La Cola de Rata

El municipio de Pereira está capturado por una bandola de supuestos dirigentes políticos que solo tienen como fin montar una estructura para pagar favores… Escribe / Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro - Ilustra / Stella Maris En agosto del año pasado denuncié ante la Secretaría de Gestión Administrativa, Personería y Contraloría Municipal las actuaciones del contratista de vigilancia Estatal de Seguridad. Estos, mediante la firma de un documento denominado “Flexibilización laboral de mutuo acuerdo”, resolvieron descontar a los 94 trabajadores que prestan el servicio de vigilancia privada en las diferentes dependencias de la administración, la suma de $87.500 mensuales por un periodo de 12 meses contados a partir del mes de mayo de 2020, en cumplimiento del Contrato No 2659 de 2020. Esta denuncia la soporté en el informe que me remitió el Dr. Juan Felipe Trujillo Soto, Inspector de Trabajo y S.S. de la Dirección Risaralda, en respuesta a denuncia que interpusiera en ese ministerio y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada contra Estatal. El ministerio constató en la base de datos de los trabajadores aportada por la empresa, la disminución de sus salarios y la existencia de acuerdos bilaterales suscritos entre trabajadores y empresa, mediante los que ciertamente se acordó reducir el valor de su salario por 12 meses contados a partir de mayo de 2020. Estatal, fruto de millonarios contratos, presta los servicios de “vigilancia privada, para las diferentes dependencias y sitios de trabajo asignados por la administración central del municipio de Pereira en las modalidades de medios tecnológicos, con arma, sin arma y canina”. El pliego de condiciones establece que los salarios establecidos no podrán ser modificados, y por esta razón el precio no fue factor de evaluación en el proceso licitatorio en razón a que estas tarifas mínimas están reguladas por el gobierno mediante Decreto No 4950 de 2007. Hacerlo rompe no solo el ordenamiento jurídico, el equilibrio económico, los derechos laborales, y los principios contractuales del proceso, como son transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva. En suma, transcurridos ocho meses de la vigencia del contrato, a los 94 vigilantes se les ha descontado la suma de $8.225.000 mes y $65.800.000 en el total transcurrido. La utilidad de este contrato es del 8 por ciento de los salarios pagos, o sea de $579 millones. A la fecha la Alcaldía no ha iniciado ninguna investigación relacionada con estos hechos de violación de los términos del contrato y del Pliego de Condiciones que es la ley del contrato, e igualmente nada se conoce de Contraloría y Personería. Pero la situación es más grave. Consultados algunos desprendibles de pago de nómina, observamos que la empresa no cancela los pagos de parafiscales de horas extras, festivos y dominicales, y por tanto lesiona los derechos de los trabajadores en lo relacionado con el salario base para la liquidación de la pensión, cesantías, primas y vacaciones; los denomina “adicionales”. Esto demuestra que el “Interventor” del contrato es un simple “firmón” y pasa por alto la función de vigilancia y garantizar que el contratista cumpla con sus obligaciones, que además son canceladas por el municipio. Está claro que la disminución del salario desmejora la distribución del ingreso de la población, y es inaudito que el patrono mejore su ahorro descontando salarios ilegalmente. El interventor tiene la obligación legal de verificar el correcto y oportuno pago de los aportes parafiscales, puede retener las sumas adeudadas, la omisión de este deber es causal de mala conducta y para el contratista el incumplimiento contractual. Lo anterior enseña que el municipio de Pereira está capturado por una bandola de supuestos dirigentes políticos que solo tienen como fin montar una estructura para pagar favores a los financiadores de sus campañas y cumplir con sus ambiciones. Por eso actúan como cómplices de la corrupción que hunde nuestra sociedad.