Crónica razonada sobre los despistes, equívocos y preguntas de fondo que se evadieron en esta saga mediático-religiosa-político-penal. En Colombia pasamos del Estado católico al Estado cristiano: ¿qué se hizo el Estado laico?

iglesia evangelica

Por: Hernando Gómez Buendía* / Razón Pública

El problema

…y la pastora Piraquive tenía razón. Según la Biblia (Levítico, 21, 16-23), “el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: «Dile a Aarón que a ninguno de sus descendientes con algún defecto físico se le permitirá presentar la ofrenda.  Nadie que tenga un defecto podrá presentarse a hacerlo: sea ciego, impedido, con la nariz o las orejas deformes, con las piernas o los brazos quebrados, jorobado, enano, con nubes en los ojos, sarnoso o con erupciones en la piel, o con los testículos dañados. Podrá comer de ese pan, pero no podrá entrar tras el velo ni acercarse al altar, para no rebajar con su defecto el carácter sagrado de mi santuario»”.

Logo del partido MIRASe dirá que Jesucristo fue más liberal que Jehová, y que el asunto de quiénes pueden o no pueden ejercer el sacerdocio ha enredado a los teólogos de todas la iglesias. En la católica, para no ir muy lejos,  las mujeres no pueden ser investidas, y fue una tesis revolucionaria de Lutero –el “sacerdocio universal de los creyentes” –lo que acabó por permitir que María Luisa Piraquive sea pastora.

La discriminación por discapacidad no es aceptable en un país moderno, y por eso el revuelo que se armó a raíz del video de Piraquive. En cambio no hay revuelos por la discriminación de la mujer en la iglesia Católica, y esto  de entrada indica cierta inconsistencia en nuestros juicios morales.

O en todo caso la anterior inconsistencia ilustra bien (a) por qué la relación Estado-iglesias es un tema crucial para la democracia, (b) por qué hay tensiones en esta relación, y (c) por qué la solución es tan compleja.

Digamos, en efecto, que el Estado colombiano está obligado a luchar contra la discriminación (artículo 13 de la Constitución), y que por eso ordena a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional (la de Piraquive) que acepte pastores discapacitados. Dirán algunos que el Estado hace bien, porque ninguna organización puede violar los derechos humanos; otros pondrán el grito en el cielo porque se está violando la libertad religiosa.

· ¿Quién tiene la razón?;

· Los no creyentes ¿tienen el derecho de indignarse por el modo como una iglesia administre sus asuntos?;

· ¿Será que la ola de protestas por discriminación mostró más bien la ignorancia y la intolerancia de los colombianos?;

· ¿Se aplica el mismo rasero a la exclusión de las mujeres?;

· ¿Es lo mismo para todas las iglesias, para la Católica y para la que acaba de abrirse en un garaje?

· ¿Hasta dónde –sobre todo– pueden llegar las iglesias y sus leyes en una democracia que sea igual para todos?

Lo de discriminar a los discapacitados no pasó de unos tweets (y esto es parte del por qué aquí en Colombia no le damos a ninguna). Pero debajo de eso estaba un hecho gordo y que sigue siendo cierto cuatro siglos después de que lo vio Spinoza: “la relación entre Estado y religión es la cuestión esencial de la política”.

pastora de una iglesia
Devotos cristianos.
Foto: Tom Sens

Los peligros y los límites

No son solo las iglesias ni son todas las iglesias. Pero las religiones organizadas tienden a presentar dos rasgos que dificultan su coexistencia con la democracia: la  intolerancia  y el exceso de poder sobre sus fieles.  

-La intolerancia viene de la certeza sobre “verdades” que no se pueden comprobar. La intolerancia es más propia de las iglesias y “sectas” monoteístas (judías, cristianas, islámicas), donde existe una única verdad, absoluta porque Dios la reveló, y donde todas las demás son “herejías”. Traducida a la política, esta certeza da pie al Estado teocrático (Irán o Arabia Saudita) o a la violencia religiosa que aún ahora sigue aumentando en el mundo.

-El exceso de poder sobre los fieles resulta de que la moralidad religiosa abarque todos los ámbitos de la vida, y de la devoción total que se espera del creyente. Esto es más cierto en las religiones mesiánicas, donde los sacerdotes, pastores, rabinos o ayatolas tienen la llave de la vida eterna, y donde los abusos son por eso más frecuentes.

Nada de lo anterior quiere decir que la existencia de iglesias sea incompatible con la democracia, ni que la religión no cuente en la política. De hecho en Inglaterra (y en Costa Rica), cuna(s) de la democracia, hay iglesia oficial, y las “teologías de la civilidad” -como la del papa Francisco- ayudan a su fortalecimiento. Muchos partidos  modernos (socialcristianos, por ejemplo) se nutren parcialmente de idearios religiosos, y la moral religiosa suele ayudar a limpiar la política.

Pero las iglesias no pueden ordenar ninguna cosa que contradiga la convivencia con los no creyentes, al paso que la ley no puede obligar a nadie sobre la base de creencias religiosas, y el Estado tiene que ser igual ante creyentes y no creyentes. Esta es la esencia del Estado laico, y la línea divisoria entre la religión y la política en una democracia.

De católico a cristiano

En este punto es bueno distinguir entre la religión como un conjunto de creencias acerca del más allá, y las organizaciones religiosas –iglesias, “sectas” o “confesiones”–que agrupan a los creyentes bajo la autoridad de ciertos líderes.

La mayoría de las discusiones jurídicas y filosóficas acerca del Estado laico se refieren a la religión, cuando en realidad a lo largo de la historia de Colombia lo importante han sido las relaciones entre el Estado y las iglesias.

Se dice, concretamente, que en Colombia teníamos un Estado confesional y que la Constitución de 1991 consagró el Estado laico. Más allá de la retórica y de las abstracciones de los analistas, sería más exacto decir que antes teníamos un Estado católico y hora tenemos un Estado cristiano.

El Estado católico había sido  consecuencia del Concordato entre el Gobierno y la Santa Sede que se firmó en 1887. Este convenio ya había sido modificado (o suavizado) en 1974, y veinte años más tarde, en 1993, la nueva Corte declaró inexequibles 16 de sus 32 artículos. Digamos pues que a lo largo de un siglo, el Estado colombiano había ido dejando de ser católico.

El Estado cristiano, por su parte, resultó de la Constitución de 1991 (artículo 19), de la caída  del Concordato, y de Ley de Libertad Religiosa y de Cultos que desarrolla ese artículo: “El Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público facilitará la participación de las iglesias y confesiones religiosas en la consecución del bien común (léase: en la política)… y mantendrá con ellas relaciones de común entendimiento” (artículo 2, Ley 133 de 1994 ).

“Común entendimiento”, en buen romance, significa “concordato”.  Y así pasó que a falta de uno, ahora tenemos muchos concordatos (el Ministerio del Interior no sabe si son como dos mil o como cuatro mil), que estas iglesias están autorizadas para hacer política (“consecución del bien común”) y que tienen el permiso de cobrar el 10 por ciento del ingreso familiar a sus rebaños, sin impuestos y sin control sobre gastos.

La religión católica ya no es de enseñanza obligatoria en las escuelas, el divorcio y las uniones gay ahora son legales, y los indígenas no están encomendados a los misioneros. A cambio de eso, sin embargo, las escuelas por ley han de enseñar las varias religiones (Ley 133, artículo 6), la radio está repleta de emisoras cristianas, las iglesias celebran o anulan matrimonios con efectos civiles (artículo 42 de la Constitución), y en todas las veredas se ven  predicadores.

catedral Primada
Catedral Primada de Colombia, en Bogotá.
Foto: Colombia Travel

Estado semi-laico

El Estado cristiano es otra muestra de que en 1991 se pactó una “constitución de minorías”. No fue una mayoría moderna o liberal (ni, por supuesto, una presunta mayoría católica) la que en efecto inspiró este debate crucial en la Constituyente, sino las minorías religiosas que llegaron con el mandato exclusivo de desmontar el monopolio de la iglesia Católica: no se trataba de separar la religión de la política, sino de remediar la discriminación que -sin lugar a dudas- habían sufrido desde siempre las iglesias cristianas no católicas.

Y sin embargo la pérdida del monopolio católico resultó -de rebote- en lo que podríamos llamar un Estado semilaico. No hay religión oficial, la libertad de conciencia y la de cultos están garantizadas (de hecho ya lo estaban en la Constitución de Núñez[1]), y el régimen de familia (matrimonio, divorcio, aborto, uniones gay) ya no depende de dogmas religiosos.

Pero falta un elemento esencial del verdadero Estado laico: que el Estado dé el mismo tratamiento a los creyentes y a los no creyentes. Los privilegios que, a nombre de la “libertad religiosa”, se conceden a las iglesias son una forma evidente de tomar partido a favor de los creyentes, peor aún, a favor de las personas que dirigen esas iglesias, a menudo en desmedro de sus propios “rebaños”.

Los abusos

Esta es la paradoja: las religiones, que pueden originar teocracia o violencia, han sido también la fuente de los grandes valores de la historia (incluidos los de la democracia y la modernidad). La mayoría de los dirigentes religiosos son personas intachables y abnegadas, pero dentro de las iglesias se dan también los peores abusos contra los fieles.

Esto vale para la iglesia Católica (la pedofilia es una prueba aberrante), pero también para otras grandes iglesias cristianas y –con más veras– para la multitud de micro-iglesias que literalmente se fundan cada día. Las iglesias “históricas”, “mayoritarias”, tienen estándares y tribunales internos que vigilan a sus pastores; pero la mera cifra de nuevas iglesias indica que en Colombia, además de “pastores”, hay cientos de avivatos y bandidos que montan una iglesia de bolsillo para esquilmar y abusar de los incautos.

Los incautos no faltan. Aunque hay tantas teorías como autores, mi explicación favorita sobre el crecimiento de “los nuevos movimientos religiosos” subraya su papel como fuente de  identidad, de rumbo y de consuelo para los marginados y los náufragos  de una sociedad que los expulsa o donde no pueden triunfar[2]. Y por eso -no tengo que explicarlo- Colombia es una fábrica de iglesias en donde se refugian más y más personas  de origen popular.

Según Mauricio Beltrán, en Razón Pública, alrededor del 16 por ciento de los colombianos simpatizan o son parte del movimiento “evangélico”. Digamos pues que una de cada cinco personas pertenece a una iglesia no tradicional, y que esta proporción viene en aumento.

¡Uno de cada cinco votos! O incluso más, porque  los creyentes son más disciplinados que los no creyentes. No extraña entonces que la Constitución del 91 hubiera convertido a las iglesias cristianas en un actor político decisivo.

A falta de uno, ahora tenemos muchos concordatos

El primero en notarlo fue Ernesto Samper, que en medio de su crisis, firmó lo que él mismo llamara “concordato evangélico” con 19 confesiones cristianas.  Y empezó  la carrera por cooptar –y comprar– el apoyo de las iglesias no católicas, por el camino fácil de otorgarles personerías jurídicas. Álvaro Uribe reconoce sus deudas con el Partido Nacional Cristiano (PNC), Bethesda y otros movimientos religiosos que lo ayudaron a ser senador, gobernador y dos veces presidente. Santos frenó la Ola Verde con lo de “Tengo lo que no tiene Mockus: creo en Dios”, y con sumar a la “U” nada menos que ocho pastores con curul en el Congreso. Y los conservadores, Pastrana incluido, siguieron cultivando los votos de los párrocos- que también son cristianos.

Desde lo alto del sistema político, los cristianos entonces son invitados a votar por disciplina religiosa, y no por disciplina  ciudadana. Al mismo tiempo y desde el otro lado los pastores con mayor “carisma” fueron montando sus iglesias-partido: el ya dicho PNC de los esposos Castellanos, el C-4 del senador Chamorro, después el MIRA con sus tres senadores más todas las noticias de estos días.

La ley, como ya dije, permite -y estimula- esos partidos. Son iglesias-partido, que en un Estado laico no deben existir porque (a diferencia, digamos, de los socialcristianos) reducen su programa a los temas religiosos y buscan electores (casi) exclusivamente entre sus fieles.

De los abusos económicos ni hablar, ahora que el director de la DIAN  viene a contarnos que las iglesias, a escondidas del Estado, recaudan “cerca de un billón de pesos al año”, y que sería “absurdo pensar que los mafiosos” no usen algunas “para lavar activos”.

…y no agarramos ni una

Dije “ahora”, porque de esos abusos se han sabido desde hace años. Sólo que “ahora” estamos cerca de las elecciones, y el video de Piraquive fue el pretexto para que todos los demás partidos le cayeran al MIRA.

Primero fue el desfile de políticos que se autoproclamaron  defensores de los discapacitados, en un país donde ese 6,4 por ciento de la población sigue siendo ignorado  y maltratado. Después los medios “descubrieron” que había algo podrido en eso de los nuevos movimientos religiosos. Y después “la justicia” cayó en cuenta de que tal vez en el pasado había delitos de enriquecimiento, lavado, manipulación del voto e, inclusive, homicidio y suplantación de maternidad para acabar de darle colorido al cuento.

Todo, menos una conversación seria sobre los discapacitados, o la discriminación, o los controles idóneos para las iglesias, o la legitimidad y conveniencia de los partidos confesionales, o las del voto religioso, o  el Estado laico, o  el confesional, o las condiciones para el diálogo entre religión y política en una democracia.

En el mejor o el peor de los casos, algunos personajes irán a la cárcel y el MIRA perderá su personería jurídica. No importa: alguna de las otras 2 mil o 4 mil iglesias surgirá como partido, y otros pastores seguirán abusando de los privilegios que les aseguran la Constitución, la ley y los candidatos o presidentes de turno.

Es por eso que en Colombia nunca damos con ninguna.

 *Director y editor general de  Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga click en este enlace.     


[1] “Nadie será molestado por razón de sus opiniones religiosas, ni compelido por las autoridades  a profesar creencias ni a observar prácticas contrarias a su conciencia”, decía el texto original de 1886 (artículo 53).

[2] Menciono en particular el clásico de Bryan R. Wilson (1992), The Social Dimensions of Sectarianism; Sects and New Religious Movements in Contemporary Society (Clarendon), precedido y seguido por muchos estudios de campo.