La Cola de Rata

Generar animadversión hacia los indígenas, desde la manipulación de imágenes y circunstancias sobre un conflicto absolutamente complejo que no solo requiere imparcialidad, sino objetividad y profundidad en su tratamiento. Por Carlos Victoria El odio racial no ha desaparecido de Colombia, por el contrario se ha exacerbado. El linchamiento mediático de los grandes carteles de comunicación contra la población indígena del Cauca es vergonzoso y despiadado. No han ahorrado calificativos para estigmatizar, desprestigiar y hostigar la resistencia pacífica de los nasa. Todo esto prueba que ni somos una democracia ni mucho menos, pese a la Constitución, somos una nación pluralista. En este contexto la suerte de los indígenas resulta peor que la corrida tras la agresión del invasor europeo hace más de 500 años. Nada ha cambiado. Nuestro país, como dijo el escritor Guillermo Gonzáles Uribe, se parece más bien a un paraíso pero convertido en purgatorio. Al igual que los afros descendientes, los indios han sido relegados a ocupar una posición inferior de modo permanente. Esta característica, argumenta Gargarella (1999) justifica que se defiendan los esfuerzos por mejorar el estatus de los grupos étnicos. Sin embargo esta deuda de la sociedad no solo no ha sido saldada -para preservar la paz social- sino que se les priva en la práctica de legitimar sus derechos políticos. A cambio son objeto del prejuicio de los demás, como sujetos del miedo y el odio. Así como el odio racial no ha desaparecido tampoco la mentalidad feudal de los gobernantes. Los indígenas, para estos sectores, han sido un estorbo en sus pretensiones de implantar la “causa del orden de la prosperidad de la patria y de la civilización” (Escorcia, 1983), tal como imploraba los conservadores desde Cali en 1849, a través del periódico “El Ariete”. Desde la perspectiva racista los indígenas son tratados como estúpidos, inútiles, ignorantes, atrasados e incultos. Cada vez que ingresan a la escena como sujetos políticos son inconvenientes, fastidiosos y hasta subversivos. La minga es tumulto, así como en el siglo XIX la movilización de los artesanos fue la “barbarie de los guaches”. El fracaso histórico de los partidos políticos oligárquicos en nuestros país no ha sido otro que el de declararles la guerra a quienes están por fuera de sus acuerdos; a quienes disienten y no se dejan cooptar. El legado colonial está intacto: la enorme desigualdad económica entre grupos y personas en la distribución de la riqueza material y el capital humano ha derivado en un poder político excluyente (Meisel Roca, 2010). El carácter cerrado de la estructura social del Cauca, desde entonces, ha sido un detonante de la violencia. Esta vez el propósito no ha sido otro que generar animadversión hacia los indígenas, desde la manipulación de imágenes y circunstancias sobre un conflicto absolutamente complejo que no solo requiere imparcialidad, sino objetividad y profundidad en su tratamiento. Instalados cómodamente en sus estudios y cabinas de transmisión en Bogotá, periodistas emblemáticos de las grandes cadenas de radio y televisión azuzaron al pueblo colombiano en contra de las justas exigencias que, en derecho y conforme a los tratados internacionales y la propia Constitución, han planteado los hijos de la Pacha Mama. Ligarlos a grupos alzados en armas, como lo dijo Darío Arizmendi, es ponerles una lápida en el cuello. Sus razones son las mismas que por siglos se han esgrimido para ejercer control social y político. La exclusión y estigmatización que han sufrido por siglos los pueblos originarios es una constante histórica por parte de las élites de diversidad índole, incluyendo las intelectuales; cada vez que la voz indígena clama por justicia, respeto y dignidad es asociada con alevosía como enemiga del orden y las instituciones. El mismo prejuicio de insurgencia con el que algunos miembros de la fuerza pública han asesinado a colombianos indefensos, mediante los mal llamados falsos positivos fue aplicado esta vez desde la hostilidad mediática para justificar lo que ocurriría horas después: la muerte de indígenas en“extrañas y confusas balaceras”, como titularon la mayoría de noticieros, diarios nacionales y regionales. Las lágrimas de un suboficial del Ejército se convirtieron al día siguiente en sangre indígena. Por supuesto que los manipuladores de la opinión no llamaron a la indignación por el homicidio de Lisandro Largo. Más allá si los colombianos toleran o no que los actores armados en contienda deban ocuparse de la guerra por fuera de los territorios indígenas, conforme al artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgado en 2007 y suscrito por el gobierno colombiano, el daño físico y moral infligido es el reflejo de las fracturas que hacen insuficiente la idea de nación como un conjunto de voces e identidades que representan la diversidad y el disenso. La agresión y vulneración de los derechos ancestrales por todos los sectores en pugna, incluyendo la soberbia de las empresas de comunicación, truncan el proyecto de las minorías a vivir en paz, exponiéndolos a ser víctimas de la violencia institucional. El artículo en cuestión señala que “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado. Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares”. ¿Cuántos muertos y heridos más deberán poner los indígenas del Cauca para hacer respetar este artículo? Entre 2007 y 2009 fueron asesinados 177 indígenas, de los cuales 21 fueron nasas. El derecho que tenemos los colombianos a una información objetiva y transparente sobre diversos aspectos del conflicto social y armado, es vulnerado permanentemente. El odio mediático y gubernamental contra los indígenas del Cauca, y del resto del país, por sus posturas frente a la presencia de las fuerzas gubernamentales y grupos al margen de la ley en sus resguardos y centros poblados no se compadece, por supuesto, con el nivel de gravedad de los hechos en los que, desgraciadamente, algunos miembros de estas comunidades han resultado muertos y heridos en cumplimiento de las ordenes presidenciales de responder con violencia a las demandas del retiro de los armados a áreas donde el peligro de las refriegas no resulten riesgosas para la integridad de niños, jóvenes, mujeres y ancianos. Para quienes denuncian que los indígenas son guerrilleros o están infiltrados por estos hay que recordarles los datos escalofriantes del informe de Naciones Unidas “Razones para la esperanza”: En Colombia hay 1.4 millones de indígenas; el 73.65% se concentra en Cauca, Cesar, Córdoba, La Guajira, Nariño, Sucre y Tolima; el 63% vive bajo la línea de pobreza, el 47.6% bajo la línea de miseria y el 28.6% mayor de 15 años son analfabetas. Y hay más datos: entre 2002 y 2009, unos 74 mil indígenas fueron desplazados; entre 2007 y 2009, resultaron asesinados 177. Las etnias más afectadas han sido la awá (60 víctimas) nasa (21), embera-chamí y zenú (cada una con 5). Ellas concentraron el 87 % nacional de las víctimas indígenas. El informe concluye que la estrategia del Estado para proveer seguridad en las zonas rurales sigue gravitando el componente militar sobre los demás. ”En esas comunidades la desconfianza persiste”. El choque de estrategias en resguardos y territorios es el común denominador, mientras se denigra de las formas alternas de lidiar con el conflicto. No es gratuito que la ultraderecha se haya despachado en manada contra el derecho que les asiste a los indígenas a exigir que los dejen vivir en paz. Columnistas como Mario Fernando Prado, relacionado en el pasado por su presuntacolaboración con grupos al margen de la Ley en el Valle del Cauca, es uno de los voceros canallas que instigan el odio racial y el linchamiento mediático. Su actitud neonazi es comparable con la de otros tantos comunicadores que le sirven a la guerra, en la más espantosa impunidad. Esa mentalidad enferma y depravada está enraizada en los más oscuros intereses de los detentadores de un poder cada vez más ilegitimo y decadente, como de hecho los colombianos lo han venido impugnado a través de distintas acciones. Una última aporía: el accionar cruel de la homogeneización partidista, ahora llamada Unidad Nacional, realizada en el sangriento período de la Violencia (Betancourt, 2007) es una de las claves que ayuda a explicar por qué los indígenas experimentan en carne propia el karma de una democracia genocida. El “temor al pueblo”, señalado por este autor y el “miedo a la democracia”, por parte de las élites –según Marco Palacios- hacia sectores subalternos de la sociedad, simplemente da cuenta que los indígenas, en este caso, están por fuera de la construcción de la Nación diseñada a imagen y semejanza de los grupos de poder. Lo dijo con toda claridad esta semana el Procurador Ordoñez: “En Colombia no hay partes. El Estado es uno solo”. O mejor aún lo patentizó Santos en la instalación del Congreso: mientras pedía un aplauso para los militares, ignoró por completo a los Nasa. La discriminación y el exterminio de los indios se hacen a nombre de una soberanía inexistente y un orden institucional quebrantado por la narcorrupcion que carcome, ese si, cualquier rincón del país.