Lo cierto es que él nunca quiso que lo siguieran llamando ilegal. Desea formalizarse y es ahí cuando se encuentra con su primer problema, no sabe cómo hacerlo. Nunca ha visto a un funcionario del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera o la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER).

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Por: Jhonny Garcés Vega

Edelio es un minero tradicional del municipio de Quinchía, Risaralda, que en menos de dos años, y por decreto, se convirtió en “un enemigo del Estado y la sociedad”. Con asombro y desolación ve como el gobierno de Juan Manuel Santos insta a las corporaciones ambientales, a las autoridades municipales y departamentales, a la fuerza pública y a los grandes medios de comunicación, a que lo traten como un delincuente. Su delito: continuar con lo que viene haciendo desde hace 40 años: trabajar la minería.

Comprarse una libra de arroz y una panela con dineros de la minería, constituyen una vergüenza ante los ojos del gobierno, ¿pero qué más puede hacer este minero que pasa la mitad de sus días bajo la tierra, arriesgándose a cualquier calamidad? Lo cual no es un gusto para nadie.

La agricultura no es una buena opción cuando al país están entrando más de 10 millones de toneladas en productos agropecuarios. Mientras el cultivo principal del municipio, el café (35 por ciento del suelo de Quinchía está sembrado con café), tiene un costo de producción de 65.000 pesos por arroba y el precio de venta está por debajo de 45.000 pesos, es claro que no es rentable cambiar de oficio. Otra opción sería buscar trabajo en Pereira, pero los altos índices de desempleo la descartan. La realidad muestra que la única opción que tiene Edelio es seguir en la mina.

Lo cierto es que él nunca quiso que lo siguieran llamando ilegal. Desea formalizarse y es ahí cuando se encuentra con su primer problema, no sabe cómo hacerlo. Nunca ha visto a un funcionario del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera o la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER). Fue solo después de mucho andar y asesorarse con organizaciones no gubernamentales, que creó una “Asociación de Mineros Tradicionales”, para poder entre todos cumplir con la documentación requerida.

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En la mina trabajan 200 personas y apenas les da para “la comidita”, pues laboran artesanalmente. Tienen que picar la piedra a punta de barra y maceta, no pueden usar explosivos, por que la policía se los decomisa y la otra vez Edelio tuvo un enorme susto dado que lo estaban relacionando con grupos armados ilegales. Pero son gente “echada pa’ delante” y entre todos recogieron la plata para los trámites de la solicitud.

Fue así como radicaron la solicitud en enero, y cada que iba la policía a llevárselos por minería ilegal, ellos mostraban el proceso de formalización y con eso podían seguir laborando. Sin apoyo de nadie, “a los trancazos”, fueron buscando la forma de no afectar el medio ambiente, pues la CARDER nunca les brindó un apoyo, y realmente era poco lo que podían y sabían hacer sobre el tema.

Entre tanto, de febrero a mayo judicializaron por “minería ilegal” a 10 mineros en Anserma, 29 en Aguadas, 8 en Quinchía y 10 en Santa Rosa de Cabal. El 29 de abril llegan por Edelio y sus compañeros, la policía les destruye las bateas, los cajones de madera los arrojan al río Cauca y dañan el molino manual mediante el cual sacaban el mineral de un agujero de 28 metros de profundidad. Cuando ya los tenían montados en el camión, la mujer de Edelio alcanza a llegar con la carpeta donde está el radicado de la solicitud de formalización, al revisar la carpeta, el encargado del operativo los deja ir. Se sienten alegres y con rabia a la vez, perdieron algunas cosas, pero al menos los dejaron seguir trabajando y ese es el mayor consuelo para Edelio.

El segundo problema de Edelio empieza el 28 de mayo. De nuevo los asedian hasta la mina. Y ellos, que creían estar preparados con la carpeta y sus documentos, se la muestran al subintendente encargado del operativo. Pero esta vez no fue suficiente, la solicitud que ellos tenían había sido rechazada el 14 de mayo. Ya sin ninguna sombrilla donde escamparse, se llevan a treinta para la estación de policía de Supía, los otros se alcanzaron a escapar. Incautaron 500 metros de manguera, 19 baldes plásticos, cuatro palas, una batea y cuatro laberintos (cajones de madera con una malla metálica que retiene el oro).

A la estación llegó la mujer de Edelio con sus tres hijos, de 3, 6 y 14 años. Con asombro se entera que su marido está siendo judicializado por “minería ilegal” y con la amenaza de que si lo vuelven a atrapar trabajando le pueden dar de 2 a 8 años de cárcel, según estipula el Código Penal. Pero Edelio es “verraco” y cuando lo sueltan al otro día se va a radicar una nueva solicitud, y es ahí cuando empieza el peor de los problemas tanto para él, como para todos los mineros colombianos: sólo hasta el 10 de mayo se podían radicar las solicitudes de formalización, lo que quiere decir que Edelio y sus compañeros seguirán siendo “mineros ilegales”.

La realidad es que con el simple detalle de poner fecha límite para los procesos de formalización y no querer abrir nuevos procesos, el gobierno está anunciando que de ahora en adelante no puede haber más mineros formales en Colombia, y todos los informales serán perseguidos como le pasó a Edelio y a los demás mineros colombianos.