Valga la pena aclarar que el Fondo del Riesgo, según la Ley 1523/12, debió constituirse 90 días después de la sanción de la ley y explícitamente afirma: “serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo, por motivos diferentes a la gestión del riesgo”.

 

Por: Adriana González Correa

La casi insostenible situación que están viviendo los damnificados de Portal de la Villa y del barrio Matecaña es prácticamente la crónica de una tragedia anunciada, típica del realismo mágico y de las repúblicas bananeras –ambas figuras habitantes de Colombia–.

El barrio Matecaña es producto de una antigua invasión a la banca del viejo ferrocarril y de la hacienda Matecaña. Como es propio de tales situaciones improvisadas, ante la imposibilidad de conseguir una vivienda digna y el abandono del Estado, las personas  terminan asentándose en cualquier lugar sin posibilidad alguna de medir el riesgo.

Panorámica del derrumbe que afectó a más de 130 viviendas en Portal de la Villa.

Contrario a lo anterior, estarían como ejemplo las construcciones amparadas por los planes de ordenamiento territorial, en el marco de la legalidad y midiendo el tono de los posibles riesgos ambientales y sus graves consecuencias, toda vez que pasan los filtros institucionales como las curadurías urbanas y control físico de las Secretarías de Gobierno.

Pareciera ser el caso de la urbanización El Portal de la Villa construida por Gerenciar hace 13 años. Constructora del reconocido empresario Luis Fernando Ossa, el mismo condecorado por el alcalde Juan Pablo Gallo con la Orden Cruz de los Fundadores en grado de Caballero.

Condecoración a Luis Fernando Ossa por parte del alcalde Gallo en 2016.

A su vez, Ossa, es alto miembro de Camacol, gremio que demandó la nulidad  del POT de 2016 que, de no haber sido revocada la suspensión fallada en primera instancia, hubiese incorporado nuevamente como suelos de expansión urbana más de 5.000 hectáreas en la zona de Cerritos y la posibilidad de planes parciales como un gran proyecto en la parte sur de Villa Verde, otra obra de Gerenciar.

En Portal de la Villa y Matecaña confluyeron varios elementos: el terreno, que según el “mapa 34 de zonificación de amenazas y riesgo urbano y de expansión urbana” que hace parte integrante del POT contenido tanto en el Acuerdo 28/15 como en el 35 de 2016[1], muestra que la zona del Portal de la Villa (encerrada en el círculo rojo) y que va hasta el cementerio Prados de Paz, es un terreno de remoción en masa[2].

Mapa que muestra en un círculo rojo la frágil zona de Portal de la Villa.

Un segundo elemento a tener en cuenta es la construcción del alcantarillado de Aguas y Aguas en pleno invierno, en un terreno altamente inestable –por ser susceptible a fenómenos de remoción en masa–. Otros ingenieros y miembros de la comunidad reconocen los altos volúmenes de aguas lluvias provenientes de la pista del aeropuerto y que ruedan por la zona en razón a que no existe un canal que las conduzca de manera segura y eficiente y, por lo tanto, es un factor de riesgo añadido.

Ambos casos son muestra de que en Pereira estamos tan vulnerables los unos como los otros, y esta vulnerabilidad radica exclusivamente en la responsabilidad de la autoridad municipal que tiene como función legal controlar a los particulares, tanto en la construcción irregular, como en la legal.

La Ministra de Transporte, en programa televisivo, advirtió claramente que en Pereira el problema es de ordenamiento territorial y le asiste la razón.

Lo anterior, agravado por la notable improvisación del mandatario local y su incumplimiento a la Ley 1523 de 2012 por medio de la cual se adopta la política de gestión del riesgo y que  establece a los alcaldes como responsables directos de la implementación de la “gestión del riesgo”.

Se generan unas obligaciones que garantizan la protección territorial, entre otras situaciones como: crear los planes de gestión y estrategias, incorporación de la gestión del riesgo en la inversión pública, integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y especialmente la creación de un Fondo Territorial del riesgo.

Valga la pena aclarar que el Fondo del Riesgo, según la Ley 1523/12, debió constituirse 90 días después de la sanción de la ley y explícitamente afirma: “serán de carácter acumulativo y no podrán en ningún caso ser retirados del mismo, por motivos diferentes a la gestión del riesgo”.

Revisado el presupuesto del Municipio para 2019, me encuentro con que el Fondo del Riesgo está en cero (0) pesos, es decir, que este Alcalde ­–ni los anteriores– han dado cumplimiento  la ley. Situación que agrava lo sucedido con el Portal de la Villa y el barrio Matecaña, pues ese fondo estaría destinado a la cobertura de las situaciones de riesgo.

 

También se ha demostrado una desidia institucional en las urgentes soluciones que requieren los damnificados, pues el Alcalde dejó su responsabilidad administrativa a la caridad y al posible reconocimiento del seguro –que afirma la comunidad ha sido pagado por ellos– y Gerenciar que de manera irresponsable tan solo ha emitido un comunicado de “empatía” que resulta insultante, como si no tuviera responsabilidad alguna con sus víctimas.

@adrigonco

Notas

[1] El Acuerdo 28/15, POT presentado por el Gobierno Vásquez, fue anulado por la jurisdicción contencioso administrativa, en virtud de que el Concejo Municipal lo aprobó mediante voto secreto violando una reforma constitucional.

El Acuerdo 35/16 que contiene casi el mismo articulado del POT anulado, fue demandado por Camacol en noviembre de 2018 y suspendido por Juez Contenciosa en abril de 2019. El viernes 28 de junio/19, el Tribunal Contencioso revocó la suspensión provisional, dándonos la razón a los tres apelantes (Municipio de Pereira, Procuraduría Judicial y la Veeduría del POT).

[2] La remoción de masa, también conocido como movimiento de inclinación, desplazamiento de masa o movimiento de masa, es el proceso geomorfológico por el cual el suelo, regolito y la roca se mueven cuesta abajo por la fuerza de la gravedad. (Fuente Wikipedia)