El conflicto minero en la zona cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagoniza la comunidad indígena Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, Quinchía, donde se ha solicitado consulta previa como derecho constitucional a fin de impedir la exploración minera en  ese territorio. Quinchía es un municipio del departamento (provincia) de Risaralda en Colombia.

 

Por: Felipe Chica  Jiménez

Fotografías: Rodrigo Grajales

Eran las 8:24 de la noche del pasado 24 de mayo. Alejandro Pulido se terminaba de cepillar los dientes y se disponía a descansar en un cuarto de hotel de Quinchía, encendió el televisor y de repente llamaron a su puerta con brusquedad: “Alejandro Pulido, haga el favor de salir”. Para su sorpresa, al abrir la puerta, se encontró con no menos de doce agentes de policía incluyendo al comandante, los agentes amenazaron con llevárselo a la inspección municipal mientras descartaban que su presencia no fuera una amenaza subversiva -era todo un operativo-. Se le cortó la voz y su cuerpo comenzó a temblar;  mientras los uniformados revisaban sus pertenencias pensó lo peor. El lugar se llenó de curiosos. Al cabo de un largo interrogatorio los agentes se retiraron.

No fue capaz de dormir esa noche pese a que al  día siguiente debía levantarse temprano para participar de la pre-consulta popular minera en este municipio. Pulido fue invitado por autoridades indígenas de Quinchía en calidad de asesor técnico para la comunidad, la misma  que hace años enfrenta a la multinacional Seafield Resources. Fue contactado por una razón simple: es una de las personas más versadas en el país sobre impactos derivados de la megaminería. Reconocido por ser coautor del informe “La Colosa, una muerte anunciada” y por acompañar a comunidades afectadas en Suráfrica, donde vio de cerca los impactos de la empresa Anglo Gold Ashanti  -AGA-.

El conflicto minero en la zona cabalga sobre ocho mil hectáreas tituladas o en solicitud. El más complejo frente de esa disputa lo protagoniza la comunidad indígena Embera Karambá y Embera Chami en la vereda Miraflores, donde se ha solicitado consulta previa como derecho constitucional a fin de impedir la exploración minera en  ese territorio. Según las autoridades indígenas la empresa tiene nexos con  AGA, la cual divide su trabajo con distintos operadores locales y han comprado tierras a nombre de particulares que luego resultan con títulos mineros.

Uno de esos casos es el registro L-685 que compromete los municipios de Quinchía, Riosucio y Filadelfia a nombre de María Cristina Uribe Pérez. El 22 de mayo de 2013 el Senador Iván Cepeda, en un debate sobre control a la política minera, mencionó ese nombre  junto al de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, como detentores de títulos que luego fueron a parar a AGA. Según un reporte de anotaciones de la Agencia Nacional Minera, María Cristina tiene títulos en Antioquia y otros departamentos.

¿Una puerta giratoria en Quinchía?

Anglo Gold Ashanti llegó a Colombia bajo el nombre de Kedahda Ltda, empresa que tiempo después fue liquidada. AGA informó que a pesar de los cambios en el nombre de su sociedad, no es cierto que hayan operado de forma secreta en todos estos años. Pulido no se conforma. Dice que los cambios en su razón social buscan evadir controles ambientales e impuestos como han hecho en Suráfrica.

Más de treinta y dos millones de onzas de oro  recorren la región del Cauca Medio.  Para AGA y Seafield se trata de un cinturón minero que arranca desde Antioquia, atraviesa Caldas, baja por Risaralda, roza Quindío y llega hasta el Tolima. Mejor dicho tal vez la reserva de mineral más grande del mundo bajo las cordilleras occidental y central.  Una porción de eso se llama  Anaima Tocha o La Colosa Regional, que podría convertirse en un nuevo Distrito Minero de 52 millones de onzas según informes de la AGA.   Los habitantes de Quindío y Tolima no ocultaron su preocupación luego de que el Representante a la Cámara del Tolima Ángel María Gaitán revelara una supuesta compra de catorce mil hectáreas por parte AGA entre ambos departamentos.

Camilo Padilla es Presidente del Concejo de Cajamarca. Se acomoda las gafas y dice con acento tolimense: “la Colosa Regional representa un riesgo para el futuro del agua del Tolima, Quindío y Risaralda” y agrega: “AGA ha apoyado representantes estudiantiles en colegios rurales, funcionarios, concejales y alcaldes, así como algunos de sus exempleados han aspirado a cargos públicos, el propósito es cooptar todos los espacios de poder local”.

Quinchía es un caso ejemplar al respecto. En la hoja de vida de la función pública el alcalde Jorge Alberto Uribe, se lee que entre 2008 y 2013 éste se desempeñó como ‘Profesional Senior Social’ para Anglo Gold Ashanti. Aunque en Colombia esto representa una irregularidad, los intereses mineros de la AGA sobre Quinchía hacen dudar sobre la imparcialidad del funcionario frente a la consulta previa de los indígenas de cara a la consulta popular minera que se desarrollaría este año en el municipio. Sin embargo, el alcalde se ha mostrado presto a la idea de una consulta popular.

La puerta giratoria comenzó a nivel nacional, con el exdirector de Ingeominas Julián Villarroel y Liliana Alvarado, subdirectora de recursos del subsuelo quienes luego de dejar cargos con acceso a información de interés nacional ingresaron  a la nómina de AGA.

 

La soledad de los Embera

Quinchía es un municipio con una amplia presencia indígena. Hasta 1948  las comunidades Embera Karambá y Chamí hacían parte de un solo resguardo respaldado en un título Colonial desaparecido luego de que el entonces senador Otto Morales Benítez promoviera su nulidad, según el historiador Víctor Zuluaga. De ese territorio hoy les queda a los indígenas el  resguardo Escopetera y Pirza, con 18 terrenos no contiguos, en el que se distribuyen 21 comunidades; los Embera Chamí asentados en más de 17 predios y la Parcialidad Embera Karambá que no cuenta con terrenos propios pese a que son casi 2.900 indígenas, según sus autoridades. Estos últimos son los que se oponen a las actividades mineras en su territorio con preguntas como “¿en dónde se depositarán los escombros derivados de la extracción?”. Quinchía es de topografía montañosa. Según las cifras proporcionados por AGA en Cajamarca a sus inversionistas, se consumiría entre 0,5 y 1,0 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado [ver]. Es decir, el potencial consumo de agua en la explotación minera sería mínimo de 1.885.125 metros cúbicos cada mes. Si el consumo mínimo vital de agua para una familia es de 6 metros cúbicos por mes, la demanda de la empresa bastaría para surtir a no menos de 300 mil familias.

El nivel técnico de debate que enfrentan las autoridades Embera no es menor. Aparte de AGA, se enfrentan a la firma consultora Portex, contratada por Seafield Resources para ‘asuntos de reputación y gestión social empresarial’ y a la misma Agencia Nacional Minera. Con semejante panorama, los Embera dicen que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) los ha dejado solos en esta pelea. Sin estar definida la consulta popular, AGA continúa sus actividades de exploración como consta en una carta radicada el 8 de agosto de este año dirigida al Presidente del Concejo, Víctor Hugo Betancourt, en la que informan el inicio de actividades en las veredas: Guerrero, Esmeralda, El Caibal, Chuscal Alto y Bajo, La Perla, Matecañas y el Corregimiento de Irra.

 

La noche que los perros dejaron de ladrar

El puente que atraviesa el río Cauca en el corregimiento de Irra soporta todos los días el peso de cientos de camiones cargados con mercancías de todo tipo. Antes y después de la plataforma, se aglomeran las casas entre las orillas del río y la Autopista Panamericana que conecta el Pacífico con el centro y el norte del país. Una combinación entre materiales del río y la autopista Panamericana son los estimulantes para que en pocos años Irra se convirtiera en un lugar de confluencia comercial.

En las noches el ruido de los camiones es interrumpido por el bullicio de prostíbulos. Un morador que pide reserva de su identidad afirma que  “esos lugares funcionan como centros de operación de Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-”, organización a la que hoy el Gobierno llama Clan del Golfo.  Algunos académicos como Mauricio Romero y Gustavo Duncan los han asociado al ‘paramilitarismo de segunda generación’, que transita hacia organizaciones criminales ancladas a economías locales.

Según este habitante, desde hace dos años las autodefensas viene reclutando mujeres jóvenes para usarlas en los prostíbulos. Las autoridades oficiales no tienen cifras actualizadas sobre esta situación que también afecta jóvenes a quienes les entregan funciones de transporte de estupefacientes y armas, con la promesa de tener ingresos o la amenaza de ser asesinados si se resisten.  El 4 de diciembre del 2014 el coordinador de la Guardia Indígena de Irra se resistió y lo asesinaron. Lideraba la formación de alguaciles Embera de la Parcialidad Embera Chamí.

Otros homicidios contra jóvenes han sido asociados al tráfico de estupefacientes, según medios locales. Pero las cifras de este fenómeno son preocupantes: de 24 homicidios cometidos en el 2014 unos 15 fueron en Irra, mientras que en el 2015 se cometieron 9. Este año han ocurrido dos asesinatos en el lugar. La policía local dice que se trata de ajustes de cuentas.

En la zona la minería informal de socavón es una de las principales fuentes de empleo. Pese a que este grupo llama la atención de las autoridades a través del micro-tráfico y extorsiones algunos mineros informales, pidiendo reserva de su identidad, aseguran que “el interés de AGC es dominar de forma violenta las minas de Quinchía, Riosucio, Supía y Marmato”.

Cerca de una desmovilización masiva de las FARC, el panorama de Quinchía preocupa. Habitantes de los corregimientos de Santa Helena, Villa Rica, San Juan, Piedras, Manzanares, El Retiro y La Cumbre dicen que desde enero del 2015 sujetos referidos como ‘Nuevas Estrellas de EPL’ han impuesto toques de queda y han restringido el paso hacia la minas de Miraflores, Juan Tapao y Bella Vista. En el pasado el Bloque Central Bolívar de las autodefensas y el Frente “Oscar William Calvo” de la guerrilla del EPL dejaron una estela de dolor entre las veredas.

Dos años atrás agentes especiales de  la Policía Nacional, por orden de la Fiscalía 21 Especializada, incautaron en la Finca San Rafael indumentaria de uso privativo de las fuerzas militares, armas sin salvoconducto y municiones. En el operativo capturaron a cuatro personas, dos de ellas identificadas como desmovilizados del Frente Cacique Pipintá. Días después los cuatro capturados fueron dejados en libertad.  El 30 de abril de 2015, uno de ellos, Alirio de Jesús Mejía Ramírez, ex integrante de las AUC, fue asesinado junto con otros tres hombres en una acción armada en la vía que de Quinchía conduce a Anserma, Caldas. Los antecedentes apuntan hacia la reconfiguración de una disputa territorial por el control de la minería informal.

Eisenhower Zapata, coordinador de la Unidad Regional de Restitución de tierras en Risaralda, ha denunciado amenazas contra familias en proceso de restitución en lugares donde actualmente hay concesiones mineras. La Policía Departamental explicó que algunos hombres armados en el pueblo son excombatientes con esquema de seguridad legal, mientras el Batallón de Artillería No 8 de San Mateo hace presencia en varias veredas con unidades móviles. En el corregimiento de Batero hombres armados transitaron por allí una noche y envenenaron a su paso varios perros. La noche siguiente el silencio evocó días de dolor que la gente del lugar no quiere volver a vivir.

Algunas familias Embera se han desplazado hacia Manizales y Pereira. Los indígenas sienten amenazada su integridad comunitaria por cuenta actores armados. La de sus territorios ancestrales por cuenta de la minería. Once de las licencias mineras más grandes pertenecen a la empresa Seafield.

Cabe decir que en el corredor Anserma, Riosucio y Supía, municipios aledaños a Quinchía, ha hecho presencia el Frente paramilitar  Cacique Pipintá que no participó del proceso de Justicia y Paz. Para estos tres municipios la Defensoría del Pueblo de Caldas emitió en los últimos tres meses informes de alertas tempranas ante posibles violaciones de derechos humanos. Sin embargo, este institución en el departamento de Risaralda, siguen sin pronunciarse frente al caso Quinchía.

Ahora que la atención nacional está puesta en la terminación del conflicto armado, la disputa entre las empresas mineras y los Embera se pone tensa. Los indígenas han hecho solicitud de  consulta previa a fin de proteger no sólo el cerro sagrado Karambá, sino más del 87 por ciento del territorio municipal.