Quienes nos dimos la oportunidad de ver la conmovedora película “Las Sufragistas”, tuvimos la valiosa oportunidad de comprender el valor que ha implicado para las sociedades contemporáneas la defensa de los derechos de las mujeres.

ADRIANAGONZALEZCOLUMNAPor Adriana González

Una Inglaterra que se negaba a reconocer el derecho fundamental al voto de una gran porción de su población, y con un mando eminentemente masculino, se vio obligada (1918) a reconocer este derecho fundamental a las mujeres, única y exclusivamente porque una ferviente militante decidió inmolarse como prueba de la condición femenina en la potencia industrial de la época.

 No se puede olvidar que los derechos de las mujeres hacen parte del compendio internacional de los derechos humanos y existe tan solo desde 1979 la “Convención contra todas las formas de discriminación contra la Mujer” de las Naciones Unidas.

Precisamente hoy, el país se estremece con uno de los peores escándalos del último año. Los actos de acoso laboral y sexual sufridos por una mujer y realizados por quien tiene la obligación legal y constitucional de defender los derechos humanos en el territorio nacional, Jorge Armando Otálora –Defensor del Pueblo–.

Constituye una vergüenza nacional que el Defensor del Pueblo haya sido denunciado por su secretaria privada –el cargo de mayor confianza que puede tener una dignidad de semejante envergadura no solo de acoso laboral, sino además “sexual”. Aterra para quienes venimos de la defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujeres, que quien detenta institucionalmente el cargo dedicado a la defensa de los mismos, sea quien esté protagonizando un escándalo de semejante monta.

Un país con “funcionarios decentes” ya habría asistido como mínimo a la solicitud del Defensor ante el Congreso de la República para separarse de sus funciones mientras la investigación se adelanta. Pero por el contrario, este personajillo, como todos los funcionarios del Estado colombiano que han estado en entre dicho, se atornillan en su cargo con más firmeza, ante cualquier escándalo que susciten sus acciones públicas o encubiertas.

Las cifras dicen por sí solas en qué estamos las mujeres en Colombia. En lo que va corrido del año, se han denunciado en el país 1.800 casos de acoso sexual contra las mujeres. Según datos de Medicina Legal, solo entre los años 2014 y 2015 se registraron 1.351 feminicidios (definido este como el homicidio que se realiza en razón a la condición de género), entre los años 2004 a 2014 se denunciaron 926 ataques con ácido a mujeres, lo que nos sitúa como uno de los países con mayores casos registrados en el mundo (situación que se evidenció a raíz del caso de Natalia Ponce de León), lo anterior sin contar las condiciones laborales y familiares en que nos encontramos las mujeres en Colombia.

La suma de las anteriores situaciones demuestran una sola cosa: las mujeres en la sociedad colombiana seguimos siendo vistas y tratadas como un “objeto”. Solo quien ve a una mujer como objeto sexual acude al acoso para lograr beneficios de dicho carácter. Quien asesina a una mujer por pasión o por su propia condición de género, o acude a desfigurar su rostro con ácido, ve en esta un simple objeto de posesión afectiva y/o familiar. Quien acude a la discriminación laboral de las mujeres, ve en ellas un simple objeto de explotación y sin derechos.

De todas estas vergonzosas situaciones, la reflexión que verdaderamente emerge es cómo la sociedad patriarcal ha sumido a la mujer en una condición de inferioridad solo por razones de género, una inferioridad que pareciera que autoriza a los hombres a sentirse dueños y señores de ellas o mejor dicho de nosotras, a negarnos nuestra condición de “sujetos” sociales, familiares, autónomas, ciudadanas con derechos.

Una sociedad justa y sin violencias es aquella que respeta a las personas en su condición vital: “la humanidad”, independientemente de su género, color, etnia, ocupación económica, orientación sexual o condiciones físicas; lejos estamos aún los colombianos de alcanzarla.