.

 

carlos marinPor: Carlos A. Marín

El discurso político en cuanto a la recuperación de los espacios del ciudadano se gana en la teoría y se pierde en la práctica. Cada vez que se reconquista un escenario urbano se pierde otro de igual o mejor envergadura; esto ocurre año tras año en ciudades intermedias como Pereira, y en grandes localidades como Medellín, Bogotá y Cali. Lo paradójico es que no es gratis que esto suceda.

Es monumental la afección social que genera la invasión de una porción de tierra que se supone es para la libre utilización de los pobladores. Las calles, los parques, pasajes comerciales y andenes en cuanto a su arquitectura y diseño, hacen parte de una invitación semiótica hacia la cultura y el civismo; sin embargo esta premisa no cala entre los colombianos que sujetándose al argumento del desempleo actúan como  falsos colonizadores del lugar común.

En las aproximaciones teóricas de lo urbano, varios autores se apoyan en la filosofía para intentar responder porqué un espacio es vital en la construcción de identidad. Incluso, el francés Michel de Certeau se aferra al concepto de otredad “El caminar por la urbe siempre pone al sujeto en contacto con el otro”, entendiéndose al otro como parte y composición del hogar.

Tal parece que así no lo entienden  los personajes de la esfera política,  a quienes ningún recurso, plan de acción o medida, les funciona en beneficio de las ciudades. En Pereira nada cambia, ni el tan sonado convenio internacional con la firma Atkins, compañía británica que tuvo que intervenir en los planes que aquí quedaron grandes. ¡Amanecerá y veremos!

En Medellín, una de las ciudades publicitariamente más innovadores del mundo, ni hablar. Más de 90 mil millones de pesos se invierten en subsecretarías de seguridad social, que concluyen en enfrentamientos mezquinos entre comerciantes informales y fuerza pública. Lo que no hace la justicia, que lo haga la ley, y la ley de fuerzas en este caso.

Y es que cuando se habla de justicia, en Medellín, Bogotá y Cali se tiene que ser condescendiente en un punto específico: cientos de comerciantes provenientes de zonas de conflicto terminan validando su condición para fomentar el trabajo en la calle, teniendo hasta dos y tres puestos en una misma manzana. En Cali por ejemplo, el ‘rebusque’ se toma como profesión y oficio. Según datos del año 2015, aproximadamente 555.000 personas trabajan en el comercio informal, y miles de ‘vendedores callejeros’ tienen más de un puesto para laborar.

Esto también sucede en Pereira, solo que a menudo, con conocimiento del ente gubernamental, quien al parecer  motiva y se vincula con esta práctica a cambio de favores de toda clase. Es cuando el retorno del escenario público se convierte en un lío para la ciudadanía porque se encuentran diversos intereses. “No le trabajamos a nadie, tenemos nuestro negocio”, son afirmaciones frecuentes entre los vendedores.

De esta manera a alguien le conviene que la situación no mejore, por un lado mueve dinero la contratación de personal que trabaje en la consecución de una salida, los lazos que se crean entre los agentes de la vida política y los comerciantes; finalmente los recaudos de los mismos negociantes que superan los ingresos de un SMMLV.

Así, quienes menos favorecidos estamos somos los que caminamos la ciudad buscando siempre una andén para poner el pie, pero no somos pendejos, sabemos que esto del espacio público entró en la modalidad de negocio en Colombia.