La Cola de Rata

La siguiente carta fue escrita por Guillermo Aníbal Gärtner e iba dirigida a los allegados suyos que participaban de la Asamblea Nacional Constituyente en 1991, mientras él se encontraba en Alemania. En ella, el autor cuestiona el papel de las fuerzas armadas pues plantea que su accionar obedece a intereses ajenos a los nuestros y propone una serie de cambios que las volverían más democráticas y acordes con lo que el país necesita. La reproducimos después de 20 años, porque los planteamientos del autor siguen más vigentes que nunca. Por: Guillermo Aníbal Gärtner "El destino del Ejército es guarnecer las fronteras. Dios nos preserve de que vuelva sus armas contra los ciudadanos", Simón Bolívar. Tres candidatos presidenciales desaparecidos trágicamente, casi dos mil militantes del Partido Union Patriótica, Frente Popular, el movimiento político A Luchar y de otras organizaciones populares, sindicales y cívicas asesinados impunemente, decenas de funcionarios públicos acribillados, centenares de policías, soldados y guerrilleros caídos en la confrontación, ametrallamientos a la población civil acompañados de bombardeos indiscriminados que han agudizado las condiciones de deterioro en que viven los habitantes de las zonas rurales originando un cada vez más creciente movimiento de éxodo campesino a las ciudades, que al no encontrar fuentes de empleo contribuyen a ensanchar los cinturones de miseria que hoy rodean no sólo a las grandes ciudades sino también a las intermedias. Una guerra civil no declarada que se prolonga por más de 40 atrios en la que se contabilizan ya casi un millón de muertos, nos dan la idea de las dimensiones que el fenómeno de la violencia en Colombia ha alcanzado en los últimos años. Las estadísticas revelan que nuestra Nación tiene las cifras más altas del mundo sobre homicidios e inseguridad y que su tendencia es al aumento. Ya no es el Líbano con su capital Beirut el que ostenta el título del país más violento del planeta sino Colombia, con todas las implicaciones que este primer puesto pueda tener para su desempeño en el ámbito internacional. La pregunta obligada es: Frente a la complejidad de este fenómeno que ha venido marcando la vida política y social de nuestro país en el último siglo, ¿qué políticas ha venido implementando el Estado para combatirlo?. Veamos: En 1978 se impulsó el llamado "Estatuto de Seguridad", decretado con base al artículo 121 de la vieja Constitución por el en ese entonces Presidente Julio Cesar Turbay Ayala. El país entero recuerda con horror el siniestro cuadro de torturas y de sistemática violación de los derechos humanos a que condujo la aplicación del mencionado Estatuto de Seguridad. Más tarde, en enero de 1988 y ante la situación de perturbación del orden público creada por los grupos paramilitares y un acentuado terrorismo de los carteles de la droga, el presidente Virgilio Barco dictó otro grupo de decretos complementarios del código penal para facilitar dizque el restablecimiento del orden público. Así nació el "Estatuto para la Defensa de la Democracia". Según palabras del propio presidente Barco, el "Estatuto para la Defensa de la Democracia" se expidió para "impedir o disminuir los atentados contra la vida y la libertad de las personas, los edificios y los medios de comunicación". Sin embargo, y a pesar de los estatutos de seguridad y los mal llamados estatutos para la defensa de la democracia, la violencia siguió creciendo. Por esos días ocurrió el atentado al avión de Avianca y las bombas a El Espectador y a El Heraldo de Bucaramanga. En ese tiempo y estando vigente ese decreto ocurrieron los atentados a la sede del Das, fueron asesinados los candidatos presidenciales Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro así como el gobernador de Antioquia, varios magistrados y casi 300 policías en la sola ciudad de Medellín. En estas condiciones vale la pena hacernos la siguiente consideración: Si esas políticas que tienen como punto de referencia ideológica y corno base filosófica la llamada "Doctrina de la Seguridad Nacional" no han dado ningún resultado positivo y por el contrario han contribuido a empujar al país hacia el abismo de la más espantosa guerra sucia y hacia nuevas espirales de violencia, ¿no va siendo hora de entrar a cuestionar la eficacia de esas teorías, de pedirles cuentas a a quienes las han venido implementando y de reemplazarlas por otras más democráticas, que nos garanticen la convivencia pacífica entre los colombianos y que aseguren la paz democrática y con justicia social a que aspiramos todos? Es en ese sentido y en vía de discusión que presentamos las siguientes tesis: La doctrina de la Seguridad Nacional debe ser eliminada como fuente doctrinaria o filosófica sobre la que se erigen las concepciones de seguridad que rigen la nación, pues sus postulados además de haber demostrado su total ineficacia, son contrarios y antagónicos con la filosofía política que anima a toda sociedad democrática como la que aspiramos a construir, por su carácter fascista y por sus resultados nefastos a que ha conducido al país. Esta doctrina, al introducir el concepto de "Guerra Interna" y de "Enemigo Interior" ha conducido a una criminalización global de toda manifestación de protesta social, sindical o cívica. A consecuencia de ella, en Colombia toda manifestación de protesta pacífica termina siendo convertida en un problema de orden público, así sea una huelga (caso Ecopetrol), un paro cívico o una marcha campesina. Si toda protesta ciudadana es percibida y tratada como una "amenaza subversiva", difícilmente se pueden construir las bases para la tramitación pacífica de los conflictos sociales. En este sentido la Doctrina de la Seguridad Nacional ha convertido a las Fuerzas Armadas en uno de los principales factores que generan violencia aquí en Colombia, lo cual es muy grave para su institucionalidad, y uno de los principales factores que originaron y sustentan la vigencia de un vigoroso movimiento guerrillero en todo el país. La elaboración de los conceptos de seguridad y defensa nacional no pueden seguir siendo monopolio exclusivo de las élites militares. http://www.youtube.com/watch?vmTv-7RXer_Q El debate sobre la reorientación de las Fuerzas Armadas y su papel en una sociedad democrática, pluralista y en paz como la que todos queremos, debe ser asumido por parte de todos los colombianos pues es materia que nos compete y nos compromete a todos. Debe redefinirse el concepto estratégico de "enemigo principal" y rediseñarse una nueva Doctrina Patriótica de Defensa Nacional que responda a los objetivos e intereses de todo el pueblo colombiano y que sea la expresión de nuestras experiencias, valores y formas de percibir la realidad nacional. Una Doctrina Patriótica de Defensa Nacional si bien no puede partir de una imagen ingenua e idealista de lo que son las relaciones entre estados, sí debe reconocer la pluralidad, diversidad y libertad interna que caracterizan a las democracias y ver en las posibilidades de innovación, creatividad y participación del conjunto de la población que con ello se abren, su mayor fortaleza como estado soberano, sin perder de vista nunca que el único depositario de la seguridad nacional en un Estado es el propio pueblo. En esta dirección se debería partir de un principio básico: en un Estado de derecho, en principio, no existe "enemigo interno absoluto", pues la ampliación de los espacios democráticos garantizará dirimir los conflictos sociales por la vía pacifica haciendo innecesario el recurso de las armas. En lo internacional una Doctrina Patriótica de Defensa Nacional no puede basarse en la hipótesis falsa de la existencia de bloques irreductibles y antagónicos en situaciones de guerra total, sino orientarse hacia una política de defensa nacional tercermundista e integracionista a nivel latinoamericano que contribuya a reorientar nuestra estrategia hacia considerar como los reales problemas de seguridad de nuestra América el subdesarrollo, la marginalidad, la corrupción administrativa, la pobreza absoluta, la no equivalencia y la desigualdad de nuestras relaciones con los Estados Unidos, así como la amenaza de una intervención directa por parte del imperialismo; rechazando cualquier tipo de insinuación agresiva contra naciones hermanas o suscribir pactos que comprometan nuestra soberanía nacional e independencia. Una Doctrina Patriótica de Defensa Nacional debe asumir como su principal objetivo la defensa de nuestras fronteras patrias. En la actualidad el dislocamiento estratégico de las Fuerzas Armadas esta hecho para combatir la guerrilla y no para defender la nación. En caso de una agresión extranjera las Fuerzas Armadas no estarían actualmente en capacidad de defender al país pues su ubicación estratégica no esta hecha para eso sino para lo otro. Es necesario plantear con fuerza que en nuestro país se ha venido aplicando una doctrina de seguridad que es extraña a la nación entera y que da prelación a la seguridad no desde el punto de vista de la seguridad nacional sino de acuerdo a los intereses estratégicos que busca defender el imperialismo en la esfera mundial. La no deliberación y el apoliticismo a que obliga la constitución a las Fuerzas Armadas lejos de ser un elemento positivo se ha venido convirtiendo en la mampara que les ha facilitado a los militares mantener ocultas al país sus verdaderas inclinaciones anticomunistas sin asumir responsabilidades. De hecho, no pueden existir Fuerzas Armadas apolíticas, en Colombia los militares son los más deliberantes, están opinando todos los días. Se debería aceptar la necesidad de que intervengan en forma abierta en los grandes debates que se desarrollan en el país. No hay que olvidar que los militares son un componente más de la sociedad, debiendo tener todas las ventajas y desventajas que eso significa. Ahora, lo que sí debemos es tener en cuenta al hacer la redefinición del concepto, es establecer muy claramente cuál seria el significado, los alcances y los límites de esa deliberación. Ahora bien, lo que no debemos aceptar es que las Fuerzas Armadas sean partidistas; las Fuerzas Armadas se deben a la nación y por tanto no deberán tomar partido por ninguna de las agrupaciones políticas que existan en el país. El anticomunismo doctrinario debe ser eliminado de su concepción integral, pues, al ser anticomunistas doctrinarias, las Fuerzas Armadas no están cumpliendo con el precepto constitucional que los obliga a defender la vida, honra y bienes de todos los colombianos. Las Fuerzas Armadas se han convertido en un instrumento para defender los intereses de las clases adineradas. Las Fuerzas Armadas deben ser educadas políticamente en la idea del patriotismo y del amor al pueblo, en la idea de la unidad nacional, de la defensa de la soberanía, de la defensa de la patria contra el enemigo o la agresión extranjera, en la idea del resguardo de nuestras fronteras, del pluralismo y del respeto a los derechas humanos como un principio sagrado de su cuerpo de doctrina, pues es un hecho que del tipo de educación que reciban, de su visión política dependerán sus modalidades de acción, sus prioridades y sus valores. El pensamiento político del libertador deberá inspirar el cuerpo de doctrina de nuestras Fuerzas Armadas. No se impartirá formación académica en las escuelas de instrucción de oficiales, suboficiales y soldados que tengan que ver o que correspondan a formulaciones estratégicas elaboradas por mandos o Estados Mayores de ejércitos extranjeros ajenos a nuestros propios intereses como nación independiente o que pongan en peligro la convivencia pacífica entre los colombianos. De aceptarse -en vía de discusión- el concepto de monopolio de las armas en manos de las Fuerzas Armadas del Estado, ¿qué garantía de paz, le ofrecen al mismo Estado y al pueblo colombiano, quienes reclaman el monopolio de las armas, si en el pasado y actualmente hay múltiples evidencias del compromiso y la vinculación orgánica del ejército con los crímenes políticos de la guerra sucia? A nadie deja tranquilo el objetivo de obtener el monopolio del uso de la fuerza para el Estado, con la actual conformación y orientación del aparato militar. Sin depuración y reestructuración de las Fuerzas Armadas de todos quienes están vinculados a la guerra sucia y demás prácticas delincuenciales, pensar en obtener el monopolio exclusivo de las armas es un imposible. Más de 5.000 investigaciones adelantadas por la Procuraduría contra oficiales y suboficiales de las FF.AA., le están demostrando al país que la vinculación de las Fuerzas armadas a la guerra sucia, lejos de ser responsabilidad individual de elementos aislados, es parte de su vinculación orgánica. Es muy grave el planteamiento contenido en la llamada "Estrategia , contra la violencia", de privilegiar a los servicios de inteligencia sobre las otras fuerzas. Para nadie es un secreto que la mayoría de cosas oscuras que ocurren aquí en Colombia, corren a cargo de los llamados "Servicios de Inteligencia" militar o de policía. En Colombia es corriente que bajo el manto de las llamadas "Operaciones de inteligencia" se encubren actividades secretas violatorias de los derechos humanos y del Código Penal. Es opinión cada vez más generalizada de que es en esos terrenos de la "inteligencia" donde se incuban los grupos paramilitares o el paramilitarismo. La inteligencia militar es un elemento derivado de la concepción doctrinaria que tiene una fuerza militar, así como de su estrategia, si ella no se rediseña, si no se cambia el concepto y la concepción que manejan los militares de "inteligencia", se corre el riesgo de que la violación de los derechos humanos y la guerra sucia se perpetúe indefinidamente. Tal como están las cosas, la inteligencia que funciona actualmente es policiva y cuasi-militar con el ingrediente del anticomunismo visceral que le introdujo la Doctrina De La Seguridad Nacional. Cuando se insiste en el documento en fortalecer el sistema de investigación y de información o en otras palabras en privilegiar la inteligencia, sin tener en cuenta lo que hemos planteado arriba, lo que se está fortaleciendo no es la inteligencia sino una modalidad de inteligencia desvirtuada y que ha demostrado ser muy peligrosa por lo antidemocrática. Preocupa igualmente, el privilegio que en el mismo documento se le da a las Brigadas Móviles frente a las Brigadas Territoriales tradicionalmente vinculadas al paramilitarismo. La "Móvil", según el investigador del CINEP, Iván Orozco, "Ha demostrado hasta ahora ser una máquina de guerra sin rostro que funda buena parte de su mayor eficiencia en la garantía de su impunidad. Existe el peligro real de que las Brigadas Móviles privilegiadas como nueva estrategia para combatir la insurgencia, se conviertan en el mediano plazo en el reemplazo del paramilitarismo". Debiéramos proponer que todos los convenios de asistencia militar con gobiernos extranjeros deben ser aprobados por Ley del Congreso y en ningún caso podrá comprender el establecimiento dentro del territorio nacional de misiones militares extranjeras. Dado que la razón o el pretexto del crecimiento exagerado de las fuerzas militares en hombres y en presupuesto ha sido siempre la existencia de las guerrillas; al desaparecer éstas guerrillas, al desaparecer el conflicto Este-Oeste y la amenaza del comunismo implícita en éste, ¿estarían dispuestas las Fuerzas Armadas a reducir su presupuesto y su numero en un porcentaje considerable? En esa misma dirección y en vía de hipótesis, ¿estarían dispuestas las Fuerzas Armadas a reorientar su estrategia y a redefinir sus funciones sobre la base de una nueva concepción del Estado? El secreto militar como principio es una antigualla. Debe ser eliminado para todo lo que tenga que ver con compra de armamento y manejo económico en las Fuerzas Armadas. El secreto deberá mantenerse únicamente en lo relacionado a Inteligencia, códigos de comunicaciones y planes militares y de guerra. El secreto militar corresponde a la época de los dinosaurios, dijo hace poco el Ministro de la Defensa de Venezuela. El que se discuta abiertamente los criterios con los que se realiza el gasto militar, tal como se hace con cualquiera otra actividad del Estado, viene a darle una nueva apertura a la democracia, en la cual ningún sector puede tener privilegios y en donde nadie se puede sentir ofendido porque se objeten sus opiniones o conductas. De igual modo, debiéramos adentrarnos en el debate sobre quien controla a las Fuerzas Armadas. Ya es hora de ir replanteando el criterio de que ellas sólo responden ante el Presidente de la República y ante sí mismas. ¿Ante quién debe ser? ¿No será hora de ir pensando en la creación de un nuevo Consejo Nacional de Seguridad con participación democrática de los sectores populares? ¿No será hora de ir pensando en que, como ocurre, en muchos países de democracia avanzada, las Fuerzas Armadas se sometan al control del Congreso? http://www.youtube.com/watch?vZm21jndYr8U Debemos levantar con fuerza la bandera por la democratización interna de las Fuerzas Armadas, por el derecho de los Oficiales, Suboficiales y soldados a leer toda clase de literatura política; pues actualmente, en el ejército sólo se permite la circulación de literatura afín al sistema. Los derechos de los soldados y oficiales internamente, el trato feudal que le dan al soldado y al suboficial. La relación del ejército con la sociedad. El racismo en las Fuerzas Armadas. Es un hecho que desde su fundación en las Fuerzas Armadas no ha habido un solo General de raza negra. En nuestras Fuerzas Armadas reina un espíritu de casta feudal, así como el siervo no podía ser noble en el feudalismo, en el ejército ningún soldado puede ser General. Y, es evidente, que ningún General ha sido soldado. Puede afirmarse sin temor a equivocaciones que en Colombia todos los Organismos de Derechos Humanos coinciden en considerar al fuero militar como el principal mecanismo de impunidad, bajo el cual se amparan las Fuerzas Armadas para cometer sus crímenes. El fuero militar es el mecanismo Institucional, en virtud del cual, los delitos comunes, tales como homicidios, torturas, masacres y desapariciones forzadas cometidos por militares en servicio activo, han venido siendo calificadas como "fallas en acción del servicio" y por lo tanto, conocidas y juzgadas solo por la justicia penal militar, la que, en virtud del espíritu de cuerpo que anima a los ejércitos, determina casi siempre fallos absolutorias para los culpables. El fuero militar es el principal factor de impunidad en materia de crímenes de Lesa Humanidad en Colombia. Bajo su amparo, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, autores de asesinatos, masacres, torturas y desapariciones, han quedado sin castigo. El fuero militar se ha convertido en uno de los andamiajes de la guerra sucia contra el pueblo, cuya misión principal es mantener la integridad de los agentes de esta, asegurando su impunidad. El País entero debe exigirle al Nuevo Congreso elegido el pasado 27 de Octubre, definir en forma precisa, para ser integrado a la Constitución, cuáles son los delitos o conductas de la Fuerza Publica en servicio activo y en relación con el servicio que estarán amparados por el fuero militar. La Ley debe definir claramente qué se entiende por "en relación con el servicio", porque no puede seguir entendiéndose que la participación en masacres de ciudadanos, ejecuciones, desapariciones forzadas de personas, bombardeos y ametrallamientos indiscriminados, puedan seguir considerándose como que están en "relación con el servicio", de acuerdo al contenido y al espíritu de la Nueva Constitución.