La Cola de Rata

El líder indígena caldense Héctor Jaime Vinasco ha sido gobernador del resguardo de Cañamomo y Lomaprieta en Riosucio, Caldas. Varias veces amenazado y víctima de atentados contra su vida, continúa en su pueblo donde lidera procesos comunitarios y ambientales. Conversamos con él sobre la historia política de la región. Por / Camilo Alzate ¿Ustedes son un resguardo indígena colonial, pero no tienen título? Ese es un problema. Se tiene y no se tiene. ¿Por qué no se tiene? Lo primero fue el reparto de tierras que hizo Lesmes de Espinosa y Sarabia en 1600. Habla de varios cacicazgos. Posteriormente se hizo otro reparto en 1700, ahí empezamos a perder territorio y se hace una segregación de territorio. Cuál es el problema con todo esto: que siempre las determinaciones jurídicas tienen pretensiones económicas o políticas. Las pretensiones económicas de los siglos XVI y XVII alrededor de la minería no respetaban ninguna decisión. ¿Que vino el Virrey? Pues ya se fue, él vino y dijo, pero acá quedamos nosotros y ya se fue. Los que quedaban en el territorio desobedecían las órdenes, uno ve cómo desobedecían las decisiones de 1600 y 1700, igual que ahora, es el mismo cuento. En el siglo XIX un abogado, Ramón Elías Palau, convenció al agrimensor de que no reclamara tierras sobre las que no tenía dominio, ahí fue donde perdimos todos los terrenos del resguardo que llegaban hasta Supía y Marmato. En esa época se decía ‘estas son las tierras de los indios, que van de tal lado a tal lado’, y hoy por ejemplo la sentencia T-530 de 2015 le dice a la Agencia Nacional de Tierras: sin más dilación titule, son más de cuatrocientos años dilatando esa decisión, si es que no tienen capacidad que nombren una comisión de expertos que le digan cómo se hace eso, pero que titulen, y la institución insiste en que no tienen herramientas para hacerlo, que deben entrar a hacer una serie de maniobras y siguen con lo que la Corte dijo que no hicieran: dilatar. Lo que hay es un Estado que niega el reconocimiento colectivo. Un título colonial no se configura simplemente de un documento que tenga un folio o que diga constitución de resguardo, sino de todo un acervo socio-histórico y jurídico que va generando el afianzamiento de ese título. Fotografías / Cortesía ¿Entonces qué tienen ustedes? ¿Títulos individuales? No. Tenemos todas las pruebas que configuran un título. Un título colonial no se configura simplemente de un documento que tenga un folio o que diga constitución de resguardo, sino de todo un acervo socio-histórico y jurídico que va generando el afianzamiento de ese título. Es lo que ha dicho el Sistema Interamericano: el hecho de ancestralidad lo da el uso y gobierno sobre las tierras. Para nosotros el derecho no lo configura sólo el elemento del derecho civil, es decir la escritura, sino todos esos elementos. Aunque si de escritura habláramos, pues también tenemos esos documentos, el último fue el que hizo Ramón Elías Palau que establece el polígono del resguardo que va del río Sucio al río Supía, pero incluso eso fue desconocido porque después de la independencia los indígenas eran los que menos importaban, luego vienen una serie de decretos y normas entre liberales y conservadores, quienes protegían la comunidad indígena y quienes querían “civilizarlos”. Hay unas leyes muy complicadas, la ley 44 de 1874 que planteó que todos los resguardos debían disolverse. Ahí fue cuando los mayores pensaron ¿títulos y documentos para qué, si ya había una ley que disolvía los resguardos? Y finalmente está la disputa territorial entre el Estado soberano del Cauca y Antioquia, que se peleaban estos territorios por las minas, como lo ha documentado bien Álvaro Gärtner. Entonces hay una discusión política, una histórica y una económica, eso será lo que hay que esclarecer. No obstante, siempre hubo alianzas que permitieron algún reconocimiento del territorio indígena, siempre existió algún mecanismo de protección. Por ejemplo, la ley 89 de 1890 que fue una herramienta poderosa, aunque buscaba reducir a los indígenas a la vida civilizada, era una ley transitoria a 50 años. En ese contexto se da la colonización antioqueña en este territorio y se genera también un desplazamiento de emberas que llegan porque son despojados de sus tierras en la cordillera. Todo eso impactó fuertemente los territorios indígenas del alto occidente de Caldas. En 1936 tenemos otra escritura del resguardo con folio de matrícula inmobiliaria. Todos los resguardos indígenas de la zona fueron disueltos: Quinchía, Guática, San Lorenzo… Sólo sobrevivieron dos: La Montaña y Cañamomo. ¿Qué derecho entonces es el que reconoce el Estado? ¿Por qué se niega un derecho a unas tierras, a unas familias, que era un derecho colectivo pero que también velaba por el interés privado? Siempre ha sido la negación a que resistamos la disolución, la negación a que elijamos ser indígenas, la negación a ser resguardo, nos castigan por eso. En lo local cómo se manifiesta esa negación, ¿Quiénes son los enemigos de los indígenas en Riosucio? ¿Quiénes se han beneficiado del asesinato de los candidatos indígenas en las elecciones? ¿Quiénes se han quedado con las tierras? Eso uno no debe verlo como un nombre, es una política de Estado. Si no fuera así no podría mantenerse tanto en el tiempo. Han pasado los gobiernos de Santos, Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Duque, y siempre es la misma vaina, la misma estructura. En lo local siempre hubo una alianza entre notarios, registradores, curas, alcaldes y empresarios de la tierra, alineados contra las comunidades indígenas. En los años sesenta hubo una presión muy fuerte para que las comunidades se volvieran campesinas. Fotografías / Cortesía A ustedes entre los ochenta y los noventa les asesinan varios líderes con mucha proyección: José Gilberto Motato, Fabiola Largo, Gabriel Cartagena… En los años sesenta hubo una presión muy fuerte para que las comunidades se volvieran campesinas. En esa época las organizaciones de izquierda vieron en Riosucio y los indígenas unos aliados para la revolución: la Anapo, el Partido Comunista, el Movimiento Revolucionario Liberal, pero las comunidades, más que la revolución, querían era proteger sus tierras. En esa alianza vieron una posibilidad de defenderse de quienes siempre les habían atacado y agredido. En la Constitución del 91 pasamos a una nueva fase, ya no sólo conservar nuestro derecho a la tierra sino además reclamar nuevos derechos: a una educación y salud propia, a la participación política. Eso lleva a que de manera organizada las comunidades indígenas deciden participar en lo electoral. Ya habíamos tenido concejales, pero con condiciones muy complicadas, con alianzas y sin unidad de criterios al derecho de ser indígenas. En el 87 lanzamos a José Gilberto Motato, tenía el apoyo de todas las comunidades indígenas y era el más opcionado a ganar la alcaldía, el problema del señor es que era muy humilde. Cuentan que andaba descalzo… Claro, andaba sin zapatos, con una ruana y un líchigo terciado. Los caciques políticos de la época y las familias de sangre azul de Riosucio, se presume que hablaban de una forma bastante discriminatoria y que se aliaron para mandarlo a asesinar. Eso nunca lo resolvió la Fiscalía, en muchos escenarios hemos dicho que es necesario que se resuelva para tranquilidad de todos, incluyendo aquellos que dicen que no lo mataron por razones políticas. Ese asesinato llevó a que el movimiento siguiera creciendo, aunque con mucho miedo de la participación, que sólo se volvió a dar en el 98 con Fabiola Largo. Desafortunadamente también nos la asesinaron en Sipirra en una reunión, salimos a almorzar y pasaron unos sicarios y la mataron, fue muy complicado. La muerte de Fabiola selló la unidad de todos los resguardos indígenas en Riosucio. Desde entonces hay señalamientos de los políticos tradicionales de que las comunidades teníamos alianzas con la guerrilla y queríamos la alcaldía para entregársela a ellos, con eso justificaron la llegada de paramilitares a la zona en el 99, ahí vienen las masacres de La Rueda y La Herradura. ¿Es cuando matan a Gabriel Cartagena, otro de sus candidatos a la alcaldía? En La Herradura en 2003, sobre la carretera que va para Supía. Los caciques políticos incidieron en eso, el entonces congresista Mario Uribe, primo de Álvaro Uribe, dio la orden de cometer esa masacre. ¿Mario Uribe tuvo que ver con esa muerte? ¿Cómo lo saben? Eso lo dicen varios paramilitares en audiencias de los procesos que ellos llevan. La Corporación Reiniciar lleva el caso de Gabriel Cartagena y en las audiencias en el caso de La Herradura la misma Fiscalía y los procesados han manifestado que hubo una reunión en la que estuvo Mario Uribe y fue el que dijo “háganle a eso”. Los paramilitares nunca actuaban en esos casos si no había una orden política, había alguien que decía “háganle que va con mi consentimiento”. Según las versiones fue Mario Uribe quien alentó a Ernesto Báez a desplazar un grupo de paramilitares a cometer esa masacre. Pero no sólo fue la masacre de La Herradura, todos los que fueron reconocidos como de izquierda, o afiliados al Partido Comunista, o incluso cultores que cantaban a Silvio Rodríguez o que hacían manifestaciones en esa línea, fueron asesinados. Pero Báez se murió hace poco… Exactamente, y eso es un problema, porque no tendremos ya una versión de él. Pero no sólo fue la masacre de La Herradura, todos los que fueron reconocidos como de izquierda, o afiliados al Partido Comunista, o incluso cultores que cantaban a Silvio Rodríguez o que hacían manifestaciones en esa línea, fueron asesinados. Tenemos el caso de Medín Uchima, que hasta donde yo sé nunca fue militante de nada, era simplemente un músico y fue asesinado. O el caso mismo de Efraín Ramírez, uno de nuestros grandes representantes en chirimías. Fue torturado y asesinado por los paramilitares en la finca Villa Lucy en Supía, sólo porque andaba cerca de Gabriel Cartagena. Le hago una pregunta más directa: ¿no hay responsables locales de esos crímenes? Nunca ha habido fallos que condenen a actores intelectuales. Lo más cerca que se ha llegado es a los autores materiales. Eso es algo que exigimos permanentemente en las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, allí el Estado colombiano se ha comprometido a resolver eso. Queremos que paren eso, que se condene a los responsables. Los fiscales vinieron, pero terminaron imputándonos a nosotros con unos informes del Ejército que nos señalaban de aliados de la insurgencia. ¿Qué lógica tiene eso? Fuimos hasta Washington a la CIDH para que el Estado colombiano resolviera esos crímenes contra nuestros líderes y terminamos investigados. En la masacre de La Herradura hay condenado un mayor del Ejército y hay procesos contra policías que participaron, está comprobado el vínculo de la institucionalidad.