Por otra parte, despierta desconfianza que a la nueva empresa, constituida apenas este año, con registro de Cámara de Comercio del mes de julio, y que hasta hace poco funcionaba desde un almacén de calzado, se le otorgue un contrato por 20 años sin valor determinado, sin haber participado en licitación alguna.

 

FABIAN MORALES (IZQ)Por: Édison Fabián Osorio Morales

La Ley 142 de 1994 permitió la privatización de los servicios públicos domiciliarios y el consecuente aumento en los costos. Ahora los colombianos comen menos y dejan de lado gastos básicos por pagar los servicios, al tiempo que la Ley le asegura ganancias a monopolistas y privados mediante la suficiencia financiera en las tarifas. La calidad en el servicio deja mucho qué desear, el aberrante  caso de Electricaribe en  la costa Atlántica o el servicio de acueducto y alcantarillado en Caimalito y Puerto Caldas, en Pereira, son algunos ejemplos.

En Santa Rosa  de Cabal los habitantes cuentan con un servicio de acueducto decente, más allá del debate de las tarifas regulado por normas nacionales, pero  Empocabal,  empresa del Estado de orden municipal que presta servicios de acueducto, alcantarillado, aseo y laboratorio de medidores, ve amenazado su funcionamiento y naturaleza ante la medida de la actual administración municipal para que la empresa Serviaraucarias S.A.S E.S.P reciba agua potable en bloque, la trate, la transporte, y la entregue usuarios de áreas donde, según se argumenta, Empocabal no puede llegar, como es la zona que conduce hacia los termales. En el contrato también queda la posibilidad de disponer de aguas residuales.

A pesar de la embestida propagandística de la alcaldía y la dirección de la empresa Empocabal  por querer mostrar el contrato como un acuerdo benévolo para el municipio, la letra menuda de este despierta serias preocupaciones: le da toda la libertad a Serviaraucarias para captar agua antes de entrar a la planta de tratamiento y le vende el metro cúbico a muy bajo costo (1.202 pesos), lo cual aparte de generarle bastantes ganancias, le crea la posibilidad de abrir una línea  comercial para explotar un nuevo  producto relacionado con el recurso hídrico como puede ser agua en bolsa.

Sumado a esto, como sucede con las EPS, existe el riesgo que se  utilice la infraestructura pública en beneficio de sus intereses y ganancias (poca inversión a cambio de  grandes tajadas presupuestales destinadas a privado). Igualmente, aunque el contrato subraya que Serviaraucarias funcionará en zonas donde no llega Empocabal, no existe una norma que defina exactamente los sectores donde operará la nueva empresa,  es decir queda otro boquete para que Serviaraucarias sea competencia de Empocabal en el municipio. Lo anterior  deberá revisarse al detalle y determinar si conduce a detrimento patrimonial.

Por otra parte, despierta desconfianza que a la nueva empresa, constituida apenas este año, con registro de Cámara de Comercio del mes de julio, y que hasta hace poco funcionaba desde un almacén de calzado, se le otorgue un contrato por 20 años sin valor determinado, sin haber participado en licitación alguna. Se evidencia que el contrato fue entregado a voluntad de la administración y sin ningún tipo de estudio técnico de ambas partes.

Ante estos hechos tan escandalosos, personas que defienden este contrato han  emprendido una campaña de desprestigio contra el sindicato de trabajadores de Empocabal, faltándole al respeto a los santarrosanos a través de un panfleto anónimo donde intentan embutir unas cifras infladas que por su forma confunden, pero que desmenuzadas no son más que beneficios constitucionales como atención en salud, educación, garantías laborales, etc., que tienen los trabajadores por su convención (no olvidemos que estamos dentro de las 20 naciones  con peores salarios).

Éste mamarracho oculta además que gracias a los trabajadores, Empocabal ha nivelado sus finanzas, dado que han renunciado a aumentos salariales que por derecho les correspondía. Sin embargo, la intención es clara, confundir a las personas y desviar el centro del debate. El problema no son los salarios de los trabajadores, el punto central es que seguramente  estamos ante un gorila normativo para que unos cuantos se beneficien y apropien del patrimonio y las finanzas estatales. En este caso, de Empocabal.

Sobre el tema han opinado dos voces autorizadas: el alcalde con argumentación endeble y gelatinosa, donde reitera que no hay por qué preocuparse ya que  todo se hace con la legalidad y la transparencia de las normas, y la segunda, la de un experto en estos temas, Aurelio Suárez Montoya, panelista de Blu Radio y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, el cual advierte sobre la posible entrega en bandeja de plata del patrimonio del municipio a Serviaraucarias. Entre más avance el contrato más riesgos para las finanzas y el servicio a los usuarios.

@edisono85