La Cola de Rata

El intermediario le pidió sacar su comisión del 5% y la entrega del resto, a lo que el contratista se negó hasta tanto presentara la totalidad de las facturas para ajustar su contabilidad... Por / Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro Hace ya dos años, el 17 de noviembre de 2017, me contactó una persona que había suscrito un contrato de prestación de servicios con la Empresa de Aseo de Pereira para el mantenimiento de unas plantas de tratamiento de aguas residuales por un valor de $250 millones, para que conviniera y lo acompañara a una cita con el gerente de esa entidad. Dicho contrato había sido liquidado el 8 del mismo mes y año y cancelado a los pocos días, pero el contratista quería reversar la liquidación y restituir la suma de $210 millones, pues la ejecución real del mismo no sobrepasaba los $40 millones. Esta persona me manifestó que un personaje perteneciente a los gremios lo contactó y le propuso prestar su nombre por el 5% del monto total. Efectivamente el procedimiento contractual se realizó, fue adjudicado a su firma y durante un poco más de 20 días se ejecutó, una vez finalizado se tramitó el acta de liquidación final y en pocos días le cancelaron la totalidad de la factura. El intermediario le pidió sacar su comisión del 5% y la entrega del resto, a lo que el contratista se negó hasta tanto presentara la totalidad de las facturas para ajustar su contabilidad, las que después de una pugna se le entregaron, pero por el mencionado monto de $40 millones. Esta fue la razón para solicitar mi presencia e intermediación como testigo al momento de acordar el reintegro del dinero para librarse de lo que se configuraba como un presunto delito. La reunión se realizó el 20 de noviembre a las 11 a.m. con el gerente de la empresa en su despacho. Allí el contratista reveló todo lo anterior, ofreció la reliquidación del acta de entrega y se acordó una nueva reunión para realizar este proceso. El día 22 siguiente, mediante un mensaje de Whatsapp, le solicité al gerente de Aseo: “que a la mayor brevedad me indiqué qué acciones se han hecho al respecto”, para lo cual nunca hubo explicación. El día 23 de noviembre estuve en el despacho del Dr. Alberto Salas, Director de la Fiscalía Nacional Especializada contra la Corrupción y allí hice mención de este hecho, pero advirtiendo que ya estaba en conocimiento de autoridades locales y esperaba prontitud en la investigación, igualmente comuniqué la situación a la Personera Municipal. Tuve conocimiento desde el día de la visita al Gerente de Aseo que el Alcalde de Pereira ya conocía este caso, igualmente en la Plenaria del Concejo relaté los hechos y producto de esto el alcalde Gallo ordenó la liquidación del Convenio 3577 de 2017, suscrito ente la Alcaldía a través de la Secretaria de Desarrollo Rural y Aseo de Pereira por $835 millones para ejecutar un plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, remitió carta a la Fiscalía y yo ratifiqué la denuncia ante esta entidad y la Procuraduría. Una pregunta: ¿Cómo sería el manejo dado al resto del recurso de este convenio? Toda esta denuncia quedó en nada, hace pocos días revisando la página web del SECOP conocí que el 27 de noviembre de 2017 Gerente y Contratista suscribieron el Acta de Finalización y Liquidación del contrato, el dinero no se reintegró, nunca se explicaron las razones por las cuales se le adjudicó este contrato a una persona sin experiencia y si el gerente de Aseo le comunicó el desarrollo de la reunión a autoridad alguna. Así queda demostrado el poder del Dirigente Gremial de marras y del actual Concejal que maneja la Empresa de Aseo. Solo queda la gran frustración de que en materia de lucha contra la corrupción nada avanzamos, la administración es más corrupta todos los días y los organismos de control son más ineficaces. Y tal como lo dice un funcionario de la Alcaldía de Pereira, agobiado al ver tanta corrupción y ausencia de autoridad: “hay que ver cómo tantos funcionarios entran en bicicleta y salen en avión”.