El aborto, como la eutanasia y el matrimonio de las parejas del mismo sexo, son un derecho en los estados laicos, Colombia lo es por mandato constitucional […] Los derechos no son absolutos.

 

Por / Adriana González Correa

La Corte Constitucional en el año 2006, mediante la sentencia C-355, despenalizó el aborto en las circunstancias ya conocidas: (1)cuando existe una malformación genética en el feto que impida su vida fuera del vientre de la madre, (2)cuando el embarazo es producto de una violación y (3)cuando por enfermedad física o mental se encuentre en peligro la vida de la mujer. Las otras causales siguen aún penalizadas.

Adicional a las causales de despenalización, la Corte hizo claridad en el mismo fallo, sobre las condiciones de objeción de conciencia, aclarando que esta no puede ser institucional, sino personal, y en caso que dentro de la entidad no existiere médico que la realice, deberá remitirse de inmediato a una institución que realice la práctica médica, con el fin de no someter a la paciente a esperas innecesarias y malos tratos.

Los grupos de mujeres en toda Colombia, así como algunas/os investigadores de reconocidas universidades, hemos hecho seguimiento desde el año 2006 a las instituciones y personal médico llamado a practicar el aborto legal, encontrando sendas barreras a la hora de hacer efectivo el derecho.

Yo misma, en mi condición de abogada defensora de derechos de las mujeres, he podido constatar las barreras que las instituciones de salud imponen a quienes solicitan la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) haciendo imposible su ejercicio en muchas ocasiones y/o en otras poniendo en riesgo la vida de la mujer por la práctica tardía.

Varios de los casos han sido aberrantes. Para citar un ejemplo, tuve que interponer una acción de tutela en favor de una mujer que aun, con un embarazo deseado y pareja estable, en la quinta semana, la ecografía determinó que el feto padecía de anencefalia (defecto grave que no permite la formación del cerebro y que de nacer el bebé, no alcanza a estar con vida ni tan siquiera 24 horas). A esta joven madre la extinta Saludcoop le dejó avanzar su embarazo 26 semanas, pese a que la paciente solicitó la IVE tan pronto tuvo el diagnóstico definitivo. A todas luces esto constituye una barrera institucional.

El aborto, como la eutanasia y el matrimonio de las parejas del mismo sexo, son un derecho en los estados laicos, Colombia lo es por mandato constitucional. Por lo tanto, estas discusiones sobre la legalidad o inconstitucionalidad de tales derechos pierden sentido cuando el Estado no está sometido a religión alguna.

Los grupos “Provida” han interpuesto equivocadamente una acción de inconstitucionalidad pidiendo a la Corte que penalice en todos sus aspectos la interrupción voluntaria del embarazo, centrando su discusión sobre falacias argumentativas fácilmente desvirtuadas legal y científicamente, esto para poder esconder sus argumentos moralistas que no resisten una confrontación seria.

Para la discusión científica dejo un link de la intervención del doctor Alberto Kornblihtt, biólogo y profesor de la Universidad de Buenos Aires (Argentina), quien explica con lujo de detalles como desde la biología un embrión no es “un ser humano”.

En lo que respecta a mi disciplina, el derecho, es claro que tampoco lo es. El derecho contempla vida en un embrión, como lo hace de igual forma en la naturaleza (las plantas, los animales, el agua), pero esa vida per se no implica el mismo grado e intensidad de protección legal que le da a la persona humana.

Por ejemplo, el código civil es claro en su artículo 90: “EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS. La existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará no haber existido jamás”.

Queda claro, que la titular o sujeto de derechos es la mujer y así lo advirtió la Corte en la sentencia C-355/06 al afirmar que no se pueden priorizar los derechos del que está por nacer, sobre una vida plena, ya formada y establecida. Literalmente dice la Corte: “…el legislador… no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal, en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especie humana, o de imponerle en ciertos casos, contra su voluntad, servir de herramienta efectivamente útil para procrear”

Los derechos no son absolutos.