Cada territorio tiene un problema distinto de distribución de la tierra y por eso la nueva ley agraria, el Decreto 902 de 2017, definió que la Agencia de Tierras realice planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por el método de barrido territorial, vereda por vereda, en los cuales resolverá las distintas situaciones de formalización, recuperación de apropiaciones ilegales y asignación de derechos a la tierra.

 

Por: Emilio García Gutiérrez*

Antes de decir algo sobre el tema, conviene realizar una breve explicación sobre la consideración que realiza el Gobierno nacional al considerar como es la subregión La Macarena–Guaviare. Empecemos señalando que esta no es una subregión propiamente creada, ni conformada. Los municipios de la subregión (en el Meta)  pertenecen a otras subregiones y ninguno de ellos reúne las condiciones para ser líder de una subregión, por distancia, producción movilización y cultura.

Pero tranquilos que al Meta y el Guaviare no llegará la tan anhelada reforma agraria. El control de  los cultivos de uso ilícito, el control de la deforestación y que miles de familias campesinas vivan en áreas de protección ambiental hacen que en esta zona del Llano sea un reto implementar el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial  (PDET). Bueno, pero existe. Frente al accionar de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se viene promocionando  y financiando por parte del gobierno departamental y municipal, música y guaro.

San José del Guaviare. Fotografía / Gobernación del Guaviare.

Con la creación del PDET, el Estado le apuesta a cerrar las brechas sociales y económicas existentes en las zonas más apartadas del país y en los sectores rurales a los que no ha podido llegar. Además, se trata de un elemento clave en la consolidación de la paz en las regiones, debido a que nació del primer punto del acuerdo final de paz firmado con las Farc.

Aquí se recogen algunas de las experiencias vividas en compañía de otros contratistas y los campesinos de la subregión, todo ello hasta el 30 de septiembre de 2018.

Esta subregión no es la única que presenta retrasos. El Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) Meta-Guaviare podría quedar listo en diciembre de este año, siempre y cuando el Gobierno no siga dándose más demoras y se quiera realizar una verdadera reforma agraria.

 

 EL PDET en el sur del Meta y el Guaviare

El conflicto armado ha sido uno de los principales ejes para la formulación de políticas públicas en Colombia y la superación de sus causas estructurales ha sido justamente uno de sus propósitos fundamentales, aunque los logros para ello hayan sido  históricamente limitados.

El acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, logrado en el año 2016, abrió puertas, entre otras cosas, para replantear la forma en la  que se construyen políticas públicas en aras de cambiar la realidad del país, en  particular del ámbito rural, escenario históricamente vinculado al conflicto armado  interno.

Ahora bien, más allá de una combinación de factores que impulsa a algunos sectores a defender la continuación de la guerra degradada, que a una ínfima minoría ha enriquecido y a más de ocho millones de personas ha devastado, es importante analizar qué implicaciones reales puede tener en el ámbito territorial el fin del histórico conflicto armado, y, sobre todo, qué concepciones distintas de paz se juegan en la actualidad, así como los efectos de poder que pueden tener sobre el cuerpo social colombiano.

La reforma rural con enfoque territorial fue diseñada como un cambio estructural, orgánico de la sociedad colombiana, capaz de compensar el inmenso daño causado por la guerra a las sociedades campesinas, negras e indígenas del país, y de impedir que la pobreza y la injusticia nos condenen al reciclaje cíclico del genocidio de baja intensidad que viven las víctimas.

El gobierno anterior, que hizo el Acuerdo de Paz, perdió los primeros cinco años de diseño y preparación de las políticas públicas, pero aun así creó las agencias de Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio y esbozó las primeras piezas de la legislación necesaria para hacer la reforma rural.

El enfoque territorial es un rediseño del Estado para que sus sectores funcionales se articulen de manera diferenciada con los territorios y éstos generen las capacidades para gestionar su desarrollo. Implica un salto grande en la coordinación entre entidades, para focalizar los recursos escasos de manera estratégica para cada territorio. La ley del Plan de Desarrollo también acogió el enfoque territorial y asignó un presupuesto de $37 billones para cumplir el Acuerdo de Paz durante los cuatro años de su vigencia.

Todo lo anterior se hace para llevar bienes públicos al campo y cerrar la brecha de pobreza con el país urbano, pero la reforma rural debe también intervenir las profundas distorsiones en la propiedad y uso de la tierra, sometida al monopolio improductivo que acapara tierras para capitalizar las rentas de la inversión pública.

Caño Canoas, en el trayecto hacia La Macarena. Fotografía / Fernando de Castro B. / Flickr

Cada territorio tiene un problema distinto de distribución de la tierra y por eso la nueva ley agraria, el Decreto 902 de 2017, definió que la Agencia de Tierras realice planes territoriales de ordenamiento de la propiedad por el método de barrido territorial, vereda por vereda, en los cuales resolverá las distintas situaciones de formalización, recuperación de apropiaciones ilegales y asignación de derechos a la tierra.

La crisis y casi catástrofe climática obliga a subordinar los derechos de propiedad y uso de la tierra al imperativo de conservar los recursos naturales estratégicos que regulan los ciclos del agua, los bosques y los suelos.

Deben protegerse a toda costa los bosques amazónico, pacífico y andino, cerrar la colonización de la frontera y aumentar el uso agrícola y agroindustrial vinculado  a mercados internos y exportación. Esto supondrá, en muchos casos, la necesidad de repoblar áreas con buen potencial agrícola actualmente subutilizadas, mediante el acceso a tierras, y reducir la presión demográfica en áreas frágiles, como laderas empinadas y selvas.

La reforma rural con enfoque territorial es un camino democrático de desarrollo de la mejor ventaja competitiva de Colombia, que es el uso racional de sus recursos naturales, y por eso el gobierno  nacional ha comenzado a prepararla con seriedad. Le hace falta mayor énfasis en el acopio del fondo de tierras para distribución.

*Catedrático ESAP