fiscal nestor humberto martinez

En otro país, esta agresión del Fiscal Martínez contra la democracia, al igual que su papel en el caso Odebrecht y ocultar las razones que lo llevaron a la irresponsabilidad de nombrar a un Fiscal anticorrupción corrupto, lo habrían sacado de su cargo en un instante. Por: Jorge Enrique Robledo El martes iré a la Corte Suprema de Justicia a decir que no tengo nada que conciliar con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, quien debe retractarse de su acusación embaucadora e ilegal. Primero, porque he probado mis acusaciones en su contra, incluidos sus contratos con Navelena-Odebrecht y la Ruta del Sol (Odebrecht y Grupo Aval). Tan cogido se encuentra, que él mismo tuvo que declararse impedido con respecto a Gina Parody por el Conpes 3817 de 2014 para la vía Ocaña-Gamarra, hecho que, en la práctica, me da la razón. Pero su bárbara agresión en mi contra se agrava por otras razones. Con su denuncia penal pretende la desproporción antidemocrática de borrarme del mapa, condenándome a ocho años de cárcel, multa de mil millones de pesos, pérdida de la investidura de congresista y no poder ser candidato a la Presidencia. ¿El gravísimo crimen de este senador? Haber demostrado que Martínez Neira no era el fiscal idóneo para establecer la verdad total sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia. Y constituye también un abuso su pretensión de que me juzgue y condene la Corte Suprema de Justicia, la misma que lo eligió Fiscal General y a la que asistirá en la investigación en mi contra el CTI de la Fiscalía, cuerpo bajo las órdenes de Martínez Neira. Además, y este argumento prueba que al Fiscal Martínez le importan un pepino la legalidad y los criterios democráticos, al agredirme atropella la inviolabilidad de todos los parlamentarios y partidos por sus opiniones, principio en el que reposa la separación de los poderes y la independencia del Legislativo, es decir, la más elemental idea de la democracia que se supone se practica en Colombia, cuya Constitución establece el deber y el derecho de los congresistas a “ejercer control político sobre el gobierno y la administración” (Art. 114) y que “serán inviolables por las opiniones y los votos que emitan en el ejercicio del cargo” (Art. 185). Dichos derechos fueron confirmados por la Corte Constitucional en su importante Sentencia de Unificación SU 047 de 1999, que los valora al máximo al decir que “solo por medio de la figura de la inviolabilidad, es posible que se cumpla el mandato constitucional según el cual los senadores y representantes deben actuar ‘consultando el bien común’, y no movidos por el temor a eventuales represalias jurídicas”. Tan son pilares de lo democrático estos criterios, que se remontan al inicio de la lucha universal contra todos los despotismos, razón por la cual aparecieron en la Declaración de Derechos de 1689: “Que la libertad de palabra y de debates o de actuaciones en el Parlamento no pueda ser impedida o puesta en cuestión ante tribunal alguno, y en ningún lugar que no sea el Parlamento mismo” y en las Constituciones de Estados Unidos (1787) y Francia (1791): “los Senadores y Representantes (…) no podrán ser objeto de inquisición alguna con motivo de discusión alguna o debate en una de las Cámaras o en ningún otro sitio” y “los representantes de la Nación son inviolables; no podrán ser buscados, acusados ni juzgados por lo que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes”. En otro país, esta agresión del Fiscal Martínez contra la democracia, al igual que su papel en el caso Odebrecht y ocultar las razones que lo llevaron a la irresponsabilidad de nombrar a un Fiscal anticorrupción corrupto, lo habrían sacado de su cargo en un instante. Pero en la Colombia aletargada por “los mismos con las mismas” ello no ha ocurrido, como podría no pasar nada tampoco porque el Consejo Electoral y la Fiscalía logren coronar la impunidad por la financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Santos-Vargas Lleras y Zuluaga-Trujillo. La impunidad del Fiscal, incluida la justicia espectáculo en la que actúa como acusador y juez, no sería posible sin el respaldo de Juan Manuel Santos y de Álvaro Uribe (Unidad Nacional y Centro Democrático), de su copartidario y candidato Germán Vargas Lleras, del primer banquero de Colombia; de DLA Piper, la mayor trasnacional de abogados del mundo, con José María Aznar entre sus cabezas, y de casi todos los formadores de opinión del país. Nada bueno puede salir, les digo a sus sostenedores, al igual que a los todos los colombianos, de mantener a Néstor Humberto Martínez Neira abusando de tanto poder. @JERobledo