La Cola de Rata

A pesar de que el Secretario del Concejo (Alexander Pérez Bustamante) respondió el derecho de petición, no lo hizo de manera completa, pues omitió la copia del oficio donde él informaba a la Procuraduría y la Fiscalía de los hechos irregulares ocurridos ese día domingo 19 de enero. Por: Daniel Silva Orrego* Desde hace algunos meses (cuatro precisamente) deseaba escribir este artículo pero no había sido posible, debido a la gran cantidad de situaciones que han merecido su respectivo capítulo, pero a pesar del tiempo transcurrido lo que compartiré a continuación tiene vigencia total y es de trascendencia para la ciudad de Pereira. Como fue de común conocimiento para los ciudadanos, la sede de campaña del Polo Democrático Alternativo estuvo ubicada al frente del Concejo Municipal (Carrera 6 entre calles 21 y 22) durante los días previos a las elecciones de Congreso de la República (9 de marzo). Por esta razón, era frecuente la permanencia de militantes y los propios candidatos en el lugar, inclusive los fines de semana, porque ese fue el punto de encuentro para las salidas a los demás municipios del Departamento de Risaralda. El día domingo 19 de enero del año en curso, los candidatos (Carlos Alfredo Crosthwaite y Adriana González) se encontraban en las afueras de la sede de campaña a eso de las 9:30 a.m esperando a sus voluntarios para realizar el ejercicio proselitista. En esos momentos vieron ingresar a las instalaciones del Concejo Municipal un grupo de personas con camisetas de campaña de los candidatos Enrique Soto y Didier Burgos, de inmediato se dispusieron a tomar una serie de fotografías, debido a que la escena era anómala. El grupo de simpatizantes de estos dos personajes del Partido de la U al percatarse de que los estaban fotografiando, tomaron la decisión de retirarse del lugar, entonando arengas a favor de su Partido de Unidad Nacional. Por lo anterior se tomó la decisión de enviarle un derecho de petición (imagen 1) al Secretario General del Concejo (Alexander Pérez Bustamante), solicitándole que anexara la autorización emanada por él para permitir el ingreso del grupo de personas el día domingo 19 de enero, así mismo señalara el concejal que había tramitado aquel permiso y que adjuntara copia del oficio en que él daba parte a la Procuraduría y la Fiscalía de lo ocurrido. El día 28 de enero da respuesta al derecho de petición, donde señala: “no reposa en la SECRETARIA DEL CONCEJO ni en la PRESIDENCIA solicitud alguna de funcionario o concejal adscrito o vinculado a ésta CORPORACIÓN para el ingreso de persona alguna a cualquier dependencia del CONCEJO, ni mucho menos autorización de persona o personas, con logotipos, estampas u otros fomentando la candidatura del aspirantes al Senado y a la Imagen 3 Cámara de Representantes suficientemente nombrado” (imagen 2). Así mismo anexa la Circular No. 3 del 2014 con fecha del 17 de enero (2 días antes de los hechos) donde se prohíbe la prestación de locaciones y otros (imagen 3), y señala que “no se autorizará el ingreso de persona alguna con material de difusión o propaganda proselitista, tales como panfletos, afiches, volantes o similares” y además “queda prohibido el ingreso de cualquier persona que ostente o lleve banderas, pancartas alusivas a cualquier movimiento político o candidato”. Y finaliza la mencionada circular que esta “deberá ser difundida, acatada y cumplida por el personal de seguridad de la CORPORACIÓN”. Imagen 4. Imagen 5 A pesar de que el Secretario del Concejo (Alexander Pérez Bustamante) respondió el derecho de petición, no lo hizo de manera completa, pues omitió la copia del oficio donde él informaba a la Procuraduría y la Fiscalía de los hechos irregulares ocurridos ese día domingo 19 de enero. Por este motivo se le envía un nuevo derecho de petición (imágenes 4 y 5) solicitándole que completara la información. Imagen 7. Imagen 6. El día 12 de febrero se obtiene respuesta al nuevo derecho de petición, allí se anexan los oficios enviados a la Procuraduría y la Fiscalía (imágenes 6 y 7), dándoles a conocer lo ocurrido. Lo anterior demuestra que si el Representante legal del Polo Democrático en Risaralda no hubiese enviado los derechos de petición, el Secretario General del Concejo (Alexander Pérez Bustamante) no lo hubiese hecho por iniciativa propia. Imagen 8. Al percatarnos de la inoperancia del Secretario General del Concejo Municipal (Alexander Pérez Bustamante) se decidió radicar otro derecho de petición (imagen 8), pues el mencionado individuo no había logrado esclarecer quién había sido el concejal que ingresó con el grupo de personas, es así como se le solicita que anexe copias de los videos de las cámaras de seguridad del Concejo y de los libros que diligencia el personal de seguridad. El 10 de marzo se recibe la respuesta al último derecho de petición y quedamos circunspectos al leer: “… el Imagen 9. dispositivo de grabaciones video recor “DVR”, tiene capacidad de almacenamiento de sólo treinta (30) días, cumplido dicho término vuelve y empieza a grabar en la misma cinta, solamente y de acuerdo a instrucción del jefe de seguridad del Concejo Municipal, se deja copia del video cuando exista algún hecho delictivo, que sirva como soporte para las autoridades pertinentes, por lo tanto no existe copia del registro del 19 de enero del año 2014” (imagen 9). A partir de esto surge un interrogante que debe resolverlo el lector: ¿será que cuando se le envió al Secretario del Concejo el primer derecho de petición no se le notificó de un hecho delictivo?, teniendo en cuenta que la ley de garantías ha prohibido la utilización de instalaciones de Corporaciones Públicas para esa clase de actuaciones. Además, el segundo derecho de petición se envió antes del término de 30 días, y en él se le hacía hincapié en la irregularidad ocurrida. Pero la sorpresa mayor se encontró en el libro de minuta que diligencia el personal de seguridad, está consignado que a las 9:40 a.m del 19 de enero: “ingresa a las instalaciones del Concejo Municipal el señor concejal Norbey Quiceno con un grupo de personas” (imagen 10) y señala el mismo documento que a las 10:20 a.m: “se retira de las instalaciones el señor concejal Norbey Quiceno al igual que todos sus acompañantes”. Alexander Pérez, secretario. Alexander Pérez Bustamante Concejal Norbey Quiceno. Con todo lo anteriormente mencionado se demuestra una vez más la utilización de los cargos y las instalaciones oficiales para las actividades políticas. Definitivamente ese precepto castizo: hecha la ley, hecha la trampa, lo utilizan muy bien algunos servidores públicos. Es de recordar que Norbey Quiceno fue uno de los concejales que votó positiva la valorización. Respecto al Secretario General del Concejo Municipal, Alexander Pérez Bustamante, asumió una posición de ocultamiento desde un principio. Es de recordar que se ha hecho reelegir cinco (5) veces como Secretario del Concejo Municipal de Pereira y su salario es de $6.610.876 de pesos (código 020 grado 08) A pesar de todo lo anterior, será la Fiscalía General de la Nación quien se encargue de encontrar los responsables y los delitos que se consumaron, al parecer ya inició las investigaciones, de acuerdo a lo comunicado (imagen 11). La ciudadanía pereirana debe estar atenta a este caso que involucra a dos servidores públicos, teniendo en cuenta que el Concejal Norbey Quiceno está posando de precandidato a la Alcaldía de Pereira por el Partido de la U. *Secretario municipal del Polo Democrático