Uno de los candidatos más opcionados para ser elegido el jueves 18 de agosto como contralor general presenta una serie de inconsistencias en sus declaraciones públicas en cuanto a patrimonio y hasta con su matrimonio. Sus alianzas con oscuros personajes de la política vallecaucana también son conocidas.
Unidad Investigativa / LCDR – Ilustra / Stella Maris
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, abogado vallecaucano y con profundo arraigo en dicho departamento, ha ocupado importantes cargos públicos regionales y de carácter nacional, debido en buena medida al apoyo del movimiento político liderado por Juan Carlos Abadía Campo, exgobernador del Valle del Cauca sancionado por gestionar reuniones políticas con alcaldes de su departamento a favor de la campaña de Andrés Felipe Arias, así como por otras irregularidades relacionadas con la contratación pública.
De la relación política de Carlos Hernán Rodríguez con Abadía Campo da cuenta su rúbrica el 18 de agosto de 2007, cuando junto con Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado posteriormente por fraude electoral y parapolítica, inscribieron el movimiento Por un Valle seguro, que finalmente avaló a Juan Carlos Abadía como candidato a la gobernación del Valle del Cauca.
Carlos Hernán Rodríguez en la vigencia 2021 fue un contratista afortunado y con mucho tiempo disponible, pues celebró contratos por prestación de servicios con tres entidades públicas del orden nacional, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Contraloría General de la República y la Corporación Autónoma Ambiental de Cundinamarca (CAR), producto de ello debió presentar declaración de bienes y rentas para comenzar labores en esas tres entidades, esto según lo exige la Ley 2013 de 2019 -“Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”-. Una vez revisadas dichas declaraciones, que se hacen bajo la gravedad de juramento, aparecen evidentes inconsistencias y contradicciones en cuanto a lo allí finalmente consignado.
PRIMERA INCONSISTENCIA
De acuerdo a consulta en la VUR (Ventanilla Única de Registro) con la cédula de ciudadanía de Carlos Hernán Rodríguez aparecen a su nombre cuatro propiedades ubicadas en Cali y cuatro más en Palmira, y en estos cuatro últimos inmuebles adquiridos en el 2018 vía adjudicación por sucesión, el señor Rodríguez Becerra posee participación del 50 % en el inmueble con folio de matrícula 378-30434 y en los otros tres identificados con los folios de matrícula números 378-38122, 37829766 y 378-42880, en cada uno de ellos posee el 25 %. Son precisamente estos cuatro inmuebles los que no aparecen en las tres declaraciones de bienes y rentas presentadas el año pasado en diferentes meses, situación inexplicable, porque se exige su divulgación en dicho formulario aplicable a la declaración. Algunos de esos inmuebles están ubicados en Palmira, ciudad de origen de Rodríguez Becerra, y de los que es propietario en común y proindiviso con su progenitora y hermano, es decir, son fruto de una herencia.
SEGUNDA INCONSISTENCIA
En el formulario aplicable a la declaración de bienes y rentas se exige que se reporten los ingresos y rentas recibidos en el último año gravable, por lo que una vez confrontada lo consignado en cada una de las tres declaraciones publicadas por parte de Carlos Hernán Rodríguez en el año 2021, se encuentran datos contradictorios en cada uno de los formularios, tal como a continuación se describe:
En la declaración efectuada el 21 de septiembre de 2021, por motivo del inicio de actividades en la Contraloría General de la República, se reportó por concepto de ingresos laborales un monto de $ 378.683.000, siendo entonces dicha información la correspondiente al año 2020, por ser este el último año gravable para el momento de hacerse la declaración. Tal información, una vez es confrontada con la consignada en las otras dos declaraciones presentadas el 18 de febrero de 2021, con ocasión de su ingreso como contratista en la ANT y del 3 de junio de 2021 por ingreso a la CAR, no tiene consistencia entre estas dos y mucho menos entre estas dos con la presentada en septiembre de ese mismo año, al relacionarse ingresos y rentas por otros conceptos diferentes a salarios y demás ingresos laborales. Una situación similar se presenta, pero en la información relacionada a saldos en cuentas bancarias a 31 de diciembre del año 2020, ya que la declaración presentada el 18 de febrero de 2021 sobre este concepto no es ni siquiera cercana a la presentada en septiembre y junio de ese mismo año.
De tal forma, que hasta acá, y en lo relacionado con materia inmobiliaria y de ingresos por diferentes conceptos en el año gravable de 2020, la información realizada bajo la gravedad de juramento por parte del más seguro contralor general, dista mucho de ser consistente entre ellas, e implica consigo además una falta de total veracidad de lo finalmente declarado.
TERCERA GRAN OMISIÓN
En la hoja número 3 del formulario aplicable a la declaración de bienes y rentas, se exige en el numeral 2.1 información sobre existencia de conflicto de intereses y de la condición de tener o no cónyuge o compañero permanente y en las tres declaraciones se respondió que no existía relación conyugal vigente para el 2021, por lo tanto, se omitió señalar nombres y apellidos de esposa o compañera permanente alguna. La pregunta es por qué al aspirante se le olvidó informar que estaba casado en ese documento público, pero sí lo recordó al hablar en el momento de defender su postulación en el Congreso.
Pero dicha información también resulta contraria a la realidad, en vista de que, según certificado de la Registraduría Nacional del Estado Civil con fecha del 9 de marzo de 2022, Carlos Hernán Rodríguez y Lina María Bedoya Gutiérrez tienen inscrito registro civil de matrimonio en la Notaría 4 de Cali desde el 20 de febrero de 2019.
La ley 2013 de 2019, dispone en su artículo 1 que el objeto de dicha ley es dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad, pero ello de ninguna forma se consigue en las declaraciones de bienes y rentas presentadas por Rodríguez Becerra en el año 2021, en vista de las contradicciones en información sensible que imprime opacidad a una información relevante, dada su condición de contratista del Estado.
Un comportamiento que, de acuerdo al Departamento Administrativo de la Función Pública, acarrea consecuencias disciplinaria establecidas en el código único disciplinario, restando cualquier cuota de confianza debido a la ausencia de total transparencia en sus bienes y rentas; un serio reproche que recae justamente en alguien que pretende ostentar la condición de contralor general de la República que lleva las cuentas claras del Estado, actuación que al parecer nada extraña acaba resultando en alguien que, junto con esposa en su perfil de Facebook, siguen conjuntamente a Juan Carlos Abadía Campo como unos más de muchos fans.