El postulante a un cargo de elección popular debería tener como principio ético retirarse de la contienda cuando su nombre está cuestionado por la Administración de Justicia, pero el cinismo y la descomposición moral es la que campea en la democracia colombiana, más no, el deber ser que se reclamaría en una sociedad con valores y principios infranqueables.
Escribe / Adriana González Correa – Ilustración / GSA
Del partido Liberal no solo el senador candidato Mario Castaño, del departamento de Caldas, tiene problemas con la justicia. Risaralda también pone cuota de candidatos vinculados a procesos penales y/o disciplinarios que dejan en cuestión la honorabilidad que debería tener toda persona que postula su nombre para ser elegida democráticamente.
El senador Mario Castaño ha puesto un pie en Risaralda y cuando se trata de la politiquería que sabe ejercer una buena parte del partido Liberal, todos y todas sabemos que son componendas políticas, compra de votos y hasta lo que la Fiscalía General de la Nación denomina una empresa criminal (ver).
Solo basta con ver lo que por estos días nos muestra el Concejo Municipal de Pereira con la elección de Contralor(a). Una pelea a muerte de dos bandos del propio partido Liberal. Por una lado, la del actual alcalde de Pereira y su lugarteniente Juan Pablo Gallo, cuyo candidato era Perches Giraldo y obtuvo tan solo cinco votos de los 19 concejales; por el otro, la candidata –elegida el pasado 3 de marzo– Jeny Osorio, que según información de varios medios es prohijada de Mario Castaño, quien obtuvo votación de 13 concejales –incluidos los dos verdes–.
El Departamento también tiene su cuota de corruptela con candidatos ya vinculados penalmente. El caso de Juan Carlos Reinales es el más notorio para las elecciones del próximo domingo y veamos por qué.
El pasado 11 de noviembre, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia profirió decisión en la que vinculó penalmente al actual Representante a la Cámara Juan Carlos Reinales, quien tiene pretensiones de reelegirse este 13 de marzo.
El proceso penal que se le adelanta comenzó con la denuncia presentada por el Representante Legal de Asmet Salud, la Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Integral y Coosalud EPS, en la que adjunta las grabaciones de una conversación telefónica sostenida con el Representante Reinales –que fueron ventiladas en varios medios de comunicación el año pasado– y en las que descaradamente Reinales afirma querer beneficios económicos por realizar la supuesta gestión de pagos ante esa EPS en favor de algunos hospitales.
Del expediente se observa que existe un entramado apalancado por Reinales, con el que se logra que algunas EPS paguen dineros a hospitales públicos, gracias al supuesto cabildeo que hace Juan Carlos aprovechando su curul en la Cámara y cuyo rédito económico se alcanza gracias a su “gestión”.
Dentro del recaudo probatorio se observa que Reinales obtiene el 8% del pago de las deudas de EPS en favor de hospitales públicos de la región. Si ponemos en contexto el valor, las deudas que algunas Entidades Prestadoras de Salud tienen con hospitales corresponde a sumas que pueden oscilar entre cinco mil y cincuenta mil millones de pesos, es decir, que ese 8% termina siendo una cifra astronómica en favor de un Representante a la Cámara cuyo salario mensual supera los 34 millones de pesos (esto es: 34 veces el SMMLV de un trabajador colombiano), pero cínicamente el candidato Reinales en otra conversación telefónica con el denunciante se atreve a afirmar que “él vive de eso”.
También en el recaudo probatorio aparecen tres hospitales públicos del Departamento: el San Jorge de Pereira, el Hospital de Santa Mónica de Dosquebradas y el de San Pedro y San Pablo de La Virginia. Entidades públicas de salud que hasta la gobernación de Sigifredo Salazar fueron fortín político de la casa Merheg (ver).
Al parecer, con el triunfo de Víctor Manuel Tamayo en la Gobernación del Departamento, éste arrebató el control político y de contratación al senador conservador y lo trasladó a parte de su camarilla, siendo uno de los beneficiados el representante Reinales, quien apoyó decididamente a Tamayo durante su candidatura en 2019, por lo que se comprenden las supuestas gestiones de Juan Carlos en favor de estos tres hospitales.
De acuerdo con el expediente, la empresa Sinergia Soluciones Integrales es la encargada de realizar las cuentas de cobro para la recuperación de la cartera que con antelación supuestamente ha gestionado el Representante Reinales, en el entramado extrañamente aparece la EPS Medimás, que hoy está gerenciada por Frank Huerta, el mismo personaje que apareció en los escándalos del Hospital San Jorge de Pereira siendo en aquel momento el subgerente administrativo y quien a raíz de las denuncias renunció.
Por todo esto, la Sala Especial de Instrucción de la CSJ, encargada de adelantar las investigaciones penales de aforados, vincula al Representante a la Cámara por Risaralda Juan Carlos Reinales en condición de autor del delito de concusión, toda vez que la función de un Representante no es la de gestionar cobros en favor de, sino la de legislar.
Por la misma fila de investigaciones penales podrá comenzar a discurrir el candidato al Senado Juan Pablo Gallo, toda vez que apareció señalado por un “agente encubierto” de la Policía dentro de la banda delincuencial “La Cordillera”, en una operación que esta institución adelantó entre 2019 y 2020 y que hoy tiene como resultado un proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra la banda criminal.
Según el informe del periódico El Tiempo del domingo 6 de marzo, el “agente encubierto” afirma haber estado en una reunión de recolección de fondos para la candidatura a la alcaldía de Pereira de Juan Pablo Gallo en 2015.
Investigan a candidatos del @PartidoLiberal #CódigoCaracol pic.twitter.com/dpOUshyvWi
— Camila Zuluaga (@ZuluagaCamila) March 8, 2022
Es de recordar que Gallo no logró terminar su período de alcalde, toda vez que la Procuraduría General lo suspendió del cargo por haberle encontrado una vinculación directa con Kontacto, la APP que se instaló en los teléfonos celulares de contratistas del Municipio de Pereira para constreñirlos y así poder tener control de la votación en las elecciones de 2019, hechos que este medio denunció (ver).
Gallo y Reinales han sido aliados políticos desde que fueron concejales de Pereira, su cercanía permanece hasta el punto de Reinales ser uno de los candidatos a la Cámara de Representantes de Juan Pablo Gallo, ambos cuestionados en procesos penales.
El postulante a un cargo de elección popular debería tener como principio ético retirarse de la contienda cuando su nombre está cuestionado por la Administración de Justicia, pero el cinismo y la descomposición moral es la que campea en la democracia colombiana, mas no, el deber ser que se reclamaría en una sociedad con valores y principios infranqueables.
Pd: Este domingo votaré por Francia Márquez en la consulta del Pacto Histórico porque creo en la reivindicación de los pueblos más oprimidos del país y porque el discurso de esta luchadora social me representa. Al senado votaré por la lista cerrada de “Estamos Listas” y a la Cámara de Representantes por la circunscripción Afro en la Lista de “Soy porque Somos”.
@adrigonco