La Cola de Rata

El coronel (r) Julio César Prieto Rivera, excomandante del Batallón Luciano D’elhuyar, no se arrepiente de haber combatido a los ‘paras’ y contribuido a hundir a los ‘parapolíticos’ santandereanos. Segunda parte de la entrevista exclusiva a este testigo clave de la Corte Suprema de Justicia, quien no se explica por qué no fue ascendido a general. Por: Pastor Virviescas Gómez* El bien siempre triunfa sobre el mal. Eso es lo que insiste en expresar el coronel (r) Julio César Prieto Rivera, el oficial del Ejército colombiano que con su testimonio contribuyó a que la Justicia hallara culpables y condenara a reconocidos ‘parapolíticos’ como Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, Luis Alberto Gil y Óscar Josué Reyes. Hoy Prieto Rivera, custodiado por soldados y atendiendo esta entrevista en el Batallón Caldas de Bucaramanga, donde por su seguridad debió pasar la noche, sostiene que únicamente se callará cuando haya sido reparado su honor de tantas descalificaciones que se lanzaron en su contra para torpedear su lucha contra los paramilitares y de paso bloquear su carrera militar. ¿En qué momento usted como comandante del Batallón Luciano D’elhuyar se da cuenta no se está metiendo con ‘pesos livianos’ del ámbito local sino con ‘pesos pesados’ a nivel regional? En enero de 2004, un mes después de haber recibido el mando, me abordan en mi oficina cinco hombres y una mujer, que van a hablar para que les devuelva unos radios que les habíamos quitado a los paramilitares en una operación, pero ellos me dicen que no eran paramilitares sino campesinos que velaban por la seguridad de la zona. Y en esa conversación esos supuestos finqueros me ofrecen a nombre de Alfredo Santamaría, cuarenta millones de pesos mensuales por dejarlos ‘trabajar’ y ‘cinco muertos con fusil’. Yo les digo textualmente: ‘Voy a hacer de cuenta que no escuché nada, pero díganle al tal comandante Santamaría –a quien yo no conocía y en la Oficina de Inteligencia del Batallón no había un solo registro de información de Alfredo Santamaría, ni una fotografía, no había ningún dato que permitiera demostrar un esfuerzo de inteligencia para combatir esas estructuras y cuando yo llegué al Batallón Alfredo Santamaría llevaba ya siete años delinquiendo en la zona–, que tiene cuatro posibilidades: que me abandone la zona con sus hombres, que se acoja al programa de desmovilización que ofrece el Gobierno Nacional, que lo capture o que muera en combate. Y los eché de mi oficina. Después de que salen, como yo tenía un libro en el que anotaba el nombre y la cédula de todo el que iba a hablar conmigo para verificar antecedentes, averiguo quiénes eran, y las personas que hablaron ese día conmigo eran un señor residente en el sector de Santo Domingo del Ramo, de apellido Avellaneda, quien resultó ser el padre de un sujeto llamado Gilberto Avellaneda, alias ‘Tres turmas’ o ‘Tres huevas’, que era un cabecilla del frente ‘Ramón Danilo’. La mujer que iba con los cinco hombres respondía al nombre de Olga Gómez, más adelante me doy cuenta que era la compañera permanente de Alfredo Santamaría, el cabecilla del frente ‘Ramón Danilo’. Iba un abogado de nombre Walter Sánchez, y posteriormente en una Ong que denuncio que era de los paramilitares y que la tenían como fachada para tramitar recursos ante el Gobierno Departamental y ante el Gobierno Nacional, ese Walter Sánchez era el presidente ejecutivo de esa Ong, y luego ese Walter aparece un año después en unas grabaciones cuando en un trabajo de inteligencia contra los paramilitares interceptamos las líneas telefónicas que permitieron conocer los nexos del gobernador Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, los nexos de Luis José Arenas Prada, los nexos del mismo Walter con esas estructuras. Cuando esa gente me hace ese ofrecimiento, ya empiezo a ver que hay algo muy grande detrás de todo el desempeño del Batallón y de ese compromiso de la Fuerza Pública con las estructuras paramilitares. En marzo de ese mismo año 2004, cuando me encontraba en El Carmen de Chucurí y estaba pagándoles a los soldados campesinos, fui abordado por un sujeto a quien conocían con el apodo de ‘Jaime Pollo’ o Jaime Contreras, por uno de los más grandes compradores de cacao en el casco urbano, Rito Antonio Lizarazo, y por un político del orden departamental, Luis José Arenas Prada. Ellos me buscan y van a hablar a nombre de Alfredo Santamaría. Me dicen que están preocupados por mi actividad y por las sindicaciones que yo estoy haciendo en medios públicos a Alfredo Santamaría del frente ‘Ramón Danilo’ de vínculos con el narcotráfico. Ellos me dicen que el que trabaja con el narcotráfico es el comandante alias ‘Nicolás’, el de la Aragua. Ese político, ese empresario y ese otro comerciante me dicen, hablando en primera persona, que ellos junto a Alfredo Santamaría me ofrecen entregarme a ‘Nicolás’ a cambio de que los deje solos. Entonces cómo alguien de la dirigencia de este departamento y le dije a él: usted es autoridad como soy yo, entonces cómo va hacer ese ofrecimiento. A partir de ahí ese político se convirtió en un gran detractor mío y me denunció en repetidas ocasiones. ¿Entonces se percata que hay ‘duros’ metidos en la ‘movida’? Empiezo a darme cuenta, porque ya los resultados en contra de los paramilitares se iban dando. A la par con eso, empieza una campaña de desprestigio en mi contra en medios de comunicación como el periódico El Frente y como Portada, que a veces replicaban otros como Vanguardia Liberal, en donde me acusaban de vejámenes y atropellos en contra de la población civil, de persecución de manera injusta de pobladores que eran supuestamente inocentes campesinos. Y se va armando un engranaje y empiezan a repartir volantes en la región, donde me acusan a mí de diversos delitos, de conformación de grupos que actuaban delinquiendo y que supuestamente se hacían pasar por los paramilitares. Es un trama que la vengo a entender más adelante, porque lo que hacen es ir desprestigiando, deteriorando mi imagen y desvirtuando la real labor que estábamos haciendo en cumplimiento de la Constitución Nacional. En junio de 2004, después de yo haber denunciado un peaje que tenían los paramilitares en el sector de El Topón, antes de llegar a El Carmen de Chucurí y donde se parte para El Centenario –un peaje que era autorizado por la Alcaldía de El Carmen de Chucurí–, lo denuncio ante el gobernador de Santander (Hugo Heliodoro Aguilar naranjo) porque sé que era de los paramilitares y que lo tenían a nombre de las juntas de acción comunal. El gobernador Aguilar delega en el secretario de Gobierno, Óscar Josué Reyes Cárdenas, para que atienda ese problema. Nunca suspenden el peaje y, por el contrario, siguen recaudando plata para los paramilitares. En las interceptaciones telefónicas de diciembre sale a relucir ese peaje, y en el mes de junio después de las denuncias del peaje convocan a una reunión en la Quinta Brigada de Bucaramanga. A ella asisten más o menos cuarenta personas y entre las autoridades estaba presente el secretario Reyes Cárdenas y el diputado Luis José Arenas Prada, y en esa reunión me acusan de cantidad de arbitrariedades. Hago el reclamo por el peaje existente que no han tomado acción. Luis José Arenas Prada, que fue el político que me buscó en el mes de marzo en la base de El Carmen de Chucurí para proponerme a nombre de Alfredo Santamaría capturar a Ciro Antonio Díaz Amado, alias ‘Nicolás’, me increpa. Y yo le digo a Arenas Prada que él me había hecho esa propuesta, pero él lo niega. Hago el reclamo por el peaje y Óscar Josué Reyes me dice al oído: ‘Coronel, usted es un tipo muy joven, usted es inmaduro, usted todavía no conoce la vida. No se meta con esa gente -refiriéndose a los paramilitares-. Usted es una ficha de ajedrez y lo pueden mover. ¡No joda tanto!’. Esa petición del entonces secretario de Gobierno Departamental me mostró los tentáculos que tenían los paramilitares en diversas autoridades del orden ya departamental, no solamente municipal como lo había percibido en otras autoridades. ¿En vista de que el asunto se estaba poniendo ‘peludo’, en algún momento usted contempló dejar las cosas así o pedir traslado o hacerse el que no veía nada, sobre todo pensando en que para llegar a general era mejor no meterse con ese tipo de ‘personajes’? Yo no pensaba en eso. Yo pensaba que por estar haciendo las cosas bien, como en efecto las hice, era la mejor carta de presentación para cualquier aspiración laboral y lo sigo pensando. O sea, yo no me arrepiento de lo que hice. Hay gente que me dice que fui un tonto al haber enfrentado el problema como lo enfrenté. No, yo hice las cosas bien, y producto de eso la región retornó a la calma y le ayudé a muchas familias a encontrar gente que tenían desaparecida, así fueran osamentas. Producto de eso evité que los paramilitares siguieran incorporando gente. Si alcancé a sentir ese temor, pero no me amilané, porque es que el bien siempre debe triunfar sobre el mal, y yo estaba haciendo las cosas bien. Se lo digo con modestia: si hoy hicieran una encuesta en San Vicente de Chucurí y todos los pueblos de esa región de la imagen que once años después guardan de este servidor como soldado, el concepto va a ser alto, porque la gente valora ese trabajo. Después de que empecé a evidenciar que en efecto había políticos y autoridades de diferente orden vinculados con los paramilitares, pues me dije: este es un problema grave. Y eso me obligó a ir armando un archivo personal que son decenas de carpetas, pero no es que haya sustraído documentos del Batallón, sino que guardaba una copia para mí, porque yo presentía que en el futuro podía tener problemas, pero no me imaginaba de qué índole. Esos archivos personales son los que me han permitido demostrar la verdad y salir avante ante cantidades de injurias, de calumnias y de amenazas que se han proferido en mi contra. ¿El ‘campanazo’ para usted es ese Consejo de Seguridad que le cae por sorpresa con el presidente Álvaro Uribe Vélez a bordo? Antes de ese Consejo de Seguridad, durante tres meses inundaron con volantes y noticias en los periódicos como ambientando para venderle la idea al Gobierno Nacional de que me sacaran. Es más, en junio de 2004 me manda a llamar a Bucaramanga el comandante de la Quinta Brigada, el general Édgar Ceballos, a quien respeto, aprecio y valoro porque siempre me apoyó y siempre fue mi respaldo, porque ya existían informaciones de amenazas y en ese primer semestre de 2004 un capitán y un sargento habían negociado la muerte mía en 70 millones de pesos con el comandante alias ‘Nicolás’ y por otro lado habían negociado mi muerte con dos soldados campesinos en 120 millones de pesos. Todo esto está documentado en las entrevistas de los desmovilizados, e inclusive hay hasta fotografías y audios que soportan todo. El general Ceballos me dice: ‘Hombre, Prieto, el mando está preocupado por ti. A vos te van a ‘envainar’, te van a ‘embalar’ o te van a matar. Te vamos a trasladar. Queremos que escojas unidad. ¿A dónde te quieres ir?’ El problema con los paramilitares ya iba controlado en un 25 o en un 30 por ciento y le dije: ‘Mi general, ¿usted me está diciendo que me van a trasladar por el hecho de estar cumpliendo el deber? ¿Por qué en vez de trasladarme no ordenan investigar a los oficiales que estuvieron antes de mí en ese cargo y que permitieron que el Batallón Luciano D’elhuyar llegara a ese grado de corrupción y que esa zona sufriera el grado de tormento al que la estaban sometiendo los paramilitares? Mi general, si me trasladan yo pido la baja y me voy para una Ong y armo un escándalo, porque yo no voy a aceptar eso’. Con lágrimas en los ojos se lo dije, y mi general me dijo: ‘Cálmate Prieto. Llama al comandante de la Segunda División, general Luis Fabio García Chávez, y le informas lo que yo te he dicho’. Llama al comandante del Ejército, general Martín Orlando Carreño Sandoval, y él les da la orden a los comandantes de la Brigada y de la División que yo les haga un informe ejecutivo. Yo les hago un informe de más de diez páginas del que guardo copia, dirigido al comandante de la Brigada para que se lo mande al comandante del Ejército, en el que le expongo la problemática que se estaba viviendo, lo que percibía, las relaciones de la clase dirigente con los paramilitares, la campaña de desprestigio en mi contra, todo lo que yo percibía. El general Ceballos me dice que listo, pero yo le dije que necesitaba ir a Bogotá a entregarle este informe a mi general Carreño, y me autorizaron. Viajé a Bogotá en junio de 2004 y hablo con el comandante del Ejército lo que dura el noticiero Caracol del mediodía, él era mirando el noticiero y hablando conmigo. Yo le cuento todo y le entrego el informe. Él me dice: ‘Mire, Prieto, usted se ha convertido para mí en un tema insostenible porque el presidente (Álvaro) Uribe Vélez ha dado tres veces la orden de relevarlo. La última orden me la dio hace dos noches en una comida en el Palacio de Nariño. Con todo lo que usted me ha contado, yo no lo voy a relevar, pero si el Presidente me vuelve a dar la orden yo le pido el favor que lo escuche a usted y viene y habla con él’. Ahí entendí que toda esa campaña de desprestigio y todo lo que había ocurrido en mi contra durante ese primer semestre, era para soportar las peticiones que muy seguramente mandatarios, llámense senadores, llámense representantes a la Cámara o llámese gobernador, le habían expuesto al presidente para que me trasladaran. Porque qué imagen vendían: de un oficial que estaba atormentando a la población. Allá no decían que estaba combatiendo a los paramilitares y que estaba limpiando la zona. El presidente Uribe no vuelve a solicitar mi traslado y pienso que los políticos vieron que esos intentos no habían dado resultado, entonces es como lo convencen para que en el mes de octubre de 2004, tres meses después, convoquen a un Consejo de Seguridad Presidencial en El Carmen de Chucurí. ¿Quiénes asistieron a ese Consejo en la iglesia de El Carmen de Chucurí? Es muy curioso: de ese Consejo primero hay que decir que no hay ningún audio, ningún video y ningún acta. ¿Por qué? No lo sé. Solamente existen unas fotografías que tomó un escolta mío. Fotografías que yo guardo y que he anexado en la Corte Suprema y en todas partes. En la mesa principal estaba el presidente Uribe Vélez, a su izquierda estaba el gobernador, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, posteriormente condenado por vínculos con el paramilitarismo; al lado derecho estaba el alcalde Félix Gómez, quien no sé si fue condenado pero indudablemente fue electo con el apoyo de los paramilitares. A la derecha estaba la dirigencia política: el senador Luis Alberto Gil Castillo, condenado años más tarde por nexos con grupos paramilitares; estaba Iván Díaz Mateus, condenado también posteriormente por la Justicia colombiana; estaba Luis José Arenas Prada, quien no ha sido condenado pero acaba de retractarse de una cantidad de comentarios injuriosos y calumniosos que hizo en mi contra. El mismo Arena Prada que aparece mencionado por los paramilitares, no lo digo yo, en interceptaciones telefónicas en las que se habla abiertamente de su contubernio y su participación con esas estructuras ilegales. También estaba Carlos Higuera Escalante, que también fue condenado por sus vínculos con los paramilitares. Alfonso Riaño Castillo también estaba y quien posteriormente fue condenado dentro del mismo escándalo de la ‘Parapolítica’. Al frente estaba el pueblo, los que se quejaban, que eran quejas acomodadas, orquestadas… Y al lado izquierda estaba la dirigencia del Gobierno, ministros, comandantes de las Fuerzas Militares. Entonces uno analiza esas fotografías, los temas que se trataron, en donde el gobernador Aguilar Naranjo después del Consejo en un recinto cerrado pide mi cabeza, y uno dice: todo esto que pasó indudablemente fue organizado para obligar el traslado mío. Aguilar Naranjo pide mi relevo; el presidente no lo autoriza, y continúo, pero ahí ya dije: esto es un problema de ‘ligas mayores’. Entonces este problema no nació en el año 2007 cuando yo pongo la denuncia, sino en el año 2003 cuando llego al Batallón Luciano D’elhuyar y empiezo a combatir los paramilitares. Yo he venido siendo objeto de una persecución por parte de los paramilitares y de la dirigencia política santandereana con vínculos con esas estructuras ilegales desde el mismo momento en que llegué a San Vicente de Chucurí, y esa persecución hoy continúa. ¿Por qué continúa? Porque he seguido siendo amenazado. Hace un mes recibí una llamada amenazante y hace unos días recibí un sufragio invitándome a mi propia muerte. El tema es complicado y yo lo enmarco dentro de todo lo que hice en el departamento de Santander contra los paramilitares. Finalmente lo trasladan, estalla en forma el escándalo de la ‘Parapolítica’ y luego usted se convierte en el testigo clave que permite con su testimonio, así como el de otras personas, lleve a la Corte Suprema de Justicia a procesar y condenar a Aguilar, Gil, Riaño, Reyes e Higuera, entre otros. Pasa el Consejo de Seguridad Presidencial en diciembre de 2004 y en diciembre de ese año capturamos a Alfredo Santamaría Benavides, alias ‘El gordo’, y a Roso Santamaría Benavides, alias ‘Ovidio’, cabecillas del frente ‘Ramón Danilo’, pero previamente se realiza un trabajo de interceptaciones telefónicas legal con la Fiscalía General. Después de las capturas en Puerto Boyacá las líneas siguen interceptadas en poder de Olga Gómez, la compañera sentimental de Alfredo Santamaría. Y el 2 de diciembre, día de las capturas, se generan diferentes diálogos y allí aparecen nombrados de manera clara Luis José Arenas Prada, Félix Gómez, el gobernador Aguilar Naranjo, Walter el abogado del que ya hablé… y todos esos testimonios quedan en la Fiscalía. Salgo trasladado cuando completo los dos años en San Vicente de Chucurí, llego a trabajar al Batallón de Policía Militar Número 15, donde permanezco un año, y llega el 2007. Y en ese año hay unos allanamientos en San Rafael de Lebrija, en lugares habitados por paramilitares. En esos operativos incautan propaganda política y a raíz de eso se inicia esa investigación que vinculaba a personalidades aforadas, entonces el caso lo asume la Corte Suprema de Justicia. Escuchan a unos desmovilizados y ellos le dicen a los magistrados que si quieren saber de paramilitarismo en Santander, entrevisten al comandante del Batallón Luciano D’elhuyar ‘que nos dio muy duro’. Entonces me llama la Corte Suprema a declarar, y cuando empiezan a preguntarme por Hugo Aguilar, por Luis Alberto Gil, por toda esa gente, entonces yo saco mi archivo personal y le empiezo a entregar a la Corte lo que yo contaba de ese trasegar mío en esa región, que eran documentos que no tenían en ellos y que estaban en otros entes del Estado pero no sabían que existían: las interceptaciones telefónicas, entrevistas de desmovilizadas no solo realizadas por el Batallón sino ratificadas por el CTI que se convertían en informe de Policía Judicial, los anónimos, el testimonio mío, el testimonio de diversos campesinos que en la región por donde yo pasaba me manifestaban lo que había ocurrido en la época electoral y empieza a desarrollarse todo este tema, en donde yo declaro en nueve oportunidades, no solo en la Corte Suprema sino en la Fiscalía Antiterrorismo y en la misma Procuraduría General, dentro de los procesos que vinculaban a Hugo Heliodoro Aguilar, a Óscar Josué Reyes, a Luis Alberto Gil, a Alfonso Riaño, entre otros, y así me convierto en testigo de la Corte Suprema de Justicia. ¿En todo este tiempo usted buscó a Horacio Serpa Uribe -luego gobernador de Santander y ahora senador-? ¿Él lo buscó a usted? ¿Hubo alguna relación que permita afirmar, como dicen algunos defensores de oficio de los ‘parapolíticos’, que todo forma parte de una persecución maquinada por el exministro samperista? Nunca en mi vida he cruzado una palabra ni personal ni telefónica con Horacio Serpa. A Serpa no lo conozco en persona, ni al senador liberal Hugo Serrano Gómez, porque también me endilgaban eso. Pero ya que lo pregunta, yo le encuentro una explicación: cuando declaro en la Corte Suprema por primera vez, ocho días después Hugo Heliodoro Aguilar siendo gobernador de Santander me llama a mi celular. Tan pronto me llama y me doy cuenta que es él, yo activo la grabadora de mi aparato. Él en esa llamada, que dura cuatro minutos, me increpa y su motivo era preguntarme si era verdad que yo había declarado en un estrado judicial, y que si lo que yo había dicho lo comprometía a él. Eso era lo que él quería saber. Yo le respondo de manera elegante que consulte en la Corte Suprema. Cuelgo la llamada y ocho días después me llama su jefe de seguridad, Fredy Gómez Cadavid. También grabo esa llamada. Él actuando a nombre de Aguilar Naranjo, porque dice ‘es que me pidió el de bigote que lo llamara’, me amenaza con acabarme mi carrera si seguía hablando en el proceso de la ‘Parapolítica’ y me dice que ‘esa carrera tan bonita se me iba a acabar si seguía hablando’. ¿Qué buscaban ellos con eso? Que me retractara, que me abstuviera de seguir declarando o que cambiara mi versión, cosas que nos hice. A partir de ahí, se inicia una defensa mediática por parte de Hugo Heliodoro Aguilar. Defensa mediática, no jurídica. Entonces en todo medio de comunicación que lo entrevistaban, porque ya se difundió que la Corte Suprema le había compulsado copias, él decía que eso era un montaje del coronel Prieto Rivera, y en cada medio iba ampliando: que era en contubernio con el senador Serrano, con Horacio Serpa, que yo había pagado a desmovilizados, que tenía las declaraciones escritas y certificadas ante notario de desmovilizados que atestiguaban que yo les había pagado sumas entre 20 y 30 millones de pesos para declarar en su contra, en otro medio decía que yo tenía vínculos con el narcotráfico, en otra parte que yo había desaparecido gente… Aparece entonces Luis José Arenas Prada ayudándolo y dice que le iban a hacer un atentado en Yarimay que era yo. Habla del evento de cuando en la Brigada se presentó la reunión con los 40 campesinos. Defensa mediática porque Aguilar Naranjo nunca presentó una denuncia en mi contra, entonces yo hago la pregunta: ¿por qué nunca me denunció? ¿Si yo estaba acusándolo y tenía ese complot con esos políticos que no conozco por qué nunca me denunció? Lo que Hugo Heliodoro Aguilar nunca calculó es que Julio César Prieto no es pendejo, y el 2 de noviembre de 2007 instauré la denuncia por injuria y calumnia, y por amenaza a testigo porque cuando él me amenazó yo era testigo de la Corte Suprema y él era aforado. Ese fue el proceso que inició y que está próximo a culminar de una manera abrupta, porque lo ideal hubiera sido que culminara con una condena para Hugo Aguilar y para Luis José Arenas Prada, pero desafortunadamente todo apunta a que va a culminar de otra manera. ¿Cuántos años ‘durmió’ o ‘roncó’ su denuncia sin que nadie moviera un dedo? Eso es muy triste. La denuncia fue instaurada el 2 de noviembre de 2007 en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema, y la Fiscalía la remitió a la Fiscalía de Santander, donde le correspondió inicialmente a la Fiscalía 12 local, donde duró un tiempito y luego se la reasignan a la Fiscalía 2 local, donde dura cerca de siete años sin que se instruyera, cuando todo el acervo probatorio estaba condensado: audios de las declaraciones, vídeos e impresos de todas las calumniosas, injuriosas y amenazantes afirmaciones que hicieron en mi contra. Pasan los siete años sin que se mueva eso. Viendo que estaban jugando a dejar prescribir esa denuncia, empiezo a enviarle ‘miles’ de peticiones a la fiscal segunda local. Como no atendía mis peticiones, presenté queja formal en el Consejo Superior de la Judicatura en el año 2013, y también ante la Procuraduría General de la Nación y ante el Fiscal General de la Nación. A la Procuraduría le solicité el nombramiento de una veeduría especial. Nombran a una procuradora acá en Bucaramanga como veedora especial y la doctora va y mira el expediente y dice que no hay nada anormal, cuando llevaba siete años ‘durmiendo el sueño de los justos’. Viendo eso, dije: no tengo nada que hacer. Pero seguí insistiendo en esas peticiones ante los entes de control y el 11 de marzo de 2015 la fiscal segunda me llama a ampliación de denuncia siete años y medio después, cuando es la primera actuación procesal que se debe hacer en cualquier denuncia. Yo asisto en compañía de mi abogado a esa diligencia de ampliación de denuncia y evidencio que la fiscal segunda local no conocía el expediente. El CD que yo anexé con todas las pruebas en noviembre de 2007, no lo encontraba, y de hecho no lo encontró. Y me doy cuenta que solo había calificado la calumnia, desconociendo la injuria y las amenazas a testigo. En la demanda de 2007 yo la instauré contra Luis José Arenas Prada y Hugo Heliodoro Aguilar, y ella solo tenía vinculado a Aguilar. En esa audiencia le hago ver que no está Arenas Prada, que falta la injuria y que faltan las amenazas a testigo. Logro que la fiscal incluya eso. Ella en esa diligencia me manifiesta en presencia de mi abogado que el abogado defensor de Aguilar Naranjo, el abogado John Franco, está interesado en retractarse. Yo le manifiesto a la fiscal que mi deseo es que esa investigación llegue hasta las últimas consecuencias y que si ellos se van a retractar, que la ley lo permite, que lo hagan, pero es ella la que avala, porque yo deseo que eso llegue hasta las últimas consecuencias. Después de esa diligencia se produce la ruptura procesal y queda el delito de injuria y calumnia contra Hugo Aguilar y Luis José Arenas, y se lo quitan a la fiscalía segunda local y se lo mandan a la Fiscalía 26 local, y se crea el delito de amenaza a testigos. ¡Siete años y medio después!, y se lo envían al fiscal cuarto seccional de Bucaramanga. Estamos hablando de abril de 2015, entonces sabiendo que se van a retractar -que fue lo que me dijo la fiscal segunda-, le presento a la fiscal 26 un derecho de petición el 7 de mayo diciéndole que si acoge la retractación, mi petición como víctima y demandante es que la haga bajo estos términos, y le enuncio los textos donde se corrigieran todas las cochinadas que habían dicho en mi contra. Posteriormente el 22 de junio la fiscal 26 me llama a una diligencia que ella denomina audiencia de conciliación. Asisto, también lo hace el abogado John Franco, quien está chateando permanentemente con Aguilar Naranjo mientras está en la diligencia, hablan de retractarse y empiezan a hacerlo con base en el memorial que yo pasé el 7 de mayo. Yo hago la salvedad de que esto no es una conciliación y que esto llegue hasta las últimas consecuencias. Que si se van a retractar que lo hagan de acuerdo al memorial, y esa diligencia termina con la manifiesta intención del abogado John Franco de que se van a retractar. Empiezo a esperar la retractación pero pasan los días y en el documento yo decía que me informaran cinco días antes de retractarse y nadie me informó nada. Alguien de Bucaramanga me manda un mensaje de que Luis José Arenas había publicado algo en El Frente y empezaron a publicar cada veinte días o cada mes una retractación, entonces yo dije: ¿cuándo se va a acabar esto? Y el delito próximo a prescribir, porque prescribe el 13 de octubre. Entonces empiezo a generarle a la fiscal 26 derechos de petición solicitándole se haga la audiencia de imputación de cargos y le genero cuatro derechos de petición entre el 25 de junio y el 1 de septiembre, y no me los responde. Como no responde, la entutelo, la tutela la aceptan y cuando la fiscal se da cuenta me responde los derechos de petición diciéndome que la retractación está en etapa de verificación y me dice que comparte conmigo la preocupación de la prescripción pero que está en etapa de verificación. Yo le hago otro derecho de petición y le digo que no le encuentro lógica jurídica a que ella manifieste estar compartiendo la preocupación de la prescripción pero que no les ponga un término cerrado a los demandados para que se retracten. Es ahí cuando ella convoca la audiencia de imputación del 22 de septiembre a la que el abogado John Franco no asiste aduciendo que tiene otra diligencia y Aguilar tampoco va, haciendo llegar una excusa médica de la Fundación Cardiovascular diciendo que tiene una incapacidad de tres días por un “dolor cordial”. La demanda no tuvo la celeridad y en cuatro meses la fiscal 26 a punta de peticiones y de tutelas hizo lo que no hicieron los otros funcionarios en ocho años. Eso en lo que tiene que ver con la injuria y la calumnia. La de amenaza a testigos en abril la recibe el fiscal cuarto seccional e inmediatamente le presento un derecho de petición solicitándole que por competencia la envíe a la Corte Suprema. El fiscal no me responde, así que lo entutelo, aceptan la tutela y el fiscal me responde que en efecto se la va a enviar a la Corte Suprema. Este proceso ha sido a punta de presiones con lo que le brinda a uno la Ley, pero no porque la Justicia haya querido operar de manera pronta y oportuna, y sobre todo porque haya querido hacer valer mis derechos como víctima. ¿Qué silenciará a Julio César Prieto? (Suspira) Hay muchas cosas detrás de esto. Considero que las amenazas que me profirieron respecto de que si seguía hablando en la Corte Suprema mi carrera se iba a acabar, se cumplieron. Porque nunca he podido entender cómo es que llegué a la instancia de concursar para la dignidad de general, ocupando el tercer puesto entre 70 coroneles que llegamos a esa instancia, el primero de mi especialidad, con una hoja de vida impoluta, siendo el único oficial de la Fuerza Pública en la historia que haya tenido el carácter y la entereza de denunciar a políticos en ejercicio por vínculos con estructuras paramilitares, que no tenga tacha en mi hoja de vida, pero sea descalificado por la Junta de Generales. Yo interpreto que las amenazas que me hizo Hugo Aguilar Naranjo se cumplieron. ¿Cuándo me voy a callar? Cuando las demandas que tengo en curso se acaben y haya un fallo justo. En este proceso de injuria y calumnia parece que se van a retractar o va a prescribir; instauraré las acciones que sigan y que busquen hacer valer mis derechos. En la demanda de amenaza a testigos habrá un fallo. ¿Cuándo? No lo sé. Y hay una demanda administrativa en contra del Estado para que sea un tribunal quien determine si mi hoja de vida reunía las condiciones que ameritaban o no el llamamiento mío a general. El día que esas investigaciones concluyan, ese día me se quedaré callado. Esta entrevista la estamos haciendo dentro del Batallón Caldas, en lugar de hacerla en la terraza de un hotel porque usted requiere protección especial. ¿Teme que alguien quiera ‘borrarlo del mapa’? Soy consciente que me he enfrentado a gente muy poderosa y soy consciente que tengo enemigos, porque no solo la gente que ha pagado cárcel por mi trabajo investigativo, por mis declaraciones, por mis pruebas, me puede hacer daño. Esa gente tiene fanáticos. Hay gente que los adora. Hay gente de la institución que yo denuncié o puse en evidencia y fueron retirados por la facultad discrecional. Así que enemigos hay muchos y sí temo que me pueda pasar algo. Lo manifesté hace un rato y vuelvo y lo repito: el 4 de agosto me hicieron una llamada amenazante y hablaban de Santander. ‘Que dejara de estar mariquiando en Santander. Que dejara de tirármelas de gallito fino. Que para gallito, gallito y medio. Que me iban a dar piso’. Eso está denunciado en la Fiscalía, y no son palabras al viento.Y el 8 de septiembre recibí un sufragio en mi residencia, marcado a mi nombre. Yo sé que corro peligro y por ese peligro me tocó pelear jurídicamente un esquema de seguridad que me provee la institución y que me acompaña las veinticuatro horas. Pero igual el bien siempre va a estar por encima del mal y yo no he actuado mal. Los malos son los que han pagado cárcel, los malos son los que siguen tratando de hacerme daño, los malos son los que se valen de argucias jurídicas para evadir la responsabilidad que deben tener ante la Ley. ¿Usted le pidió 500 millones de pesos al abogado John Franco o al parapolítico Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo a cambio de su silencio? ¡No! El 7 de mayo con mis abogados redactamos un memorial donde la manifestaba a la fiscal 26 local que tenía conocimiento por boca de la fiscal segunda local que los demandados querían retractarse y que mi petición era que la investigación llegara hasta las últimas consecuencias, pero que si ella acogía la figura de retractación que como víctima le pedía el favor que se hiciera bajo unos parámetros y enunciaba cada una de las notas calumniosas y la forma en que yo deseaba que se corrigieran. Y al final, como punto número cuatro, taso mis daños y perjuicios en 500 millones de pesos. Eso era en caso de que hubiese una condena y así quedó el documento. Posteriormente el 22 de junio en la audiencia citada por la fiscal 26, yo manifiesto nuevamente que no estoy conciliando y que mi deseo es que llegue hasta las últimas consecuencias. El abogado John Franco empieza a leer el documento y dice al final: ‘¡ah!, ya entiendo por qué no. Coronel, ¿en el hipotético caso de que yo le entregue ya un cheque de 500 millones de pesos, usted se retracta de todo? Yo me quedé en silencio y así consta en el acta, y él me dijo ‘el que calla otorga’. Yo le dije: el que calla otorga es un adagio popular; en Derecho el que calla no ha dicho nada. En el acta consta el silencio que guardé. Yo no estoy peleando por plata, yo estoy peleando es por mi honor, por mi buen nombre, por mi honra, que fueron mancillados de manera vil, coordinada y premeditada por Luis José Arenas Prada y por Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo en su afán por librarse de las acusaciones que les estaba haciendo la Corte Suprema de Justicia. Ha insistido usted en que el bien siempre triunfa sobre el mal. Piense que el hoy candidato a la Alcaldía de San Vicente de Chucurí, Luis José Arenas Prada, resulta ganador en las elecciones del 25 de octubre. ¿Eso significaría que triunfó el bien sobre el mal? ¡No! Eso significaría que el pueblo de San Vicente de Chucurí es un pueblo sin memoria y que no escoge a la gente por los méritos. Eso significaría que el pueblo de San Vicente tendría una persona, y no lo digo yo solamente sino que aquí tengo las interceptaciones telefónicas, que tuvo vínculos con los paramilitares de Alfredo Santamaría, que anduvo con Alfredo Santamaría, que habló conmigo a nombre de Alfredo Santamaría y que sería terrible para ese hermoso municipio que una persona como este señor ocupara la Alcaldía. Pero si lo escogen… es como hablar el tema de Santander. De los ‘pesos pesados’ que usted mencionó ante la Corte, ¿quién está orondo como si nada hubiera pasado? Luis José Arenas Prada no apareció vinculado en ningún proceso y existen documentos que demuestran eso. Pienso que la Corte Suprema se concentró en los aforados, pero ahí hay testimonios y pruebas que indican eso. En la misa-acto político que el pasado 21 de mayo le organizaron en el Parque Santander de Bucaramanga los conmilitones de Hugo Aguilar cuando éste salió de la cárcel donde pagaba condena por sus vínculos con los paramilitares, el cura le dio prioridad a la ‘justicia divina’ por encima de la justicia de los hombres. ¿Si usted tuviera la posibilidad de confesarse ante monseñor José Antonio Arenas Prada, qué le diría? Le diría lo que conozco de su hermano. Le diría lo que conocí en esa época de su hermano y le diría que Luis José Arenas Prada es una persona que quiso hacerme mucho daño, que me hizo daño y que tuvo en el tiempo que yo estuve bajo el comando del Batallón Luciano D’elhuyar relaciones con las autodefensas ilegales. Reculó el exgobernador “El ex gobernador de Santander Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, se permite informar a la opinión pública: Que las declaraciones por él hechas en noviembre de 2007, en su condición de primer mandatario de los santandereanos, en las que expresó que el señor coronel del Ejército Julio César Prieto Rivera se alió con sus contradictores políticos y pagó testigos para incriminarlo en el proceso conocido como la ‘parapolítica’, no se ajustan a la realidad y que, por el contrario, el señor oficial del Ejército Prieto Rivera, en su paso por el Batallón Luciano D’elhuyar, acantonado en San Vicente de Chucurí, Santander, se caracterizó por su actuar impoluto, ceñido a la Constitución Política y la ley, brindando paz, tranquilidad y seguridad a los habitantes de la Provincia de Mares”. Este fue el texto de la retractación que el ‘parapolítico’ Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo dio a conocer el pasado 21 de septiembre en el periódico Vanguardia Liberal, ocho años después de que descalificara al entonces comandante del Batallón ‘Luciano D’elhuyar’ del Ejército de Colombia, coronel Julio César Prieto Rivera. El 2 de octubre de 2012 y según la noticia publicada por El Espectador, Aguilar Naranjo dijo que el proceso en su contra era parte de una “unión maquiavélica entre una fracción del Partido Liberal en Santander, un coronel (Julio César Prieto Rivera) que se volvió enemigo mío y un hombre (Bonel Patiño Noreña) que destituí a los dos meses de ser secretario porque no se ajustaba a las políticas del gobierno departamental”. Sin embargo, Aguilar Naranjo -nacido en Chitaraque (Boyacá) el 4 de enero de 1955 e identificado con cédula de ciudadanía 19.320.312 expedida en Bogotá-, fue condenado en agosto de 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 108 meses de prisión “como responsable en calidad de autor del delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley”, imponiéndole una multa de 10.750 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ya la Procuraduría General el 31 de enero de 2011 había destituido e inhabilitado a Aguilar Naranjo para ejercer cargos públicos por el término de 20 años por sus nexos con los paramilitares. El fallo de la Corte Suprema resaltó: “Repárese, además, en la gran diferencia de la votación obtenida por el procesado cuando salió elegido como Diputado de la Asamblea Departamental de Santander en las elecciones de 2000, con los resultados que arrojaron los votos depositados a su favor en la elección a la Gobernación 2003, en municipios con injerencia paramilitar y donde la prueba destaca que se reunió con los paramilitares que allí dominaban así: en Santa Helena del Opón obtuvo en el 2000 un total de 5 votos, ocupando los últimos lugares entre los candidatos, pues la mayor votación fue de 286 votos, mientras en las elecciones de 2003 sacó 1.263, siendo el primero entre los aspirantes, seguido de 247 votos; en Rionegro -donde está ubicado el corregimiento "San Rafael de Lebrija"- en las elecciones del 2000 obtuvo 1.135 votos, ocupando el segundo lugar en relación con 4.812 sufragios depositados por el candidato ganador allí, y en 2003 obtuvo la mayor votación equivalente a 4.972, seguido de 4.343 votos que obtuvo el segundo candidato; en Puerto Wilches en el año 2000 obtuvo 17 votos contra los 1.203 que alcanzó el ganador y, en 2003 obtuvo 5.803 ocupando el primer lugar contra 2.709 del candidato que le siguió en votos; mientras en Gámbita -municipio al cual pertenece el corregimiento "La Palma"- en las elecciones de 2000 obtuvo 56 votos contra 255 del candidato ganador y, en 2003 sacó 855 votos siendo esa la mayor votación, seguida por una de 525 votos”. Aguilar Naranjo salió en libertad condicional de la cárcel de San Gil el pasado 5 de mayo de 2015 y el 21 de mayo sus adeptos cerraron la calle 37 con carrera 11 para realizar una misa-acto político en la que el exgobernador hizo público su apoyo a Carlos Fernando de Jesús Sánchez Aguirre como su candidato a la Gobernación de Santander, y de Jaime Vargas Mendoza a la Alcaldía de Bucaramanga (ya retirado). El párroco de San Laureano, Néstor Navarro Becerra, dijo en esa ocasión que: “Nos hemos congregado en esta tarde como creyentes para expresar nuestra acción de gracias a Dios por la libertad del coronel Hugo Aguilar”, aduciendo que “todos somos pecadores”. *pavirgom@unab.edu.co. Publicada en el Periódico 15 que circula desde el sábado 17 de octubre de 2015.