Gustavo ColoradoAl hecho se respondió con frases huecas, operativos policiales y declaraciones retóricas sobre inversión social. Por eso resultan tan patéticas las llamadas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo

Por: Gustavo Colorado

Todo comenzó al finalizar los años ochenta del siglo anterior. Un puñado de familias, animadas por los caciques políticos de la época, se asentaron de manera irregular en los alrededores del cerro de Canceles, un antiguo santuario indígena. La práctica es bien conocida: estimular invasiones por parte de personas carentes de vivienda, tramitar  la compra y legalización de los predios, así como la instalación de servicios públicos. Con eso ya se tiene asegurado un feudo  electoral, que se multiplica a medida que  la fórmula se convierte en un imán capaz de arrastrar grandes grupos de población.

A los pocos años ya se había conformado un grupo de barrios llamados Villa Santana, Las Margaritas, Intermedio, Monserrate y El Danubio. Más tarde, a resultas del desplazamiento interno, surgirían los sectores de Tokio y El Remanso, habitados en su mayor parte por familias desplazadas por la violencia, constituyendo un grupo importante el de negritudes provenientes del departamento del Chocó.

Recuerdo que desde  un espacio periodístico llamado “Señales  para encontrar la ciudad”, en compañía del investigador y escritor Alberto Verón advertimos sobre lo que  se estaba incubando allí.  “Si  no se definen y ponen en práctica líneas de desarrollo social y económico que integren a estas familias en los grandes proyectos de la ciudad y la región, a la vuelta de pocos años las nuevas generaciones serán presa fácil de los grupos criminales que hoy constituyen casi la única opción de vida de los jóvenes marginados de Medellín, Cali y Bogotá”, se lee en un comentario al libro No nacimos pa semilla, de Alonso Salazar, publicado en 1990.

No se  necesitaba ser mago ni profeta para intuir hacia donde derivarían las cosas. Las cifras de entonces no han hecho  cosa distinta a crecer y empeorar. Los niveles de escolaridad apenas alcanzan la básica primaria. Más de la mitad de la población carece de empleo formal. Las mujeres que trabajan lo hacen en oficios domésticos o en  cafeterías y bares sin ningún tipo de prestación social. Muchas jóvenes o incluso niñas optan por ejercer la prostitución en zonas céntricas de la ciudad. A su vez, los hombres trabajan en el sector de la construcción  o se dedican a vender frutas, verduras o chucherías por toda la ciudad, en un  incierto ejercicio que muchas veces depende del humor de los funcionarios encargados de controlar el espacio público o de las  erráticas políticas de la administración de turno.

Con ese panorama, resultaba inevitable que las bandas criminales, surgidas de un contubernio entre el narcotráfico y la desbandada de militantes de grupos paramilitares y guerrilleros, encontraran en sectores como estos una inagotable fuente de mano de obra  barata, tanto para la  distribución de drogas como para los ajustes de cuentas a través del sicariato.

Pasó el tiempo y los problemas se agravaron ante la indiferencia de una sociedad que prefiere seguir alimentando el mito del progreso incesante o el lugar común de “La transnochadora, querendona y morena”. Hasta que, hace unas semanas se conoció la noticia del cierre temporal del Jardín Infantil de Tokio, como medida preventiva ante los problemas de violencia. Al hecho se respondió con frases huecas, operativos policiales y declaraciones retóricas sobre inversión social. Por eso resultan tan patéticas las llamadas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo: en realidad, dada la dimensión del drama social que se vive allí, se trata de unas alertas muy, pero muy tardías.