De las entrañas de Marmato –Caldas-, los mineros artesanales han sacado oro desde antes de la llegada de los españoles a América.

Por: Steven Morales Palacio |

Vivieron de la montaña los Catarma, ancestros del pueblo Embera, los alemanes de apellido Ritcher y Gartner, junto con ingleses y mestizos. En la actualidad los marmateños siguen ahí, pero son considerados como criminales.

Foto: Rodrigo Grajales

Los ilegales

La criminalización de la minería artesanal en Marmato y el resto del país, se da con la llegada del nuevo Código de minas y las multinacionales, pues sólo se habla en este de una minería a gran escala. Las políticas que implicaron la privatización de las empresas mineras del estado (Minercol) y por ende de la legislación minera (Código de minas), son el resultado de las exigencias del Banco Mundial al gobierno del presidente Andrés Pastrana. Colombia tenía que reformar su legislación minera para acceder a una pausa en el pago de la deuda externa y además debía convertirse en un gran exportador de recursos mineros energéticos.

Uno de los consultores en la construcción de la ley 685 de minas, fue la firma Martínez Córdoba & Abogados Asociados, quienes al mismo tiempo figuraban como abogados de la multinacional AngloGold Ashanti.  

Foto: Rodrigo Grajales

A los mineros tradicionales/ilegales se les juzga por la informalidad, los daños que causan al medio ambiente, la deficiente situación técnica en que trabajan, los bajos rendimientos económicos y los problemas de orden público en las zonas de explotación.

Para que un minero obtenga un título debe de hacer primero la solicitud de concesión ante el Ministerio de Minas y Energía (Ingeominas). En la solicitud debe de adjuntar un Polígono, un Plan de Trabajo y Obras y un Plan de Manejo Ambiental. El valor de estos estudios para la zona de reserva especial de 585 hectáreas en Quinchía –Risaralda- fue de 780 millones de pesos. Según las Naciones Unidas, el PIB per cápita por habitante en este municipio, no supera los dos dólares al día.

Si los mineros de Marmato presentaran la solicitud de concesión por una zona de 1.198 hectáreas, como la que tramitó la Medoro Resources, los estudios costarían alrededor de 1500 millones de pesos, por lo cual surgen algunas preguntas. ¿Pueden los colombianos acceder a un título minero?, ¿está a su alcance económico?

Cuentan los marmateños y quinchieños, que la agilidad en los trámites de concesión es mayor cuando los solicita una multinacional. En el 2001 se presentó la solicitud de concesión para la zona de reserva especial en Quinchía y a la fecha 2011 solo se ha decretado que los mineros de la zona tienen derecho a realizar estudios geológicos, aún siguen esperando el permiso para poder explotar la zona.

El impacto ambiental

Siguiéndole el rastro a los males que se le endilgan a la minería tradicional, los mineros de Marmato son acusados de daños al medio ambiente, ya que han contaminado una parte considerable de los afluentes de agua con cianuro y mercurio, pero en comparación con el impacto ambiental que podría generar la explotación a cielo abierto que pretende la Medoro Resources en Marmato, la situación se matiza.

Para extraer las 283 toneladas de oro que están bajo el suelo de Marmato, se necesitan alrededor de nueve millones de barriles de cianuro y una cantidad considerable de agua, pues por un gramo de oro se necesitan 1.000 litros del líquido por segundo.

Foto: Rodrigo Grajales

Pero esto no solo pasa en Marmato, una situación parecida se vive en el centro del Tolima, en donde la AngloGold Ashanti, con su proyecto de minería a cielo abierto, podría contaminar las aguas de la quebrada La Colosa con cianuro y las reservas subterráneas de agua con metales pesados como cromo, plomo, arsénico y cadmio, todos ellos nocivos para la salud. Las quebradas La Colosa y La Arenosa entregan su agua al río Bermellón y este se conecta con el río Coello, que abastece a cinco municipios y a la despensa agrícola del Tolima, en donde se irrigan  25.200 hectáreas de arroz y se surten 2.000 industrias agrícolas con las aguas del Coello, con lo cual se verían comprometidas por la contaminación con cianuro.

Los responsables

El gobierno aún no se ha manifestado frente al impacto ambiental producto de la gran minería, sólo ha hablado de la “locomotora minera” y sus beneficios.

La última noticia giró en torno al nombramiento de Frank Pearl –que no tiene experiencia en temas ambientales- como Ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pearl antes se había desempeñado como consultor asociado de la compañía McKinsey & Co, que asesora a industrias petroleras y mineras entre otros.

Designar a Pearl como ministro, muestra la cercanía que hay entre gobierno y el sector privado, pero esto no es nuevo. La ex ministra de Cultura y Relaciones Exteriores María Consuelo Araújo, es ahora la presidenta de la Minera Gran Colombia Gold; el sobrino del presidente Juan Manuel Santos -Juan Carlos Santos- es el gerente corporativo de la Medoro Resources -relacionada con Pacific Rubiales- y Jorge Alberto Uribe, ex alcalde de Quinchia, trabaja desde el 2008 para la AngloGold Ashanti.

Foto: Rodrigo Grajales

Las responsabilidades del gobierno no paran ahí, este ha seguido archivando las solicitudes de concesión hechas por los pequeños mineros y ha contribuido a hacer más precaria la minería artesanal, pues en Marmato y Quinchía ha vetado la venta del explosivo Indumil, lo que ha llevado a los mineros a recurrir a una mezcla de anfo y pólvora, que es sumamente peligrosa según ellos. Quizá la prohibición del Indumil tenga que ver con las “presiones del gobierno que ayudan”, como lo cuenta Juan Carlos Santos.

Zonas de conflicto

El futuro de los mineros artesanales es incierto. La exploración que venía desarrollando la Batero Gold en las montañas de Quinchía ha pasado a su siguiente fase, la de explotación; un caso parecido vive  Marmato, que ahora parece un gran complejo industrial, con piscinas de oxidación e infraestructura para la extracción de minerales.

Estas zonas van a entrar en disputa. En Marmato ya se han presentado algunos desalojos en las minas y problemas de orden público. Hace poco fue asesinado José Reinel Restrepo, párroco del municipio que pertenecía al Comité Cívico Prodefensa de Marmato, que rechaza la explotación de oro a cielo abierto. Su muerte aún sigue siendo un misterio.

Las lógicas del conflicto colombiano, muestran que de la mano con los megaproyectos vienen los problemas de orden público. La población es sometida a una gran presión por parte del gobierno y los grupos al margen de la ley. Hay hechos puntuales como el de la represa de Urra, en donde hubo intervención de grupos paramilitares para facilitar su construcción y el caso de Tabaco en la Guajira, comunidad que fue desalojada por el gobierno –de manera ilegal-, para abrirle paso a la explotación carbonífera del Cerrejón.

Por último, es verdad que con los dineros de la minería ilegal se están financiando los grupos al margen de la ley. Lo que no se debe olvidar es que las empresas petroleras –legales- también han financiado estos grupos pero de forma indirecta pagando las vacunas.

Foto: Rodrigo Grajales