La Cola de Rata

El Departamento de Control y Comercio de Armas asignó a varios empresarios en los últimos años más de 300 armas para su seguridad privada. Hoy siguen en sus manos de manera ilegal y no han sido recuperadas por el Estado. Entre esos casos está el del asesinado narcoganadero ‘Ñeñe’ Hernández, quien obtuvo 13 pistolas calibre 9 milímetros y dos subametralladoras Uzi. Revelamos cómo el ‘Ñeñe’ se hizo a las licencias que le cancelaron hace cuatro años. Las armas no aparecen. Escribe / Edinson Arley Bolaños, de la revista Raya, con apoyo de La Liga Contra el Silencio – Portada / Stella Maris Inversiones Hernández López S. En C. es una de las empresas ganaderas beneficiadas desde mayo de 2015 con una licencia para la operación de un departamento de seguridad en Valledupar, para proteger al representante legal José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe’ Hernández, doce miembros de su familia y socios. La compañía aparece en una lista de 23 empresas enviada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada a la Fiscalía en noviembre de 2022, con el fin de recuperar 339 armas que están en poder de ganaderos, comerciantes y empresarios de la seguridad. Aunque sus licencias para operar vencieron y sus peticiones de renovación fueron rechazadas, las armas no han sido devueltas al Estado. La revista RAYA tuvo acceso a las 23 carpetas donde aparecen desde departamentos de seguridad de empresas del ‘Ñeñe’ Hernández y la familia Gnecco en el Cesar, hasta una empresa de vigilancia en Villavicencio, Meta, que hoy administra 102 armas de manera ilícita. La figura de los departamentos de seguridad nació con el Decreto 356 de 1994 para que las organizaciones empresariales gestionen su seguridad con ayuda de las armas y las instituciones del Estado, en caso de existir amenazas de secuestro o extorsión por parte de grupos armados ilegales. Por eso la SuperVigilancia es la encargada de otorgar y vigilar las licencias de funcionamiento, y el Departamento de Control y Comercio de Armas, de aprobar y entregar las armas que haya determinado el estudio de riesgo. Este departamento depende del Comando General de las Fuerzas Militares. Bajo esta figura, el ‘Ñeñe’ Hernández accedió a un departamento de seguridad compuesto por 20 hombres armados, dos con subametralladoras Uzi y el resto con pistolas 9 milímetros; también contaba con otras tres pistolas que el Departamento de Control le autorizó al poderoso ganadero (aún no se conocían sus vínculos con el narcotráfico) para su uso y defensa personal. Además, contaba con cuatro camperos Toyota (uno con blindaje autorizado por la Superintendencia), seis radios de comunicación y 16 celulares para la protección de su familia: mamá, hermanos e hijos, entre otros. El caso de las 23 empresas no es el único. Voceros de la Superintendencia de Vigilancia le dijeron a la revista RAYA que la entidad se apresta a cancelar más licencias de empresas que no cumplen con los requisitos para tener departamentos de seguridad, o empresas de vigilancia privada. Sin embargo, el papel que están cumpliendo cientos de armas ilícitas en manos de civiles hoy en Colombia es incierto. Incluso, el director del Departamento de Control y Comercio de Armas, coronel Miguel Ángel Gracia, reconoció que esa entidad no tiene una forma de lograr que las empresas hoy sin licencia retornen las armas al Estado. "Que yo tenga un medio coercitivo para poderle decir a una empresa que no le dieron su licencia que me devuelva las armas, no lo tengo", dijo. El camino de la desaparición es una opción válida en este caso. El mismo que recorrieron las armas de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), creadas por este mismo decreto y eliminadas a partir de 1997 por inconstitucionales. En diferentes regiones del país, como el noroccidente de Colombia, donde se desarrolla la historia del ‘Ñeñe’, muchas de esas cooperativas y sus armas terminaron siendo una fachada para legalizar, expandir y canalizar dineros destinados a los grupos paramilitares. Crédito: Kim Vega - @wati-vee En esta primera entrega sobre el tema, de dos previstas, contamos la historia del departamento de seguridad que creó el asesinado ‘Ñeñe’ Hernández, a través de su empresa ganadera Inversiones Hernández López S. En C., cuatro años después del homicidio de Óscar Rodríguez Pomar, hijo del sastre y prestamista Carlos Eduardo Rodríguez. Los sicarios de Marquitos Figueroa, condenados por ese crimen, le confesaron a la Fiscalía que el ‘Ñeñe’ recolectó 200 millones de pesos para pagar por el asesinato de Rodríguez padre, a quien le debía 2.000 millones. No obstante, el 18 de agosto de 2011, día del asesinato, Carlos Eduardo fue confundido con su hijo, quien murió tras recibir seis impactos de bala en el norte de Barranquilla. Aunque el ‘Ñeñe’ fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil, y la licencia del departamento de seguridad fue cancelada en mayo de 2018, las armas aún no regresan al Estado. Quien aparece como responsable y jefe de seguridad de dicho departamento es el actual alcalde (encargado) de la localidad de Usme, en Bogotá, Dorian de Jesús Coquies Maestre, a quien el ‘Ñeñe’ le otorgó “un poder amplio y suficiente” en mayo de 2015 para que lo representara en la capital del país. Desde entonces, el ahora político del Partido Verde fue el encargado de gestionar el departamento y de insistir en 2018 para que la SuperVigilancia renovara la licencia cancelada. Consultado sobre el tema, el abogado vallenato Coquies Maestre, quien desempeñó un papel importante en la consecución de las armas para el ‘Ñeñe’, en un principio dijo no tener “ninguna relación” con ese departamento de seguridad. Luego argumentó que su relación con el ‘Ñeñe’ terminó el día que cancelaron la licencia del departamento, y finalmente desestimó ser el responsable de retornar las armas al Estado. “Los responsables de devolver las armas son los herederos de este señor”, dijo. El coronel Gracia, director del Departamento de Control y Comercio de Armas, afirmó que es el representante legal de Inversiones Hernández López quien debe gestionar el retorno voluntario de las armas, es decir, el ‘Ñeñe’ Hernández, quien está muerto. Oficio de la Supervigilancia donde se informa de la existencia del armamento. Resolución de la SuperVigilancia donde negó la renovación de licencia de funcionamiento al departamento de seguridad de la empresa del ‘Ñeñe’. En busca de las armas El 20 de agosto de 2011, dos días después del crimen contra Rodríguez Pomar, el ‘Ñeñe’ Hernández se dirigió a la Dirección de Investigación Judicial en Valledupar con el fin de denunciar un intento de incendio en la casa de Beatriz Aponte, su madre. Según su relato, a las 11:40 de la noche cuatro hombres en dos motocicletas regaron gasolina en el portón, el patio, las ventanas y lanzaron botellas con mechas dentro de la casa. Cuando las llamas estaban altas, relató Hernández, “en ese momento iba pasando por el frente el representante a la Cámara José Alfredo Gnecco, le causó curiosidad, se devolvió e inmediatamente llamó a la Policía”. Meses más tarde, el 24 de noviembre, el ‘Ñeñe’ denunció ante la Fiscalía de Valledupar que la tarde anterior la casa de su madre nuevamente había sido objeto de un atentado: una granada estalló frente a la vivienda. Sobre este hecho dijo que no era el único y le atribuyó la responsabilidad a Los Rastrojos. “Lo atribuyo a la banda criminal de Los Rastrojos que desde junio del año pasado me han hecho el cobro de un dinero que yo nunca he sacado prestado y menos a una organización criminal de Los Rastrojos porque así se han identificado”, dice la denuncia. En ese documento inédito detalló un supuesto encuentro que tuvo con Los Rastrojos en Barranquilla durante una cita que le habría solicitado Carlos Rodríguez, el sastre, en 2010. “Me abordó el comandante o líder de Los Rastrojos, quien se hacía llamar Harold, quien físicamente es de estatura 1.75, trigueño, de 40 años y acento caleño. En la conversación él me dijo que tenía que pagarles la plata a ellos, la plata que le debía al señor Carlos Rodríguez. Como yo le decía que no le debía, él llamó al celular de Carlos Rodríguez y en mi presencia escuché cuando le decía a Harold que sí, que yo sí le debía el dinero a él y que tenía que pagarles el dinero como diera lugar”. El testimonio de la secretaria del sastre, Erika Yaneth López, dice que el ‘Ñeñe’ Hernández tenía una deuda con Carlos Rodríguez. “No recuerdo la fecha exacta, pero en el año 2010 este señor se acercó a las instalaciones de la oficina ubicada en la carrera 48 con calle 72. Ese señor, José Hernández, llegó de forma agresiva golpeando fuertemente la puerta de entrada del negocio, con el propósito de hablar con mi jefe, el señor Carlos. Esta persona llegó con gente acompañado. Ellos se encontraban armados”, dice uno de los apartes de su declaración ante los investigadores de la Fiscalía. Entre 2012 y 2014, durante las primeras pesquisas del ente investigador, y luego de que cesaran los atentados contra el ‘Ñeñe’ Hernández y su familia, el alias del ganadero vallenato salió a relucir entre los sicarios y miembros de la organización criminal. De hecho, Carlos Rodríguez le dijo a la Fiscalía que para esa época tuvo varias visitas misteriosas de personalidades del Cesar para averiguar qué sabía él del asesinato de su hijo. “Me visitó Lucas Gnecco Cerchar (político del Cesar y padre del congresista José Alfredo Gnecco), quien es amigo del papá de alias ‘Peco’, señor Edmundo González (el otro socio del ‘Ñeñe’ en la colecta), después de la muerte de mi hijo, preguntándome qué sabía yo”. Por eso, a principios de 2014 el ‘Ñeñe’ Hernández empezó a allanar el camino para tener un grupo de hombres armados para proteger su vida y la de su familia, ya que los sicarios lo empezaron a señalar ante la Fiscalía como el determinador del crimen. El abogado Coquies Maestre recibió el poder de Hernández para representarlo ante la SuperVigilancia. Entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2014, Coquies Maestre realizó el estudio de seguridad con el que el ‘Ñeñe’ terminó de argumentar ante la SuperVigilancia por qué su empresa Inversiones Hernández López S. En C. necesitaba los escoltas y las armas. Según Coquies, “por la información de un posible secuestro e intento de asesinato nuevamente contra uno de los miembros de la familia Hernández Aponte”. Documento en el que el ‘Ñeñe’ Hernández otorga poder a Coquies Maestre. Mientras la solicitud se cocinaba en la Supervigilancia en Bogotá, en Valledupar el ‘Ñeñe’ Hernández recibía una condecoración por parte de la Segunda División del Ejército Nacional, comandada entonces, a principios de 2015, por el general Jorge Humberto Jerez. Por esos mismos días, el ‘Ñeñe’ viajó en un helicóptero de esa división. El Ejército dijo en su momento que se trató de una reunión de seguridad, que se realizó en la finca Sabana de Torres (Santander), “en la que participaron ganaderos de Santander y Cesar, para tratar temas sobre el flagelo del secuestro y la extorsión en las regiones”. El 27 de mayo de ese año, Coquies Maestre se dirigió a la SuperVigilancia y recibió la licencia, aprobación de armas y escoltas para el departamento de seguridad. Según esa resolución, el abogado vallenato quedó registrado como responsable y jefe de dicho departamento. No obstante, Coquies aseguró que él sólo era jefe en el papel y que por sus manos nunca pasó ninguna arma. Incluso dijo que los salvoconductos están a nombre de Inversiones Hernández López S. En C.., empresa que hoy administra la Sociedad de Activos Especiales. “Yo pedí una autorización legal en entidades legales para un empresario con papeles legales. Y el Estado le otorgó ese departamento de seguridad. Y ese no fue el único departamento que asesoré, lo hice para muchísimos”, añadió. Para ese momento, el departamento de seguridad del ‘Ñeñe’ sumaba 18 pistolas 9 milímetros y dos subametralladoras Uzi del Estado; más celulares, radios, camionetas de su propiedad y dos policías: uno que vigilaba la casa de su madre y otro que acompañaba al supuesto ganadero. Al mismo tiempo, la Fiscalía avanzaba en la investigación por el crimen del hijo del sastre. Los sicarios capturados confesaron la cronología de los hechos, para acogerse a principios de oportunidad, y en varias declaraciones revelaron que el ‘Ñeñe’ Hernández era el autor intelectual del homicidio. Entre 2015 y 2019, todos los testimonios coincidieron: el crimen se ejecutó por una colecta de 200 millones de pesos, que realizó el ‘Ñeñe’ Hernández junto a Omar Alejandro Vanegas Lora, alias ‘Roco’, y el venezolano Edmundo González Hernández, alias ‘Peco’. Según el testimonio del sastre Carlos Rodríguez, todos tenían deudas con su empresa y asesinarlo era la manera de saldar cerca de 2.000 millones de pesos. Detalle de armas y personal autorizado a Inversiones Hernández López S. En C. Estudio de seguridad de Inversiones Hernández López S. En C. En paralelo, el hermano del ‘Ñeñe’, José Gregorio Hernández, conocido como ‘Goyo’, solicitó otro departamento de seguridad, a través de la firma Hernández Aponte y Guerrero, pero la SuperVigilancia descubrió que el membrete de la solicitud tenía la misma información que la aportada por el ‘Ñeñe’, y por esa razón negó la licencia. Ante esa adversidad, en marzo de 2016 el ‘Ñeñe’ solicitó a la SuperVigilancia que incluyera a otras personas de su círculo para prestarles los servicios de escolta: a su hermano ‘Goyo’ y a Rafael Eduardo Hinojosa Meneses, quien fue descrito en el documento como miembro de la Junta Directiva y una persona que viajaba mucho en tareas de negocios dentro de la empresa Inversiones Hernández López S. En C. Hinojosa, casi tres años después, fue candidato a la alcaldía de San Juan del César, avalado por el partido MAIS y ADA, quedando tercero en las elecciones. El incremento de escoltas, para pasar de 15 a 20 hombres, el ‘Ñeñe’ lo solicitó en septiembre de 2016 a través del abogado Coquies. Meses más tarde, en marzo de 2017, el mismo abogado que ahora niega ser el responsable de devolver las armas, pidió la renovación de la licencia para el departamento de seguridad del ‘Ñeñe’, pero la Superintendencia la negó. En una resolución de mayo de 2018 quedó claro que el ‘Ñeñe’ Hernández y su familia no lograron demostrar que persistía un riesgo extraordinario tras siete años desde los atentados. Parte de las pruebas que entregó el abogado fueron un panfleto supuestamente del “Comandante Grupo César del Ala Norte de Los Rastrojos”, de febrero de 2011, y unas amenazas que habría recibido el ‘Ñeñe’ a través de un mensaje de texto en 2015. Imagen del panfleto. Según la resolución del 12 de junio de 2019, que confirmó la cancelación de la licencia, la empresa Inversiones Hernández López S. En C. no registró la relación de armas ni el pago de parafiscales de los años 2016, 2017 y 2018 en el aplicativo Reporte de Novedades de los Vigilados (Renova); tampoco entregó los exámenes psicofísicos de los escoltas y no reportó el pago de seguridad social de los trabajadores del departamento de seguridad. Es decir, el abogado Coquies, quien dice haber tenido un papel meramente administrativo, en este caso tampoco cumplió. En junio de 2018 Coquies apeló la decisión, pero la renovación de la licencia fue negada en junio de 2019, un mes después de que el ‘Ñeñe’ terminara asesinado en Brasil. Referencia a deudas de seguridad social y parafiscales. Ocho meses antes, Hernández se anticipó a cualquier decisión y el 18 de octubre de 2018 solicitó la renovación del permiso para que sus escoltas siguieran portando las dos subametralladoras Uzi de 25 y 30 cartuchos cada una. A pesar de todo, este 23 de mayo se cumplirán cinco años desde que la SuperVigilancia expidió la resolución cancelando la licencia y ordenando al personal de dicho departamento de seguridad que cesara de manera inmediata las actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad privada; así mismo le ordenó a los representantes de Inversiones Hernández S. En C. que entregaran inmediatamente el armamento. Sin embargo, esto no ha ocurrido y nadie sabe dónde están las armas del ‘Ñeñe’ Hernández. Descripción del tipo de armas que están en manos de la empresa Inversiones Hernández López S. En C. El abogado Coquies insiste en que los responsables de devolverlas son los herederos de Hernández y no él, y que prueba de ello es que el Estado no lo ha requerido para tal fin. Incluso, dijo que las armas no están a nombre suyo y que nunca vio ni una de las que le entregaron al “Ñeñe”. Por su parte el coronel Gracia, director del Departamento de Control y Comercio de Armas, dijo que no tiene ningún medio para obligar a una persona natural a que devuelva las armas. “En el caso de este señor, la autoridad militar emite un documento en las regiones, para que la persona devuelva las armas”. Sin embargo, esto no ha ocurrido con las que le asignaron al ‘Ñeñe’ Hernández. “En Colombia no hay un control real y dado la corrupción que existe en el país, no es muy difícil que esas armas sean utilizadas de otra manera o que por corrupción terminan en las manos de quienes no deberían terminar. El ejemplo perfecto sucedió durante el reciente estallido social, en donde miramos a la Policía directamente dándole las armas a civiles para responder a los manifestantes”, dijo Gimena Sánchez, directora de los Andes de la organización Wola (Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos). Sánchez concluye que nuestra democracia “imperfecta” está lejos de tener el control de estas armas que son adquiridas con ciertos propósitos y luego terminan en un vacío. Hoy no existen garantías ni mecanismos para evitar que las armas del Estado entregadas al ‘Ñeñe’ Hernández, y otras decenas más que siguen en circulación, terminen en manos de la delincuencia o el crimen organizado.