Las curules de paz han sido víctimas de sabotajes por parte de distintos partidos políticos, y en las presentes elecciones, las víctimas que se han postulado, han denunciado falta de garantías. ¿Qué tanto se han aprovechado los clanes políticos y los partidos tradicionales para hacerse de estas curules que antes boicotearon? ¿Cómo ha sido el camino de las víctimas que se postularon a estas curules? ¿Qué tanto han podido hacer en contra de las maquinarias?
Escribe / Damian Rodriguez Vera – Ilustra / Stella Maris
La odisea de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) pone en relieve el peligro en que se encuentran. No sobra olvidar el constante boicoteo en que se vieron envueltas por parte del Centro Democrático, cuando señalaron a las denominadas curules de paz como una plataforma para que las FARC hicieran política a partir de las 10 curules garantizadas en el Acuerdo. Se le olvida decir al uribismo que, tal como reza en el Acuerdo, ni siquiera el partido que nació de las otrora FARC –hoy Comunes– podía tener injerencia en las 16 circunscripciones.
El boicoteo se recrudeció en el congreso cuando en el año 2017, por falta de quorum necesario, se terminó hundiendo un aspecto medular del punto dos del Acuerdo, es decir, garantizar la participación política a las víctimas. Por falta de un solo voto, las facciones reaccionarias y conservadoras en el congreso –no sólo el Centro Democrático– decidieron dar la espalda a las víctimas, a la posibilidad de que estas tuviesen un nivel mínimo de representación que no compitiera con la política tradicional y su maquinaria.
A pesar de que la Corte Constitucional logró revivir las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en el año 2021 y les permitió participación en esta contienda electoral, la fragilidad no sólo reposa en los aspectos arriba señalados. El peligro de las Circunscripciones es una amalgama de distintos problemas territoriales que languidecen, aún más, la eventualidad de que las víctimas puedan defender sus intereses y sus respectivos territorios.
Las Circunscripciones, al igual que los PDET, están ubicados en territorios donde, a la luz del Acuerdo, el conflicto armado en el país tuvo mayores impactos en los niveles de violencia. Así pues, es importante señalar que, como expone la Misión de Observación Electoral (MOE), de los 167 municipios que componen el total de las CTEP, 147 se encuentran en alto riesgo por el impacto humanitario en los respectivos territorios. Es decir que, 86.8% son objeto de altos niveles de violencia, principalmente en el Bajo Cauca Antioqueño, Chocó, Nariño, Cauca y Catatumbo.
Lo anterior puede tener como consecuencias que la participación electoral pase a un segundo plano, puesto que las comunidades en los territorios señalados tienen como prioridad el resguardo e integridad de su vida. A esto se suma, el constreñimiento latente que tienen los candidatos para ejercer sus derechos políticos, entre ellos la posibilidad de realizar sus respectivas campañas con tranquilidad. La zozobra que abunda en los municipios se convierte en el primer escollo para que se ejerza libremente el ejercicio de las campañas políticas.
Otro punto a señalar es que, como bien se sabe, estos departamentos viven una crisis humanitaria debido a una alta presencia de grupos al margen de la ley, lo que hace que la participación política y social de los líderes sociales en la región corra alto riesgo. Por ejemplo, según la Fundación Ideas para la Paz, en el año 2021 los departamentos de Cauca, Valle y Nariño sumaron más de 20 líderes asesinados.
El problema se agrava más cuando advertimos que, en los territorios donde se ubican los CTEP y los PDET, los niveles de desconfianza por parte de la población civil son altos cuando se trata del gobierno nacional y las instituciones que lo representan. Es así como el informe realizado por el PNUD, en diciembre del 2021 con respecto a la percepción de confianza en territorios donde existe los PDET, indica que el gobierno nacional representado en instituciones como la presidencia tiene 76.6% en niveles de desconfianza.
Por el contrario, la población civil confía más en las instituciones no estatales, como en el caso de los líderes sociales con 58.90% en niveles de desconfianza. Cifra que no logra acercarse a los niveles de desconfianza que representan al gobierno. Por lo tanto, con las altas condiciones de riesgo en que se encuentran los liderazgos territoriales, están castrando a la población civil, no solo la posibilidad de ver allí reflejada su confianza sino también de aumentarla.
Por último, el aspecto quizás más preocupante de las denominadas curules de la paz, consiste en la depredación que los sectores tradicionales y los clanes departamentales han intentado hacer para apropiarse de estas, para así poner fichas políticas y salvaguardar sus intereses.
Los clanes políticos y partidos tradicionales han sabido sacar provecho de las lagunas del punto 2.3.6, que es el espíritu de las denominadas CTEP. Si bien se restringe la participación de aquellas personas que provengan de partidos políticos que gocen de representación política en el Congreso o, en su defecto, tengan personería jurídica, esto no ha sido un impedimento para que ellos pongan sus fichas a competir y participen en las respectivas circunscripciones.
El caso de Franklin de la Vega González es uno de los más representativos pues, por un lado, de la Vega González posee toda una trayectoria política proveniente del partido liberal en el departamento de Córdoba, donde ha aspirado en diversas ocasiones a la alcaldía de Tierralta y además ha ejercido cargos públicos. Miembros de la JAC y víctimas del conflicto armado del departamento han señalado que el candidato inveterado está recibiendo apoyo del directorio liberal de la región. El prontuario de Franklin de la Vega González no termina ahí, en las versiones libres de Salvatore Mancuso, el candidato liberal “por las víctimas” terminó siendo salpicado en el denominado Pacto de Granada del año 2000.
El de la Vega no es único episodio en el que las víctimas han presentado las denuncias: Darío Bustos en el departamento Bolívar ha sido sindicado de ser la ficha clave de la figura paramilitar Enlice López, la Gata; el escandaloso caso del hijo del paramilitar Jorge 40, Yoyo Tovar, es otro de los que aviva la memoria del tortuoso pasado del paramilitarismo que en algún momento logró cooptar más del 30% del congreso en Colombia. Estos males condensan las prácticas corruptas de los partidos tradicionales, el azote del paramilitarismo y su rapiña por el control del Congreso. Es por esto que hoy a las víctimas se le ha reivindicado su derecho a la participación política.