Las amenazas pululan por todo lo ancho y largo del territorio nacional, mientras que las autoridades civiles, policiales y judiciales nos dicen que los actores que circulan las amenazas, dizque no existen.

 

Por: Carlos Mario Marín Ossa

Este año 2019, en plena coyuntura política electoral, está precedido por un proceso nacional mediante el cual vislumbramos el avance del Bloque Popular que busca cambios drásticos en la forma de hacer política, en la forma de dirigir el país, en la materialización real y efectiva de los derechos de la población.

Pero también hemos visto como la élite cerró filas para defender su negocio de corrupción y violencia. De forma táctica, avanzaron desde hace cuatro años en el diseño de instrumentos de represión, control social, desplazamiento y muerte.

Se estructuraron las herramientas legislativas y jurídicas para desconocer el ejercicio democrático de las comunidades en sus territorios, saboteando desde el gobierno la posibilidad de realizar las Consultas Populares, primero, arguyendo que deben estar condicionadas a la disponibilidad presupuestal del Estado; y segundo, planteando la tesis de que las mismas no son vinculantes.

Las Cortes han salido al paso, en defensa de ese derecho constitucional, pero persiste el empeño del totalitarismo para que las comunidades no decidan de forma soberana. Otra herramienta de represión es el Código de Policía, que faculta a los uniformados para que hagan interpretación maliciosa de su contenido y regulen la diferencia cultural, política e ideológica.

En el control de los poderes, avanzaron los sectores más retardatarios y violentos, tomando posiciones y mayorías en el Consejo de Estado, en la Corte Constitucional, en diversas salas de la Corte Suprema de Justicia, en el Consejo Nacional Electoral, en la Registraduría Nacional del Estado Civil y en la Fiscalía General de la Nación. Lo del Congreso y la Presidencia de la República, son el resto del rompecabezas.

Con este detallado y planificado camino regresó la ultraderecha más violenta del continente al poder en Colombia. Todas sus características son de un fascismo realmente peligroso: desconocer la historia e intentar reformular su relato, desconocer el conflicto social y armado con el fin de desconocer la beligerancia de los actores y justificar la masacre y el genocidio, desconocer los compromisos de Estado en relación con la paz, justificar y legitimar la violencia contra la oposición política y contra cualquier diferencia, promover el enfrentamiento entre el mismo pueblo manipulando la opinión pública e institucionalizando la violencia con criterio social, materializando y legalizando el gobierno de la clase corporativa, que tiene reconocidos nexos con mafias  de todo tipo, que llevan a las cárceles a los fusibles o eslabones más débiles de la cadena, pero que amparan y protegen a los cabecillas.

Y cierran su táctica fascista con la promoción de procesos jurídicos en contra de la oposición política elegida en procesos eleccionarios, contra los liderazgos sociales en los territorios; y cuando esto no es suficiente, acuden al asesinato de quienes se les oponen.

El más reciente caso de la táctica de persecución jurídica, se da en la persona y la dignidad de Ángela María Robledo, quien ganó su derecho –en representación de millones de ciudadanos que votamos por ella– a una curul en la Cámara de Representantes, como resultado del Constitucional Estatuto de la Oposición.

Se suman a esta persecución jurídica, los casos de montajes en contra de líderes y lideresas de izquierda democrática que promueven formas organizativas de las comunidades. Vienen por más congresistas de la oposición y harán los montajes judiciales que requieran para justificarse, porque así lo han hecho antaño.

En el caso del recurso de la muerte, cientos de líderes y lideresas han sido asesinados en los últimos cuatro años, y casi doscientos desde que el señor Iván Duque recibió una credencial que dice que él es el presidente de Colombia.

Las amenazas pululan por todo lo ancho y largo del territorio nacional, mientras que las autoridades civiles, policiales y judiciales nos dicen que los actores que circulan las amenazas, dizque no existen. Pero en cientos de casos, las amenazas se materializaron.

Este domingo 28 de abril, la revista Semana dio a conocer en un artículo que titula ¿Quién quiere matar al veedor de Pereira? la información sobre los planes para asesinar al dirigente político del Polo Democrático Alternativo de Risaralda, abogado Daniel Silva Orrego, quien está amenazado de muerte por los procesos jurídicos en contra de la corrupción de la clase política del departamento, que han dado con la destitución de concejales y al menos un ex congresista, así como por la recuperación de bienes públicos que se encontraban en manos de personas abusivas e inescrupulosas.

Se debe anotar que el mencionado abogado será muy posiblemente elegido Diputado departamental una vez se inicie el proceso de elecciones locales, con lo cual tendrá desde la institucionalidad representativa un nuevo escenario  para la lucha anticorrupción.

Quien escribe estas líneas, también hace parte de las directivas departamentales del Polo Democrático Alternativo en la condición de Presidente Departamental, y desafortunadamente, también hace parte de una lista de dirigencia risaraldense de sectores alternativos y democráticos, quienes nos encontramos amenazados de muerte en razón de nuestro trabajo político.

La Fiscalía recibe las denuncias, pero no tenemos información de cómo avanzan las investigaciones. La protección en muchos casos es casi nula o inexistente.

El año electoral de 2019 plantea una disputa muy seria por el poder institucional representativo entre los sectores que de forma comprobada –a través de detenciones y condenas– han saqueado el erario y el patrimonio de nuestra población, y los sectores que hemos sido bastión de la defensa de lo público, de la denuncia de la corrupción y de la propuesta de un programa social para todos y todas.

¿La ciudadanía cansada de la corrupción tomará partido por los sectores alternativos y democráticos, para cambiar la vieja política?

¿Las autoridades civiles, de fuerza pública y judicial protegerán a la dirigencia política alternativa? ¿Garantizarán nuestros derechos y nuestras vidas?

¿Será este año de elecciones, la reedición fascista y de sangre que vivimos en el final de la década de los ochenta?

@MarioossaM