Todavía no me puedo imaginar la preocupación tan grande, o más bien, el nivel de ignorancia que un funcionario público puede alcanzar en pleno siglo XXI para vociferar al aire la cantidad de barbaridades que enunció esta mujer.

 

SEBASTIÁN AGUILAR 3Por Sebastián Aguilar Betancurt

“En Colombia se nos ha quitado el derecho a pensar distinto”.  Esta aseveración, pronunciada por la diputada de Santander, Ángela Hernández, es sin duda alguna una de las frases más cínicas que he escuchado en toda mi vida.

En una reciente entrevista con la W Radio, la diputada opinó sobre la idea de cambiar los manuales de convivencia para hacerlos más incluyentes con la comunidad LGBTI. Según Hernández, esto hace parte de un complot de adoctrinamiento por parte del Ministerio de Educación para inducir a las niñas y niños colombianos en las conductas poco éticas de la homosexualidad, porque claro, ¿qué más se puede esperar  de un ministerio dirigido por una homosexual?

Todavía no me puedo imaginar la preocupación tan grande, o más bien, el nivel de ignorancia que un funcionario público puede alcanzar en pleno siglo XXI para vociferar al aire la cantidad de barbaridades que enunció esta mujer.

Y es que cómo se nos ocurre cuestionar el derecho inalienable de los padres sobre la orientación sexual de sus hijos. O peor aún, cómo se nos ocurre educar a nuestros jóvenes para que tengan voz y voto sobre su propia sexualidad ¡Anarquía total! Si lo correcto es esperar hasta los 18 para dejar atrás los traumas de la infancia y elegir muy concienzudamente nuestra identidad de género como manda la biblia.

Porque qué importa que nuestros niños se sigan suicidando por la presión de vivir bajo una libertad en la que se aplican restricciones. Total, lo único que le debería importar al sistema educativo es que el niño sea todo un machito y la niña toda una señorita, así a los 16 años se hayan quedado leyendo como cuando repasaban la cartilla Nacho de primaria. Y a los que no les guste pues que se busquen un colegio gay-friendly. Eso sí, bien lejos de los otros niños, no vaya a ser que terminen adoctrinados y colonizado el país.

Lo que la señora Ángela no se imagina es que esto no es ningún complot, que la Ley 1620 de 2013 es indispensable para un país que le apunta a la paz y la tolerancia como pilares de la sociedad, que por personas como ella es que nuestros niños viven con el constante miedo de aceptarse tales cuales son y prefieren lanzarse del último piso de un centro comercial,  que su “derecho a pensar distinto” no es más que una fachada auto-victimizante para disfrazar su discurso homofóbico, porque la verdadera agresión está en sus palabras.