En el contacto con una sociedad que no es la suya, el desplazado se ve expuesto a una serie de situaciones que irán condicionando su vida, en los planos psicológico, social, económico y de valores. Aparte, se ven enfrentados a distintos procesos, que de un modo u otro serán determinantes para las nuevas generaciones; estos son: integración, asimilación, segregación o genocidio.

El conflicto armado interno que vive Colombia, según estudios de organizaciones defensoras de derechos humanos, ha hecho que hasta la fecha, cerca de 5,7 millones de persona hayan dejado sus tierras.

Por: José D. Pacheco Martínez

En Colombia el artículo 1° de la Ley 387 de 1997, define al desplazado como: toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público

El conflicto armado interno que vive Colombia, según estudios de organizaciones defensoras de derechos humanos, ha hecho que hasta la fecha, cerca de 5,7 millones de persona hayan dejado sus tierras, sus pertenencias, sus animales, en aquellos lugares donde nacieron, crecieron e hicieron familia, para desplazarse a las ciudades, como medida desesperada y en condiciones poco dignas.

Para el caso de la región Caribe, se estima que hay cerca de 398.886 desplazados, pero se considera que esta cifra es mayor debido a que las estadísticas no verificadas son uno de los tantos problemas que afronta el país, frente al tema del desplazamiento. Este grupo humano se ha asentado en las tres principales ciudades: Santa Marta, que se ha convertido en la primera receptora de personas en esta condición del país, los entes distritales aseguran que el 40% de la población actual de la capital del Magdalena es víctimas del conflicto. Barranquilla y Cartagena también tienen gran cuota de esta población vulnerable en sus territorios.

 

Implicaciones psicológicas del desplazamiento

Esas grandes migraciones, han generado un impacto a nivel psicológico; ya que en muchos casos, como lo ha logrado comprobar CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento) a través de investigaciones, el individuo que se ve expuesto a traumas, en este caso en particular ocasionados por la violencia, aunque salga de aquel terreno crítico lleva consigo las huellas que quedan marcadas en la realidad del ser como desplazado.

A medida que pasa el tiempo y viviendo en un lugar donde no se halla como persona, donde no encuentra medios de subsistencia y en donde se ve relegado a un segundo y hasta tercer plano en material social, va desarrollando y/o incrementando conductas como: el consumo de alcohol y de drogas, el aislamiento social, depresión profunda, disfunción familiar y laboral.

Es evidente en los estudios científicos y en el devenir diario de las ciudades, cómo las comunidades desplazadas se han visto relegadas a un segundo plano, no solo por el Estado, que en vez de garantizar su regreso a los sitios de origen ha creado políticas públicas poco efectivas, con mayor tendencia al asistencialismo, generando entre los afectados un efecto negativo, los ha convertido en víctimas de esas iniciativas y los tienen atados a los subsidios irrisorios, por los cuales han dejado de lado el interés por el trabajo formal y el estudio.

Fuente: Codhes

 

Políticas estatales mal encaminadas

En su esfuerzo por contener toda clase de presión en torno las secuelas o huellas de la guerra armada que vive el país, que opera desde distintos frentes y donde la sociedad queda en la mitad, el Estado ha generado, con ayuda de la comunidad internacional, políticas que si bien buscan mejorar la situación de los afectados por el conflicto, solo se quedan en buenas intenciones y proyectos que son ejecutados a medias o nunca ejecutados.

En uno de sus apartes el documento Desplazamiento forzado tierras y territorios, agendas pendientes: la estabilización socioeconómica y la reparación, emitido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), asegura que, es obligación del gobierno nacional,  atenderla –a la población desplazada- con asistencia humanitaria y estabilizarla en aspectos sociales y económicos, mediante procesos de retorno, reubicación o integración local, en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad.

Por su parte, Elizabeth Ferris, miembro titular y codirectora del Proyecto Brookings-Bern sobre Desplazamiento Interno, apunta que la tarea más difícil que debe hacer el Estado colombiano, se refiere a “encontrar soluciones duraderas para los desplazados internos”, del mismo modo, asegura que “no se ha alcanzado un consenso sobre cuáles deben ser estas soluciones y, a pesar de que la mayoría de desplazados quisiera regresar, muchos han abandonado toda esperanza de lograrlo”

Los abogados Martha Patricia Zea Ramos, José Alberto Salas Sánchez y Luis Fernando Serrano Lozano, todos ellos magister en Derecho Penal, van más allá y hacen cuestionamientos al aparato judicial y  afirman que, en el país y teniendo en cuenta los niveles y consecuencias  del conflicto, “las víctimas han tenido que buscar representación de abogados particulares que en su mayoría cobran cuantiosos honorarios que por sí disminuyen las posibilidades de obtención de una reparación económica adecuada”

Siguen explicando los juristas, que esa imposibilidad de defenderse y necesidad de gastar dinero en representación, está asociada directamente con la falta de “protección del Estado para enfrentarse al proceso penal, cuyo trámite dispendioso ocasiona mayores perjuicios y victimización por parte del Estado a quienes buscan su amparo”.

Análisis del desplazamiento forzado en Colombia. Basado en un modelo de simulación con Vensim. Marcela Navarrete Peñuela.

 

Números que no cuadran

Otro de los asuntos preocupantes frente al caso de los desplazados, está referido a la no existencia de estadísticas serias y responsables que evidencien la realidad y se conviertan en un instrumento fuerte para la protección de las víctimas del conflicto, que a la postre permitan crear mecanismos efectivos, políticas de acción y al tiempo ejercer vigilancia y control a las mismas, como garantía del cumplimiento efectivo de las responsabilidades estatales para con los perjudicados.

Zea Ramos, Salas Sánchez y Serrano Lozano, son enfáticos en afirmar que “la carencia de datos concretos y confiables, impide conocer cuál es el impacto de las violaciones e infracciones sobre determinados sectores sociales” y si a esto se le suma la poca participación de los afectados en la toma de decisiones sobre los proyectos que directa o indirectamente tienen que ver con ellos, el problema se sigue agrandando y las posibles soluciones planteadas, están distantes de la realidad misma de los desplazados.

Para el especialista Armando Aguilera Torrado, los organismos del Estado colombiano tienen una errónea concepción del desplazado.  “(La) manera de concebir la atención asume a la víctima como un objeto de intervención y no como sujetos capaces de liderar el proceso de trasformación de su propia realidad, lo cual de manera indirecta, pero no por ello menos efectiva, perpetúa la minusvalía y la dependencia psicológica, social y económica en la población en situación de vulnerabilidad”

Así mismo, Aguilera Torrado destaca que esta política pública de asistencialismo con la población víctima del conflicto armado es más evidente y frecuente en los programas sociales de subsidios económicos desarrollados por los gobiernos de turno, los cuales han llevado a la alienación y sometimiento total de las capacidades de empoderamiento y fortalecimiento que tienen las comunidades desplazadas para trasformar su realidad económica, volviéndolos totalmente improductivos e insostenibles por medios propios.

 

Desplazados provenientes de Venezuela, la mayoría de ellos con vínculos en la región Caribe colombiana.

Desempleo y ausencia de productividad en desplazados

El Estado ha ido saliendo al paso de su responsabilidad de capacitación encaminada a la productividad para con los desplazados, y viene dejándola exclusivamente en manos de la responsabilidad social empresarial de algunas empresas. Éstas, en su gran mayoría, manejan el tema a través de fundaciones, las cuales implementan estrategias en busca de objetivos inmediatos, para llenar indicadores y no propuestas serias en aras de mejorar la situación crítica de vulnerabilidad, que afronta esta población en los grandes centros urbanos.

Ahora, las capacitaciones que se ofrecen para ellos no responden muchas veces a las necesidades o perfiles laborales que requieren las grandes empresas generadoras de empleo.  En la Región Caribe, hay claramente una vocación de servicios y logística, teniendo en cuenta la importancia que tienen la industria y los puertos para Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, las tres ciudades más importantes y en las que se concentran en gran número la población desplazada.

Los estudios respecto a este tema, plantean y suponen un reto y un esfuerzo aún mayor para el gobierno y la empresa privada, ya que se ha comprobado que en el caso  específico de los desplazados en edad de trabajar, la menor capacitación de capital humano, unida a la escasa relevancia de las habilidades, conocimientos y poca oportunidad de desempeñarse en temas agrícolas en las áreas urbanas, limita y, en algunos casos, imposibilita la inserción en los mercados de trabajo y condiciona las opciones de empleo a actividades informales que requieren pocas habilidades técnicas o tecnológicas, por ende mal remuneradas.

En ese sentido, Ana María Ibáñez y Andrés Moya en su análisis La población desplazada en Colombia: Examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales, indican que en cuanto al empleo en los municipios receptores de desplazados, el perfil básicamente agrícola de las cabezas de familia es un gran obstáculo para su inserción en el mercado laboral urbano y se traduce en tasas de desempleo más altas para los miembros de los hogares desplazados.

Hábitos inexistentes

Otro de los problemas que tiene que afrontar esta población vulnerable y que ha sido evidenciado por las fundaciones, es la falta de un hábito laboral, es decir, la imposibilidad de cumplir horarios de trabajo. Este fenómeno está asociado a la costumbre de vivir del día a día y trabajar a su ritmo. Esto, presume una tarea extra y una labor a la que estas entidades deben dedicar tiempo y empezar de ceros.

La empresa privada hace parte de la tarea, crea políticas de capacitación a través de terceros, pero no genera espacios de inclusión e inserción laboral, mientras el Estado colombiano, por su parte, mete a esta población en la misma bolsa que los pobres y miserables, creando programas asistencialistas, que los somete a esos recursos, creando un ambiente de facilismo y despreocupación.

Ibáñez y Moya resaltan que estas intenciones estatales, dedicadas a “atender la población desplazada exclusivamente con políticas dirigidas para la población pobre puede aumentar la vulnerabilidad de la población desplazada así como incrementar su riesgo de permanecer en condiciones de pobreza crónica”.

A renglón seguido, los investigadores expresan que “el fortalecimiento de los programas de generación de ingresos es esencial para que la condición de desplazamiento sea realmente un fenómeno temporal y no un fenómeno permanente con una alta demanda de recursos estatales”, para esto, evidentemente, hace falta voluntad política.

El Departamento Nacional de Planeación ha enumerado las principales debilidades que desde su entrada en operación, ha evidenciado el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada: dispersión de competencias y falta de coordinación del aparato estatal; coordinación deficiente en la formulación e implementación de las políticas; deficiencias en los programas de generación de ingreso; ausencia de voluntad política para emprender los programas y conocimiento limitado; ausencia de mecanismos coercitivos para obligar a las instituciones a asumir sus responsabilidades; poca claridad acerca de las responsabilidades de las entidades territoriales; falta de compromiso de las autoridades locales; escasos recursos financieros y deficiente infraestructura humana asignados para prevenir y mitigar el desplazamiento insuficientes.

Si bien es cierto que en el papel y la norma, los proyectos e iniciativas estatales colombianas para la atención de la comunidad desplazada son unos de los mejores a nivel mundial, se hace necesario un replanteamiento de sus ejecuciones, ya que el asistencialismo y la corrupción para la que se prestan dichas políticas han sumido a estos 5,7 millones de personas en un proceso de revictimización, donde el Estado es el principal responsable. Dicho de otro modo, han pasado de víctimas del desplazamiento a víctimas del asistencialismo estatal.