La Cola de Rata

La aprobación de la leyes LGBTI en Colombia no le hace daño a nadie, por el contrario protege a unos seres humanos que en medio de tanta guerra dicen quererse. Por Juan Pablo Plata Los previos tropiezos de la comunidad LGBTI para obtener ciertos derechos legales (Matrimonio, adopción, entre otros), usualmente obedecían a razones ajenas a la cuestión: la censura y presión de la iglesia católica en el congreso y en la opinión pública o el pronunciamiento de ciertas personalidades. En fin, hechos que no justificaban las trabas a unos derechos contenidos por la Constitución de 1991 en un Estado laico, documento que en realidad regula la vida de los colombianos antes que cualquier doctrina religiosa. Por otra parte, no se explicaba una la no muy clara sustracción en las leyes de los ciudadanos LGBTI en la que se ha denominado como una sociedad democrática. Pues si se hace un análisis sobre la oposición a las legislaciones a favor de esta comunidad, una de las preguntas que salta es: ¿por qué si existían muchos lugares públicos abiertos a esta comunidad en Colombia-como agencias de viaje, clubes y extensiones como bares, secciones en librerías y otros negocios- no era antes recíproco ese espacio en el marco legal? Las respuestas son diversas, pero pertenecen a un ámbito excluyente que daba por sentado que su opinión sobre la minoría era de la mayoría de la población. Más allá del debate y la controversia que siempre genera una nueva presentación de proyectos a favor de los LGBTI en el Congreso, se debe crear una conciencia en el público del nulo daño que hace a cualquier heterosexual colombiano el que a las parejas homosexuales se les permita casarse o adoptar niños abandonados. En el pasado, con la negación de estos derechos se estaba privando a hombres y mujeres, entre otros, del goce de ciertos beneficios patrimoniales y hasta de poder reclamar en caso de censura y discriminación por su orientación sexual. Las libertades individuales y la leyes aprobadas relacionadas con el aborto, la eutanasia, las drogas y los derechos hasta hace poco negados a los LGBTI no son en ningún sentido obligaciones para los colombianos, es decir, que a ningún colombiano se le carga con el deber de abortar, drogarse, hacerse LGBTI y acabar con su vida con asistencia médica. La ley sobre estos asuntos abre una posibilidad para los ciudadanos, pero no consagra una coerción como muchas personas y organizaciones sociales quieren hacer ver. La aprobación de la leyes LGBTI en Colombia no le hace daño a nadie, por el contrario protege a unos seres humanos que en medio de tanta guerra dicen quererse. PS: En el pasado he escrito periodismo o literatura sobre los LGBTI. Mi orientación es heterosexual, pero en muchas ocasiones por mis escritos me han querido tildar de LGBTI como si esto me ofendiera o disminuyera en algo la valía de los textos. Da mucho enojo sentir que en Colombia y en otras latitudes, en pleno 2015, no se vive bajo un estado secular y libertario sino en un oscurantismo de hace siglos.