La Cola de Rata

Entonces, el método adoptado por el equipo técnico del municipio, responsable de la liquidación del contrato, fue el recomendado por los delegados de INFIPEREIRA y, ¡vaya coincidencia!, el solicitado por ENELAR: “valorización de las inversiones realizadas no recuperadas”. Por James Fonseca En junio de 2015, cumpliendo una sentencia del Tribunal Administrativo de Risaralda, confirmada por el Consejo de Estado, se liquidó el contrato de concesión No.01 de 1999, celebrado entre ENELAR y el Municipio de Pereira, para la operación del alumbrado público de la ciudad. Unos meses después la Corporación VIGÍA Cívica denunció públicamente que en esa liquidación existía un detrimento para Pereira, con una clara connotación dolosa, puesto que los funcionarios municipales estaban advertidos, por el estudio que el mismo Municipio había contratado con la abogada Marta Lucía López, que las cuentas finales demostraban que ENELAR le quedaba debiendo a la ciudad $8.700 millones, pese a lo cual, firmaron un pacto para la liquidación, comprometiendo al Municipio a pagarle a ENELAR $5.442 millones. Es decir, el Municipio no solo dejó de cobrar lo que le debían, sino que, adicionalmente, entregó a los deudores una suma que no les debía. También denunciamos que, después de recibir el informe de la abogada, agentes del municipio le pidieron rescindir el contrato y, además, aunque el compromiso fue pagarle a ENELAR los primeros $2.000 millones en 2015, el gobierno municipal terminó pagándole $500 millones más ese año. Un favorecimiento inaceptable. Entonces, la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría Municipal de Pereira aceptó nuestra queja y gestionó una auditoría “exprés”, cuyo resultado nos ha comunicado en la semana anterior. En ese documento encontramos la respuesta a eventuales preguntas sobre lo que hicieron los liquidadores del contrato para hacer aparecer rojo lo que era negro. Revela que, no obstante tener un contrato de asesoría con la abogada Marta Lucía López, el Municipio recurrió a la asesoría de dos funcionarios delegados por INFIPEREIRA, quienes recomendaron el modelo de liquidación “más beneficioso” para la ciudad. Entonces, el método adoptado por el equipo técnico del municipio, responsable de la liquidación del contrato, fue el recomendado por los delegados de INFIPEREIRA y, ¡vaya coincidencia!, el solicitado por ENELAR: “valorización de las inversiones realizadas no recuperadas” Ese equipo ignoró que la Contraloría General de la República, en el curso de una “función de advertencia”, comunicada al Municipio en septiembre de 2012, había dictaminado que: “era claro que la inversión realizada con recursos propios del contratista ya había sido recuperada y gran parte de ella fue realizada con recursos generados por el mismo Impuesto de Alumbrado Público cancelado por los contribuyentes del municipio de Pereira.” La conclusión contable del bien documentado estudio de la Contraloría Municipal de Pereira arrojó las siguientes cifras: a) $5.367.746.437, efectivamente cancelados por el Municipio a ENELAR S.A, durante los años 2015 y 2016 y b) aproximadamente $8.286.000.000 que ENELAR Pereira S.A. E.S.P, debió reintegrar a favor del Municipio, por concepto de la inversión no efectuada en la expansión de infraestructura durante el periodo 2010 al 2014. La relación de hallazgos de la Contraloría de Pereira, “por la aplicación indebida del modelo económico para la liquidación del contrato de concesión No. 001 de 1.999”, con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales, tiene una cuantía aproximada de $13.653´746.437. Como un elemental acto de justicia agradecemos a la Contraloría Municipal de Pereira su empeño para conseguir el resultado que hemos consignado. Sí consideramos que en poco más de 1 año revisó las cuentas de los 16 años de este contrato, además de atender el trabajo cotidiano, debemos admitir que su labor fue realmente esforzada. Aunque tampoco es nuestra costumbre hacerlo públicamente, dejamos aquí consignado, en nombre de la ciudadanía de Pereira, nuestro agradecimiento al equipo de practicantes de Ingeniería Financiera de la Universidad Libre Seccional Pereira, que en su momento nos ayudó a verificar las cifras que sirvieron de fundamento a nuestra denuncia pública. En este caso, por parte de VIGÍA Cívica, queda hecho el trabajo de “Control social del gasto público” y también la eficiente investigación de la Contraloría de Pereira. Esperamos una gestión del Municipio, para recuperar su pago de lo no debido y cobrar lo que le quedó debiendo ENELAR, hecha con similar energía y celeridad.