La Cola de Rata

Ubicado en el occidente del departamento colombiano de Risaralda, Pueblo Rico es un municipio que tiene en su territorio las cumbres más altas de la cordillera andina occidental y también parte del área selvática de la cuenca pacífica. Sujetos armados no identificados al parecer quieren arrebatarle la tranquilidad lograda en los años recientes. Ubicado en el centro del llamado Triángulo de oro de Colombia –entre Medellín. Cali y Bogotá–, Risaralda es un departamento estratégico para la legalidad o ilegalidad. Texto: Antonio Molina. Fotografía: Rodrigo Grajales Docabú, Mumburutó, Morrotó, Amurrupá, Gitó, Ágüita, Bequé, Candumí, Lloraudó, Oscordó… son los nombres que bautizan gran parte de una geografía y un mundo desconocidos para la mayoría de los risaraldenses, a pesar de que varios de esos lugares están apenas a tres horas de viaje desde Pereira, la capital, por una carretera que tiene algunos tramos destapados. Pueblo Rico, el albergue de estos y otros nombres exóticos, es un municipio rico en paisajes, en corrientes de agua y uno de los pocos en los que conviven de manera armónica indígenas embera chamí, afros y mestizos. Un lugar que lo tiene todo para ser atractivo turístico. La madera predomina en muchas de las construcciones de Santa Cecilia, esa misma madera que es apetecida por los deforestadores de esta explosiva selva. Esta misma riqueza y su posición estratégica fue lo que en otros años llamó la atención de varios grupos guerrilleros –como FARC, ELN, ERG y EPL– que sembraron el dolor entre muchos de sus habitantes. Incluso, provocaron el desplazamiento de miles, un fenómeno que desde hace cinco años pareció quedar en el pasado a raíz de las negociaciones y posterior acuerdo con las Farc. Para el alcalde Rubén Darío Ruiz, el ambiente de tranquilidad permitió el retorno a más de 5.700 personas. De hecho, en el 2017, según información oficial, hubo solo un homicidio. “Nosotros con contundencia hemos apoyado el proceso de paz”, asegura el Alcalde antes de mostrar su contrariedad por recientes noticias judiciales divulgadas por los medios. “El impacto de la guerra, del conflicto armado, nos lo impusieron desde afuera. Además, nos estigmatizan desde la misma prensa”. El transporte hacia las veredas se hace a través del siempre necesario y dócil campero. Semana de zozobra Ese ambiente ideal de armonía se vio interrumpido debido a dos hechos que ganaron protagonismo en los medios de comunicación regionales y nacionales, ambos ocurridos la semana pasada El primero de ellos fue la denuncia expuesta el miércoles 31 de enero por el gobernador indígena Rodrigo Nacavera, refiriendo la presencia de individuos encapuchados y armados que atemorizan a la población de los resguardos indígenas. Esto ocurrió en la región de Itaurí. El hecho, grave de por sí, adquiere nuevos matices cuando se consulta a otros dirigentes indígenas como Raúl Guasiruma, gobernador del Resguardo Unificado Embera Chamí, que ocupa parte de los municipios de Pueblo Rico y Mistrató. Según el gobernador indígena las autoridades no han escuchado sus reiteradas quejas por la presencia de encapuchados, los cuales se han visto desde hace varios meses, según su testimonio y las denuncias públicas de la ONIC (ver). La guardia indígena permanece en constante patrullaje en busca de los individuos, pero no han dado con ellos para capturarlos y entregarlos a las autoridades policivas. Guasiruma alega que las quejas constantes por la presencia de estos delincuentes se han interpuesto a través de diferentes entidades –Defensoría del Pueblo, Gobernación– y personas como Mónica Gómez, coordinadora de derechos humanos de Risaralda. Tampoco se muestra conforme con las medidas de protección que le fueron asignadas, debido a las constantes amenazas recibidas. En la actualidad porta chaleco antibalas y un teléfono celular del que dice “solo significa un gasto extra debido a que debo recargarlo con minutos”. Sobre la presencia de los encapuchados, Sigifredo Salazar, gobernador de Risaralda, anunció con énfasis que en este departamento no hay presencia de frentes guerrilleros del ELN. Declaración que es complementada por Carlos Andrés Gil, secretario de Gobierno, quien redondea que “nadie manifiesta haber visto a los encapuchados, ni haber recibido amenazas. Nuestro objetivo es blindar la frontera con el Chocó, por eso se reforzará con cerca de 70 personas (del Ejército)”. Los diálogos con el ELN fueron suspendidos por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos luego de varios ataques urbanos a la policía nacional en la región Caribe (ver). Este grupo, de menor tamaño que las desarmadas Farc, tiene varios frentes de guerra, uno de ellos el Occidental, con acción principal en el vecino departamento de Chocó –uno de los más abandonados de Colombia– y territorios aledaños, entre ellos los límites con Risaralda. El Frente de Guerra Occidental se considera uno de los más intransigentes y beligerantes de esa agrupación guerrillera. Conocida por su alegría y humildad, Yolanda Maturana era un personaje querido por toda la población de Santa Cecilia. Foto cortesía. El asesinato de Yolanda Pero este complejo panorama adquirió matices de mayor dramatismo cuando se dio a conocer la noticia sobre el homicidio de la líder ambientalista María Yolanda Maturana, quien murió por disparos hechos mientras cenaba sola en su casa del corregimiento de Santa Cecilia, Pueblo Rico, el jueves 1 de febrero. Al momento de morir era presidente de Asoafa (Asociación de Amigos de la Fauna y la Flora). Según la ONU, en el 2017 fueron asesinados 105 líderes sociales en Colombia, por ello su Oficina de Derechos Humanos se manifestó sobre este crimen en los siguientes términos: “@ONUHumanRights rechaza el homicidio de Yolanda Maturana, Presidenta de la Asociación de Amigos de la Flora y Fauna en Risaralda, daremos seguimiento #NiUnLiderMas”. De 62 años de edad, Yolanda había nacido en el mencionado corregimiento y contaba con el aprecio de la comunidad, incluso del mismo alcalde Rubén Darío Ruiz, quien la consideraba una amiga. La dirigente trabajaba en varios proyectos de conservación ambiental y turismo, algunos con apoyo de la Carder (corporación ambiental del Estado colombiano en Risaralda). En el 2000, el corregimiento fue tomado por las FARC y durante tres años las fuerzas del Estado no hicieron presencia en este paso obligado para ingresar al Chocó por vía terrestre. La región pertenece al Chocó biogeográfico y es considerada una zona hotspot (punto caliente de biodiversidad) por la cantidad de especies vegetales y animales que se concentran en este declarado territorio colectivo para comunidades negras creado el 27 de diciembre de 2001. Debido a esta diversidad es objeto de visita continua por parte de investigadores y estudiantes, como los alumnos del programa de Biología de Unisarc, quienes se veían desconsolados durante el sepelio de la líder. Al indagarles sobre qué habían aprendido de Yolanda, una de ellas contestó sin dudarlo: “Nos enseñó que no importa la edad, uno siempre debe ser joven. Ella nos guiaba en caminatas que duraban hasta seis horas por terreno escarpado y a pesar de llevar mucho peso en sus espaldas siempre iba adelante”. En la plaza principal de Santa Cecilia las huellas de Yolanda Maturana permanecen sin borrar en la memoria de sus vecinos. Yolanda Maturana había denunciado situaciones irregulares en cuanto al manejo ambiental en la cercana región chocoana de Guarato. En declaraciones entregadas a otro medio, Eisenhower Zapata, defensor de derechos humanos, dijo que “…denunció que algunos grupos dedicados a la minería ilegal están socavando los cauces de los ríos y acabando con parte de la fauna y la flora, lo cual traería consecuencias graves a la biodiversidad”. Pero diferente versión tiene el gobernador Sigifredo Salazar sobre la causa de este crimen, originado, según él, en una “denuncia que había recibido la Policía por herencia de tierras. Parece que no fue por su labor como presidente de la Asociación que tenía relación con fauna y flora (…), aunque no se puede desvirtuar nada”. En contraste, un pariente cercano, que por seguridad solicitó la no publicación de su nombre, dice que “ella no estaba peleando por tierra alguna, eso no es cierto”. Aunque es claro al manifestar que desconoce las razones que motivaron el homicidio de Yolanda, Jesús Castillo, líder local ya jubilado como rector que fue del colegio de Santa Cecilia, siente también temor por su integridad, debido a que desde el 2 de enero de este año ha recibido llamadas extorsivas y amenazantes, por parte de individuos que en una oportunidad aseguraron pertenecer al Frente Che Guevara del ELN. Pueblo Rico y Santa Cecilia cuentan con un fluido servicio de transporte público. Este corregimiento es la frontera con Chocó. Mientras espera la próxima reunión del Consejo Comunitario local, Jesús comparte que “a mí me daría mucho pesar morirme. ¿Por qué? Porque me faltan muchas cosas por hacer, primero, y dos, porque no he hecho sino ayudar”. Aún no ha denunciado las amenazas ante las autoridades respectivas, pero asegura que esta semana las pondrá en conocimiento de la Defensoría del Pueblo. El martes 6 de febrero se realizará un Consejo de Seguridad en Santa Cecilia con presencia de las autoridades departamentales, en el que supuestamente la comunidad participará, pero hasta el fin de semana ninguno de los líderes consultados reconoció haber sido invitado. Pueblo Rico y Santa Cecilia, en particular, son ejemplo de conservación de una rica naturaleza cada vez más ausente en el entorno del ciudadano actual. Una riqueza estratégica que está en la mira de inescrupulosos que usan la violencia para usurparla. En la acción decidida de las autoridades está la tarea de impedirlo, para que esta región continúe con la tranquilidad reciente y pueda así mostrar ante los visitantes la joya ecoturística regada en docenas de sonoros nombres que muchos desconocen.