Primero fueron bandoleros como Capitán Venganza, luego los frentes guerrilleros Oscar William Calvo del EPL y Aurelio Rodríguez de las FARC, para terminar con la presencia de los ejércitos paramilitares Héroes y mártires de Guática y el Cacique Pipintá. Todos ellos, protagonistas de un horror que pareciera no tener fin en este pequeño pueblo de ubicación estratégica.

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Por: Felipe Chica Jiménez

“El país aún no sabe lo que pasó en Quinchía”, dijo el investigador Luis Colorado, del Centro de Memoria Histórica -CMH-, el 22 de noviembre durante la socialización del proyecto “Quinchía: una memoria de resistencia oculta entre montañas”, adelantado por el Grupo de Investigación en Filosofía y Memoria de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP).

El proyecto financiado por el CMH tiene como propósito reconstruir la memoria con las víctimas de los hechos de violencia ocurridos entre el 2002-2004 y que “tiñeron de sangre los cafetales” de veredas como Miraflores, Naranjal, El Retiro, Buenavista, Opiramá, según Alberto Verón, director del grupo de investigación.

El periodo 2002-2004 enmarca la incursión de los frentes Héroes y Mártires de Guática y el Cacique Pipintá en este municipio. Ambos grupos pertenecientes al Bloque Central Bolívar  -BCB- de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en su momento al mando de Carlos Mario Jiménez, ‘Alias Macaco’, a quien se le atribuye la gran mayoría de violaciones de derechos humanos en este municipio del norte de Risaralda.

 

Historia de masacres

El 11 de mayo del 2002 sería el comienzo de un periodo de masacres atribuidas al  BCB. En la mañana de ese día, los paramilitares arribaron a las veredas de El Higo, Buena Vistas, Naranjal y San Juan, en camiones turbo. Se presentaron en algunas viviendas con lista en mano y asesinaron a seis personas, entre campesinos e indígenas. Seis meses después, entre el 22 y 25 de octubre de 2002, los ‘paras’ (nombre dado en Colombia a las autodefensas ilegales que muchas veces operaron en coordinación con el Ejército Nacional) sembrarían nuevamente el terror por los caminos veredales de Naranjal, Encenillal, San Juan y San José, con la muerte de siete campesinos y dos  indígenas Embera Chamí, asesinatos que ocasionaron el desplazamiento de varias familias de esta comunidad.

Pero no sería ése el año más crítico de violencia paramilitar  en la zona. Con la llegada del Frente Cacique Pipintá en el 2003, Quinchía fue escenario de una de las oleadas de asesinatos selectivos más sangrienta en la historia del departamento de Risaralda, ubicado en la llamada zona cafetera. Sólo entre enero y abril más de 15 líderes sociales fueron asesinados.

Uno de los más recordados fue el de la líder sindical y docente Soraya Patricia Díaz. “Soraya caminaba caída la tarde del 13 de marzo cuando fue interceptada por  hombres uniformados y con brazaletes de las AUC. La esperaron en un punto y le hicieron un par de preguntas, después la mataron”, cuenta un testigo cuya identidad pide ser reservada.  Mientras Soraya estaba en el suelo, aún con vida, los hombres de las AUC la golpearon. Por los hechos fueron condenados Henry de Jesús Tabares Vélez, alias ‘Hugo’, y John Jairo Agudelo Castrillón, alias ‘Pablo’.

Pero la tragedia humanitaria en Quinchía aun no rebasaba sus límites. La madrugada del 29 de septiembre de ese año llegó con la captura masiva de al menos 120 personas por parte de agentes del Estado. Desde el alcalde electo hasta el carnicero del pueblo fueron sindicados de ser colaboradores del Ejército Popular de Liberación -EPL-, a cargo de Berlaín de Jesús Chiquito Becerra, alias Leyton, quien para la fecha ya había sido responsable de un sin número de secuestros y  homicidios. La captura masiva se conoció como ‘Operación Libertad’ y fue un hecho atípico, al punto que 22 meses después los más de 120 capturados, salvo uno, fueron dejados en libertad por falta de pruebas.

El hecho, que se presentó en algunos medios como un desacierto de la justicia colombiana, acentuó, según líderes sociales, la estigmatización sobre el pueblo y el doloroso paso del paramilitarismo por sus tierras,  ya que a pesar de las alertas emitidas por la comunidad  sobre la presencia de las AUC en el municipio, en julio del 2004, el control territorial por parte de éste grupo mostraría una vez más su grado de consolidación. Según testigos del momento, ‘los paras’ ingresaron desde el 1 de julio y acamparon hasta el 11 del mismo mes amenazando a la comunidad con lista en mano. En ese lapso, seis personas fueron masacradas dejando una nueva estela de horror en el territorio ubicado entre las veredas La Cumbre y El Cedral, que desplazó más de mil personas, según documentó el centro de investigación académica Cinep.

Por los hechos solo ha sido postulado ante los tribunales de Justicia y Paz John Fredy Vega Reyes, alias ‘Marlon’ o ‘Tiburón’, del Frente Héroes y mártires de Guática.

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Los móviles de la guerra

Sobre la cima del cerro Gobia se ve completo el casco urbano de Quinchía, rodeado de una inmensa topografía ondulada. A un lado del cerro, la vía alterna que comunica el norte del Valle con Risaralda, Caldas, Antioquia y Chocó. Según el sociólogo Jorge Iván Toro, la historia de violencia en este municipio no permite ignorar el hecho de que su ubicación estratégica ha sido determinante para los intereses territoriales de actores como el Frente Oscar William Calvo del EPL y al  Aurelio Rodríguez de las FARC, que operaron allí hasta finales de los 90 y principios del 2000 y posteriormente el BCB.

Sin embargo, para algunos mineros tradicionales el oro ha sido uno de los móviles más importantes de la violencia. Desde los tiempos de ‘Don Olmedo’, oriundo de Quinchía y fundador del grupo paramilitar conocido como ‘Los Magníficos’, muchas de los crímenes cometidos en décadas anteriores fueron motivados por el interés de apropiarse de tierras con minas de oro, según testimonios recogidos en el libro ‘Balas por encargo’, del periodista Juan Miguel Álvarez. La idea no es nada descabellada, si se tiene en cuenta que Édgar Aricapa, Juan Romero y Líber Ladino, víctimas del BCB en la masacre del 2004, fueron en su momento presidentes de la Asociación de Mineros de Miraflores, según un exsocio de esta colectividad.

 

Alcances del proyecto

Por su lado, el grupo de investigadores de la UTP plantea que los móviles de la guerra en el periodo 2002-2004 son complejos y se deben leer en la luz de un momento político.

De la mano de  unas 30 víctimas directas, el equipo ha realizado alrededor de 15 talleres en los que se han reconstruido el duro pasado y se habla de otros crímenes y detalles que se podrán conocerse con el informe final, así como la propia voz de quienes los padecieron y que hoy, gracias a la iniciativa, hacen frente al olvido y al miedo a recordar.

(…)  “en los talleres aprendimos que recordar nos hace fuertes y que la memoria es como una cajita donde guardamos lo más preciado, las piezas de lo que es nuestro presente”, dice una de las víctimas en la socialización de avances del proyecto y cuya identidad se reserva por motivos de seguridad.

(…) “Cuando mis hijos me preguntaban por el abuelo yo no sabía cómo hablarles”, dice con voz quebrada y  ojos aguados un joven (…) “Mirar el tiempo atrás es muy difícil, olvidar las esquirlas que nos ha dejado el miedo por esos caminos y montañas a mi hijos y a mí misma”“(…) esto talleres nos han enseñado a mirar esto que ha pasado sin miedo (…) a acercarnos y unirnos entre nosotros”.

Los testimonios de las víctimas dejan ver su gratitud por al proyecto, insinuando un enfoque de trabajo que va más allá de la reconstrucción fría de los hechos. Reivindicar a las víctimas como sujetos políticos”, en palabras de uno de sus investigadores.

Así mismo, el Centro de Memoria Histórica no solo puso la financiación que permitió llegar hasta las veredas, también un conjunto de elementos metodológicos claves para responder a la pregunta: ¿qué pasó en Quinchía? ‘La línea del tiempo’, en la que se desarrolla la cronología del conflicto, con hechos claves como la ‘Operación Libertad’, es uno de ellos.

También están ‘Los mapas de lugares’, que sitúan en el espacio físico los referentes de la memoria y que para Quinchía son La Ceiba, Aguas Claras, el río Opiramá y  otros lugares en las veredas La Cumbre, Miraflores, Buenavista y Juantapao, por donde el pasado 6 de diciembre pasó la ‘Caravana por la vida’, en la que se recordó a las víctimas de la guerra y se sembraron árboles en su nombre.

Finalmente, además de reivindicar la autoridad moral de las víctimas, el informe promete suscitar el debate en torno a la idea de que el departamento de Risaralda no ha puesto su cuota en la historia del conflicto colombiano porque “los dirigentes políticos han vendido la idea de que esto aquí siempre ha sido un remanso de paz”, dice Verón. Curiosamente, todo remanso se caracteriza por ser  profundo y de corrientes desleales.