Coodesuris, la cooperativa de hospitales públicos de Risaralda y de la cual hace parte el Hospital Universitario San Jorge (HUSJ), aceptó en su momento cambios en la contratación con esta entidad; pero todo empeoró en la medida que fue aislada para la oferta de medicamentos que generan más altas ganancias debido a su alto costo. A continuación, un ejemplo de cómo se procedía para la consecución de algunos de ellos con otros proveedores de no muy claros antecedentes.

Tabla comparativa de precios ofrecidos por Laboratorio Procaps. Fuente / Superintendencia de Industria y Comercio

 

Medicamentos de dudosa procedencia

 

Por UNIDAD INVESTIGATIVA

En abril del 2017 el diputado Durguez Espinosa, del Centro Democrático, denuncia ante la Asamblea los aparentes sobrecostos en el valor de algunos medicamentos adquiridos por el HUSJ a Coodesuris, lo cual no era cierto debido a que ese aparente valor más alto correspondía al pago de otros servicios, como ya se explicó en la anterior entrega (ver).

Los cambios en la contratación hicieron que Coodesuris perdiera participación en las compras del HUSJ, pues esta decisión favoreció la adquisición de productos a proveedores diferentes a la cooperativa. “Lo especial es que compran a precios muy por encima de los ofertados por la cooperativa. Cabe anotar, además, que no a proveedores de trayectoria en el mercado, ni a reconocidos distribuidores de la zona”, anota Miguel Ángel Rendón, gerente de Coodesuris.

Empezó la contratación del HUSJ con otras entidades que apenas habían sido recién creadas o hace poco negociaban con el HUSJ y las cuales serán objeto de la tercera entrega de esta investigación. En febrero de 2017 una de ellas, Dcolfarma, compra al Laboratorio Procaps –esta marca fue exigida por el mismo HUSJ, según Coodesuris– uno de esos medicamentos especiales de alto costo (los mencionados paretos), llamado Piperacilina Tazobactam (Tapectam, por su nombre comercial), un potente antibiótico.

Le puede interesar: El desangre del San Jorge (I)

Laboratorio Procaps es una firma barranquillera que ocupa el deshonroso cuarto puesto entre las firmas farmacéuticas más multadas en Colombia entre 2012 y 2015, según el informe de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Recibió sanciones que sumaron 839 millones de pesos en ese periodo. Todo debido al sobrecosto en sus medicamentos, que en algunos casos se eleva al 700 por ciento (ver informe).

Luisa María Hincapíé, gerente del Hospital San Jorge.  Fotografía / Hans Lamprea

Al indagársele sobre por qué se contrató con una empresa sancionada, la actual gerente del HUSJ, Luisa María Hincapié Zapata (asumió en junio de 2018), contestó de esta forma a un derecho de petición presentado por este medio: “La institución tiene establecidas unas marcas por criterio técnico, el cual cuenta con el respaldo del comité de farmacia y terapéutica y el del área asistencial, son tenidas en cuenta para proceder al proceso de contratación, el proveedor no es quien determina las marcas y la marca Procaps  actualmente no se encuentra en dicho listado, si se ha (sic) adquirió en algún momento fue teniendo en cuenta la normatividad vigente para medicamentos regulados y/o porque se encontraba aprobada en el listado técnico entregado por el área asistencial”.

Dcolfarma evadió dar respuesta alguna en medio de tal situación, pues trasladó la carga de la prueba a Procaps, a pesar de que Dcolfarma es la proveedora responsable y debería haber ejercido controles especializados al surtido de medicamentos que le llegaba.

Verificación en la página del Invima del lote sospechoso de Tapectam. Imagen / Cortesía

Medicamento con reparos

Como Coodesuris seguía con el manejo del almacén, la compra de Tapectam llegó para su control y almacenamiento. Los expertos encargados de recibirla para la recepción técnica, siguiendo un protocolo de manejo vigilado por el Invima, se dan cuenta muy pronto de que el Tapectam de Procaps tiene elementos extraños, en comparación con los antiguos suministros existentes del mismo medicamento.

El personal operativo detalla que las ampollas son distintas, la tipografía del lote y del registro es diferente, registro sanitario peruano, incluso el color de la etiqueta es distinto; entonces la anomalía es reportada al químico farmacéutico Obed Suárez, quien comprueba las anomalías en el lote de Tapectam recibido. El profesional se dirige a los representantes del Laboratorio Procaps el 9 de febrero del 2017 con un correo donde expone los reparos hechos al lote de Tapectam y termina preguntándoles:

¿Cómo es posible que personal del Laboratorio PROCAPS emitan un concepto técnico de tanto rigor donde avalan que se usa el producto basándose en un decreto que dentro de su contenido objetivo se direcciona al cumplimiento de lo reglamentario para el régimen de registros sanitarios? ¿Y se mantienen en el concepto?

¿Cómo se explica que el resto de proveedores manejan el producto con autorización legal en el territorio colombiano y el proveedor en cuestión (nuevo) tiene un producto con características totalmente diferentes y quien libera el producto es el Laboratorio PROCAPS?

¿Cómo se descarta que no es un producto fraudulento?

¿Qué controles de calidad realiza PROCAPS para garantizar la calidad al final de cada etapa y evitar que productos que se deben enviar a otros países terminen específicamente en la ciudad de Pereira y en proveedores de reciente ingreso? Recordar que la importación es una etapa crítica, que requiere de la minucia en controles.

Imagen en la que se comparan muestras del medicamento Tapectam de diferentes lotes. La de la izquierda fue la proporcionada por Laboratorio Procaps y suministrada por Dcolfarma. Imagen / Cortesía

La respuesta de Procaps es más que desconcertante, porque se limita a enviar un correo electrónico con el Decreto 843 de 2016 (ver). Según informa en un mensaje Tatiana Ramírez, técnico administrativo de compras del Hospital, “hasta el momento ni el proveedor ni el laboratorio a (sic) enviado más documentación que haga oficial la aplicación del Decreto en este caso”. Solo después de mucho insistir, Procaps contesta que hubo un error en el envío de un lote destinado para Perú y que llega al San Jorge por equivocación.

Pero no fue la única vez. En noviembre del 2017 se repitió la situación con Procaps y las irregularidades con el suministro del antibacterial Tapectam. Ante los nuevos reparos, la jefe de compras de entonces “dio una orden de no devolver productos a los proveedores, tal, tal y tal, de no devolverles y fue una directriz de compras, de mil bendiciones, a partir de la fecha queda prohibido devolver productos a tal, tal y tal”, asegura Rendón. La orden concreta fue “Prohibido devolver productos a Dcolfarma“, dirigida al personal del Almacén. Dcolfarma era la empresa proveedora del Tapectam producido por Labotarios Procaps.

Para el gerente de Coodesuris, “cuando aquí hay un producto que ingresa de otro país llámese Venezuela, Ecuador, Perú y no tiene un registro sanitario en Colombia, es contrabando; eso no tiene otro nombre”.

Empaque del medicamento puesto en entredicho. Imagen / Cortesía

Este hecho irregular es compartido a través de un oficio con Álvaro Ayala, gerente encargado para esa fecha, quien jamás respondió, afirma Rendón.

Diputado Hugo Armando Arango, convocante del debate. Fotografía / GeoNet

Indagado el diputado Hugo Armando Arango, quien convocó al debate sobre el HUSJ en la Asamblea, sobre las sospechas de sobrecostos y contrabando, dijo que “Coodesuris suministra muchos medicamentos y eso genera reparos por precios altos y otros bajos. Ellos garantizan administración del medicamento y trazabilidad para que los medicamentos cumplan con los estándares de calidad”, evadiendo así una respuesta más directa.

Todas estas situaciones llevaron Coodesuris a retirarse desde el 31 de julio de este año como proveedor del Hospital San Jorge, como lo afirma Rendón, porque era insostenible la operación debido a las pérdidas millonarias que generaba tal relación contractual para la cooperativa.

A pesar de esto, la gerente Luisa María Hincapié dice en una entrevista radial concedida este mes que Coodesuris sigue vinculada y que ella maneja 60 por ciento de la contratación de medicamentos (minuto 5:34).

La misma gerente expone otras razones para la salida de la cooperativa. Dice ella que la práctica de endosar costos de administración a la compra de suministros fue corregida en el 2017 por por “ser indebida presupuestalmente”. Al expedir factura de manera individual, el efecto tributario para Coodesuris fue adverso, porque el servicio de administración está gravado con IVA.

Pero la gerente Luisa María Hincapié, contradiciendo lo que afirmó en la entrevista radial, en el mismo derecho de petición que se mencionó antes afirma que “No obstante lo anterior, y pese a la asunción de nuevos costos para las partes, la ESE Hospital Universitario San Jorge de Pereira y La Cooperativa de Entidades de Salud del Risaralda Coodesuris (sic), continuaron su relación contractual durante el año 2017 y el primer semestre del 2018, bajo la premisa de la excepcional calidad de los servicios de suministro y administración prestados por la cooperativa Coodesuris“.

Si era excepcional la calidad ofrecida por Coodesuris, la pregunta que surge es: ¿por qué le quitaron a esa cooperativa el suministros de los medicamentos paretos, de mayor ganancia, para dárselos a otras empresas recién creadas?

Mientras tanto, además de la Fiscalía, que entrará a investigar por petición del gobernador Salazar, la Contraloría Departamental liderada por Óscar Javier Vasco Gil profundizará en los 83 hallazgos detectados en el San Jorge: 50 de carácter administrativo, 11 con alcance fiscal, 18 disciplinarios y 4 causas administrativas sancionatorias, aunque ninguna de carácter penal hasta el momento.

Espere en enero: Empresas proveedoras que surgen de la nada

Si tiene información sobre este tema escríbanos a direccion@lacoladerata.co