Este acto legislativo será declarado inconstitucional por la Corte Constitucional; el motivo es sencillo: la popular norma reformista claramente contraría lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

 

Por / Juan David Londoño Useche

“Aprueban cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad”, este fue el gran titular con el cual la mayoría de medios de comunicación nacional llamaban la atención de sus lectores al ocaso del día.

Permítanme atreverme a predecir el futuro de esta popular norma: este acto legislativo será declarado inconstitucional por la Corte Constitucional; el motivo es sencillo: la popular norma reformista claramente contraría lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, norma continental ratificada por Colombia mediante la ley 16 de 1972. Es decir, hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad y en consecuencia es de obligatorio cumplimiento.

La citada norma determina que:

“Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

Sin lugar a dudas, ante una norma como esta, se violenta indiscutible y directamente el derecho a la libertad, algo completamente contrario a los fines de rehabilitación y readaptación social de los condenados en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El interrogante es el siguiente: ¿los congresistas conocen estos obstáculos constitucionales? ¿Nuestros honorables congresistas, con un ánimo absolutamente desinteresado, promueven esta norma? Si me lo permiten, ambos interrogantes tienen fácil respuesta:

En primera medida, me resulta inimaginable pensar que las personas que tienen el mandato popular para proponer, debatir y aprobar leyes en este país desconocen de los precedentes constitucionales sobre los que se fundamente Colombia como estado social de derecho. De ser así, estamos ante una situación absolutamente alarmante y vergonzante.

El segundo interrogante es, en mi concepto, el más fácil de contestar. Evidentemente son medidas populistas con las que los Honorables Parlamentarios buscan ganar réditos electorales en un año crucial, y que es la antesala de un año 2021 electoral. Es decir, la estrategia es clara: se propone una ley que es aplaudida por el conglomerado de la sociedad y la disyuntiva será sencilla: “Querían que hiciéramos, hicimos y la maquiavélica Corte Constitucional nos lo impidió.”

Por último, para nadie es un secreto que cierto sector político viene planeando   desacreditar, paulatina pero inexorablemente, a la Corte Constitucional. Sus decisiones contrarias y polémicas como: la no reelección perpetua de un expresidente, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, la dosis personal, entre otras muchas medidas que han sacado ampolla en el sector más conservador del país, justificaría para estos, el hecho de que hoy se  promuevan  leyes con el pleno conocimiento de la barrera  que  se encontrarán en la Corte Constitucional y, con jugadas políticas como esta, se  consigue ir sumando  razones  populistas  ante  eventuales  reformas  que logren acabar con la misma Corte.

La reflexión es sencilla: confunde y reinarás; Populismo punitivo.