FABIÁN MORALESEs claro que la problemática de seguridad no tiene su raíz en las motos, y que va mucho más allá de ellas. Son las políticas sociales y económicas de los distintos gobiernos de turno las que han aumentado la brecha de desigualdad haciendo que la población se quede sin oportunidades legales para vivir y tenga que acudir a formas  ilegales. 

Por: Fabián Morales

Miles de ciudadanos hemos visto desde hace más de un mes cómo los (as) motociclistas de Pereira salen en sus vehículos por las principales calles denunciando las restricciones de movilidad que contra ellos (as) aplican, generando a su vez una estigmatización injusta con la cual tampoco están  de acuerdo.

Muchos pensaron que el disgusto era provocado por el decreto 385 que prohibía acompañante hombre y mujer en la moto (excepto primer grado de consanguinidad), y el cual fue modificado por la Alcaldía, ante su impopularidad. Después de esto, se han hecho más de cuatro movilizaciones los días viernes reclamando principalmente la derogatoria de los decretos 480 del 2008 y el decreto 274 del 2009. El primero prohíbe la circulación de motocicletas con acompañante de sexo masculino mayor de 14 años durante las 24 horas del día y el segundo prohíbe la circulación de motocicletas entre las 12 de la noche y las 4 de la madrugada. En los dos decretos se hacen algunas excepciones para organismos y funcionarios, y las sanciones van desde inmovilización del vehículo, hasta multas equivalentes a dos salarios mínimos.

Este tipo de medidas han sido tomadas en el Consejo Metropolitano de Seguridad, donde hacen presencia la Alcaldía, el CTI, la Fiscalía, entre otros, quienes argumentan que tales restricciones son necesarias para el mantenimiento del orden público, controlar la delincuencia y delitos como los homicidios, los fleteos y los atracos, y garantizar de esta manera, la vida y la integridad física de los ciudadanos. Sin embargo, estas disposiciones van en contra de derechos constitucionales que rigen en el país desde 1991. Violan Artículos  como el 13 que promulga la igualdad ante la ley, el 15 que promulga el buen nombre, el 21 que garantiza el derecho a la honra, el 24 que permite la libre circulación por el territorio nacional o el 29 donde se garantiza el debido proceso, los cuales son pasados por alto con estos decretos.

La contravención de estos decretos acarrea la inmovilización de la moto y sanciones monetarias cuando se lleva acompañante hombre, presumiendo que todo el que se suba a una moto va a cometer un crimen. De igual manera suponen, que  un(a) motociclista cuando se moviliza después de la media noche es un delincuente potencial, lo anterior manifiesta una enorme falta de criterios sólidos de quienes crearon estos decretos. La alcaldía de Enrique Vásquez -la cual brilla por sus flojas políticas de ciudad- los  mantiene vigentes  y dice que este tipo de decretos, así estén demandados por los ciudadanos, continuarán hasta que el Consejo de Estado no se pronuncie definitivamente. Igualmente, los Consejos de Seguridad no ven ningún reparo en seguir aplicándolos.

Es claro que la problemática de seguridad no tiene su raíz en las motos, y que va mucho más allá de ellas. Son las políticas sociales y económicas de los distintos gobiernos de turno las que han aumentado la brecha de desigualdad haciendo que la población se quede sin oportunidades legales para vivir y tenga que acudir a formas  ilegales. Coincidencialmente,   aparte de su pobreza, Latino América es considerada por la OEA (Organización de los Estados Americanos) como una de las regiones más violentas del planeta y Colombia desde hace muchos años integra el vergonzoso pódium con promedios de 29.324 homicidios entre 46 millones de habitantes (2010), solo superado por Brasil.

Sin embargo, para remediar estas problemáticas no se atacan sus causas sino sus efectos como lo menciona William Ospina en su libro ¿Dónde está la franja amarilla?, si existe sicariato, fleteo o atraco en moto es debido a condiciones tan adversas en las cuales es más rentable este tipo de delitos que el trabajo honrado y decente. Aun así, los gobiernos nacionales y locales no optan por mejorar las condiciones de vida de las personas, sino que toman medidas draconianas e impopulares porque perjudican a una inmensa mayoría de gente trabajadora cuando la verdad, es que los delincuentes que utilizan la moto para sus fechorías son un número ínfimo. Eso sería como cerrar el viaducto para miles de peatones que pasan diariamente por allí, solo porque algunas personas les ha dado por suicidarse desde este lugar. Es ni más ni menos como tratar de buscar el ahogado río arriba.

Aunque argumentan estar manteniendo el orden público, lo que hay en el fondo es una cierta pretensión de querer mantener cautivos en el transporte de Megabús a miles de pasajeros que de levantarse los decretos, inmediatamente utilizarían la motocicleta  debido a los altos costos y mal servicio del transporte masivo. Lo anterior se puede visualizar en el incremento en la venta de motos desde que comenzó a funcionar el Megabús, el cual ha sido de más del 35 por ciento, y en estos momentos existen aproximadamente unas 6.4000 en toda la ciudad.

Finalmente, las peticiones de estos honrados ciudadanos no son un capricho, son reclamos a sus derechos fundamentales amparados en la constitución de 1991. Seguramente para reivindicarlos continuarán con sus movilizaciones pacíficas y civiles como las realizadas con el apoyo de miles de habitantes y sectores democráticos que se han venido solidarizando con ellos. Herramienta ésta que les ha permitido a muchos colombianos de bien obtener sus derechos.