CARLOS ALFREDO CROSTHWAITEO sea que estas actuaciones administrativas de los funcionarios y contratistas que han ordenado gastos sin “certificados de disponibilidad presupuestal” están incursos en faltas castigadas por el Código Penal y son responsables fiscalmente por la o rdenación de estos gastos. 

Por: Carlos Alfredo Crosthwaite

Ha sido dada a conocer la relación de obras adicionales a ejecutar en los contratos de construcción de la Calle de la Fundación, que deben ser financiadas con una adición presupuestal de casi 2.700 millones de pesos. Muchas falencias tienen los procesos contractuales de las obras definidas por la administración Vásquez Zuleta, y de todas las anteriores, desde las violaciones al Régimen de Contratación Pública, al Estatuto de Presupuesto y al Código Penal, entre otros.

Llama poderosamente la atención, cómo funcionarios, interventores y contratistas autorizan la ejecución de cuantiosísimas  obras y actividades no pactadas en el contrato original, y sin la existencia de disponibilidad presupuestal, como las de energía, acueducto, alcantarillado, mejoramiento de base con cemento, color integral y cuneta en curva de concreto. O sea que cuadraron precios y ordenaron ejecución de obras sin sonrojarse. Así no más.

La cualidad de nuestros gobernantes y como consecuencia de los acuerdos suscritos en los procesos electorales con los financiadores de sus costosas campañas, es la de utilizar el patrimonio público para enriquecerlos, en desmedro de los derechos de los ciudadanos. Pretender con recursos del municipio adelantar obras de reposición de redes eléctricas, de acueducto y alcantarillado, es contrario al principio legal de que las onerosas tarifas que cancelamos mes a mes, incluyen como suficiencia financiera de estas la recuperación de los costos y gastos propios de la operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento de su infraestructura (Art. 87.4, Ley 142 de 1994).

Igualmente, estamos invirtiendo en estos contratos centenares de millones de pesos en la modernización del sistema de alumbrado público. No obstante, al cancelar la ilegal y espuria tarifa de alumbrado público, en su costo están incluidos los de administración, funcionamiento, mantenimiento, expansión, repotenciación, modernización y demás actividades necesarias para la prestación eficiente del servicio (Art. 3, Acuerdo 32 de 2000).

El artículo 71 del Estatuto orgánico del presupuesto (Decreto 111 de 1996) establece: “Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos”, y el artículo 112 del mismo estatuto dispone: Además de la responsabilidad penal a que haya lugar, serán fiscalmente responsables: a) Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que expidan giros para pagos de las mismas; b) Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas; c) El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal, y d) Los pagadores y el auditor fiscal que efectúen y autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos consagrados en el presente estatuto y en las demás normas que regulan la materia.

O sea que estas actuaciones administrativas de los funcionarios y contratistas que han ordenado gastos sin “certificados de disponibilidad presupuestal” están incursos en faltas castigadas por el Código Penal y son responsables fiscalmente por la ordenación de estos gastos. Esperamos pues que todos los involucrados en esta “vaca loca” de desaciertos e ilegalidades reflexionen y asuman sus responsabilidades. Después no digan que no se les avisó.