Simplemente defender los derechos humanos, me llevó a ser una víctima más de un conflicto armado que nunca fue mío, nunca lo tomé como opción y en mi fuero más interno –sin condenar a nadie– no lograba comprender la defensa, a punta de armas, de las banderas ideológicas de cualquier procedencia.

 

ADRIANAGONZALEZCOLUMNAPor: Adriana González

Quiero aclarar en primer lugar que no voté por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta electoral a la Presidencia de la República.  Recuerdo que siempre se planteó un dilema entre escoger la guerra o la paz. Pensaba –y sigo pensando– que esa encrucijada no era más que un falso dilema que cada cuatro años nos ponen en la platea: el dilema de votar por el “menos malo”.

En mi criterio existía un falso dilema, toda vez que en la primera vuelta presidencial contábamos con opciones dignas de poder, que podían representar intereses más colectivos y también el camino a la negociación con las FARC. Pero por atender a aquellos terrorismos mediáticos, que en últimas solo buscan –y consiguen– descalificar y desestimar a candidato/as consistentes y no afines al establecimiento, terminamos quemando en la primera vuelta la papeleta que nos hubiera podido llevar directamente a acabar con el famoso voto útil: el menos malo. Razón que me llevó a no votar por Santos.

Sin embargo, el problema central de las próximas elecciones en el plebiscito es un contenido que se escapa sin lugar a dudas de esa lógica electoral colombiana. Esta vez sí creo que subyace un verdadero dilema en el sentido estricto de la palabra. Escoger la continuidad de la guerra o la dejación de las armas.

En mi criterio, sería ingenuo pensar que votando por el SÍ alcanzaremos la paz ipso facto o por decreto. La paz no solo se comprende como la ausencia del conflicto, la paz debe contener un sistema de medidas sociales que permita a los ciudadanos vivir en ciertos términos de comodidad mental y física para alcanzar su felicidad, y el Estado en primer lugar debe ser el proveedor de aquellas situaciones que buscan un bienestar colectivo, por aquello que en teoría política se denomina “el contrato social”. De ahí que el gobierno tiene la obligación de buscar la paz.

Debo confesar que hago parte de esa población colombiana que en su seno familiar no tiene desplazados, ni desaparecidos, ni asesinados por cuestiones políticas, pero mi sensibilidad social me llevó a entregar ad-honorem parte de mi trabajo en función de los derechos humanos.

Simplemente defender los derechos humanos, me llevó a ser una víctima más de un conflicto armado que nunca fue mío, nunca lo tomé como opción y en mi fuero más interno –sin condenar a nadie– no lograba comprender la defensa, a punta de armas, de las banderas ideológicas de cualquier procedencia.

El conflicto entonces tocó a mi familia, no por estar en el lugar equivocado –como le sucede a los millones de campesinos colombianos–, simplemente porque uno de sus miembros –yo– decidió al igual que Héctor Abad Gómez, Jesús María Valle o Carlos Gaviria Díaz, entre muchos otros ya desaparecidos, tomar la defensa de los derechos humanos como una opción de vida.

Ver el conflicto desde una pantalla de televisión, casi como una película de Hollywood, es muy fácil, y lo escribo con conocimiento de causa. Pero cuando uno se adentra en el campo colombiano, y recorre desiertos y llanuras y montañas y ciudades acompañando las víctimas de un conflicto intruso para sus vidas, sabe y entiende la necesidad de acabarlo por la mejor vía: el diálogo.

No puedo afirmar que los acuerdos son perfectos, no lo son y no lo serán por varias razones, entre ellas porque están confeccionados por seres que se equivocan como nosotros mismos. También hay que reconocer, son insuficientes para todos los problemas del país, pues no se negociaron elementos estructurales que impliquen reformas constitucionales. Se pactó más bien la voluntad política del Estado colombiano a darle cumplimiento a normas vigentes y que nunca se han hecho efectivas, por ejemplo los temas agrarios se tramitan por ley 200/36 o la ley de Reservas campesinas del año 1994; el estatuto de la oposición es una cuestión aplazada en su reglamentación pero contenida en la Constitución Política de 1991.

Votar por el SÍ no puede implicar hipotecarnos al gobierno Santos, ni mucho menos aprobar sus lesivas políticas. Implica un acto de generosidad y un acto de perdón para con aquellos seres obstinados que durante años creyeron en la superioridad de las armas, y un acto de amor para con quienes han padecido los estragos de la guerra, una guerra que nunca fue suya.

Invito muy respetuosamente a reflexionar el voto, a echar al mar aquellos odios alimentados por los medios de comunicación, a deponer las armas de nuestro corazón, a albergar con amor a las víctimas de un conflicto y a perdonar con la mayor de las generosidades a quienes usaron las armas como medio de persuasión.

Que no se diga en Colombia que, a las víctimas les asiste en su corazón el perdón y la generosidad que desconocen los indolentes espectadores de la guerra. El voto por el SÍ debe ser el compromiso ético de lo(a)s ciudadano(a)s que le apuestan a la reconstrucción de la esperanza, de la alegría y de la fraternidad. El cambio llegará cuando por medio de las urnas votemos a la verdadera transformación política del Estado